Las ejecuciones secretas en la "última dictadura" de Europa

Cuando llegan los guardias, estos prisioneros nunca saben si será la última vez. En el corredor de la muerte en Bielorrusia, el único país de Europa donde se cumple la pena capital, no les avisan a los internos cuándo serán ejecutados. Y cuando pasa, se mantiene como un secreto de Estado.

Durante los 10 meses que pasó en el corredor de la muerte, Gennady Yakovitsky solo podía diferenciar el día de la noche por la tenue luz que se filtraba a través de la cubierta que tapaba la ventana de su celda, donde las luces blancas permanecían encendidas incluso mientras dormía.

Era fácil perder la noción del tiempo. Lo mantuvieron aislado, cualquier paseo al aire libre estaba prohibido. Las visitas eran estrictamente controladas y, aparte de los abogados, solo a los parientes cercanos se les permitía verlo, una vez al mes.

En esos días, a Yakovitsky lo sacaban de su celda y escoltado, con las manos esposadas detrás de la espalda, por guardias que le bajaban la cabeza.

A él, como a todos los demás, nunca le dijeron a dónde iba, cuenta su hija Alexandra. Los dejaban adivinando: "¿Será para ver a mi familia? ¿A los abogados? ¿Me dispararán?".

Padre e hija se vieron a través de una ventana de cristal, siempre bajo la supervisión de guardias. "No hablábamos del caso, estaba prohibido. Solo podíamos hablar de temas familiares".

En una de sus ocho visitas al penal, Alexandra, que entonces tenía 27 años, se quejó con él sobre las demoras en recibir un nuevo pasaporte.

"Los guardias dijeron con tono sarcástico: 'Todavía te queda un poco de tiempo'".

A menudo descrito como "la última dictadura de Europa", Bielorrusia es el único país de Europa y de la disuelta Unión Soviética en practicar la pena de muerte, y el proceso está sumido en el secreto.

El gobierno del presidente Alexander Lukashenko, en el poder desde 1994, ha sido señalado por abusos a los derechos humanos y por encarcelar a sus oponentes, prohibir protestas y restringir la libertad de expresión.

Las ejecuciones se llevan a cabo con un disparo en la cabeza, pero se desconocen cifras exactas sobre estas: hay estimaciones de que ha habido más de 300 desde 1991, cuando Bielorrusia se convirtió en un país independiente.

Dos ejecuciones se practicaron allí el año pasado, según reportes de Amnistía Internacional. En la actualidad, también según estimaciones, hay seis personas en el corredor de la muerte.

Aquellos sentenciados a muerte, usualmente por homicidios con circunstancias agravantes, son recluidos en una de las celdas de alta seguridad en el sótano del Centro de detención previa al juicio 1.

Se trata de una cárcel instalada en el edificio de un castillo del siglo XIX, ahora parcialmente colapsado, en el centro de la capital, Minsk.

Allí sufren violaciones a los derechos humanos, incluida "presión psicológica", con métodos usados por los agentes de "tortura y otros tratamiento crueles, inhumanos y denigrantes", indicó en 2016 un reporte de Viasna, un grupo local defensor de derechos humanos.

Los internos no tienen permitido acostarse o sentarse en las camas fuera de las horas designadas para dormir, le dijo a la organización un extrabajador del penal.

Relató también que los prisioneros pasaban la mayoría de los días caminando dentro de sus celdas. Incluso su derecho de enviar y recibir cartas a menudo se irrespetaba.

"Las condiciones son espantosas", dijo Aisha Jung, de Amnistía Internacional en Bielorrusia, que trabajó durante una década el tema de las ejecuciones en ese país.

"Los tratan como si ya estuvieran muertos", dijo.

Gennady Yakovitsky, que vivía en Vileyka, una ciudad a unos 100 kilómetros de Minsk, fue acusado de matar a su pareja, quien tenía 35 años, en su apartamento tras dos días de haber bebido con amigos en julio de 2015, de acuerdo a reportes de grupos de derechos humanos.

Luego de tener una discusión, en la que él supuestamente la golpeó varias veces con los puños, se fue cada uno a una habitación y Yakovitsky se quedó dormido. Dijo no recordar lo que pasó después.

Cuando despertó, la encontró muerta, con la mandíbula rota y parcialmente desnuda. La vistió con unos jeans que tenían manchas de sangre que antes no estaban allí, señalaron los reportes, y alertó a la policía.

Tres días después, lo arrestaron.

Activistas dijeron que Yakovitsky fue víctima de presión psicológica durante el primer interrogatorio y que las personas que estaban en el apartamento dieron testimonios contradictorios: "Algunos testigos estaban ebrios en la corte", dijo su hija.

"(Luego) dijeron que no recordaban lo que había pasado. No se proporcionaron evidencias".

Yakovitsky ya había sido sentenciado a muerte por homicidio en 1989, pero la pena se redujo a 15 años de prisión.

Alexandra dijo que la corte en Minsk usó esto como "la prueba principal" contra su padre.

En enero de 2016, fue declarado culpable de un segundo asesinato, que negó, y sentenciado a muerte.

El día de la ejecución, un fiscal les informa a los prisiones que su apelación para obtener un indulto presidencial ha sido rechazada.

Aleh Alkayeu, antiguo director de la prisión donde se llevan a cabo las ejecuciones, le dijo a Viasna: "Temblaban ya fuese por frío o por miedo, y sus ojos enloquecidos irradiaban un horror tan real que era imposible verlos".

A los prisioneros les vendan los ojos y los llevan a una habitación donde el acceso es restringido solo para quienes tienen la autorización del fiscal: nunca un miembro del público, de acuerdo a testimonios de exagentes.

Luego los obligan a arrodillarse y les disparan.

Se estima que todo el proceso dura unos dos minutos. Las autoridades informan a los familiares semanas e incluso meses después.

En algunos casos, se enteran cuando les llega una caja por correo postal con algunas de las pertenencias del prisionero.

Los cuerpos nunca son devueltos a las familias y el lugar donde los entierran es un secreto de Estado, una violación de derechos humanos de los condenados y de sus familiares, dijo el año pasado el relator especial de la ONU Miklós Haraszti.

Esto, agregó, equivalía a tortura.

En un referéndum en 1996, el 80% de los bielorrusos votaron en contra de la abolición de la pena de muerte. El resultado no fue reconocido internacionalmente porque, como ha pasado con procesos electorales en ese país, hubo amplias denuncias de irregularidades.

El gobierno del presidente Lukashenko todavía se vale de este argumento para justificar su política y ha condicionado cualquier cambio a otro voto popular.

Mientras tanto, un grupo de parlamentarios está discutiendo qué puede hacerse, pero observadores señalan que podría pasar tiempo antes de que se tome una decisión.

Hasta entonces, es probable que Bielorrusia continúe siendo el único país europeo fuera del Consejo de Europa, el principal órgano de monitoreo de derechos humanos de Europa.

"En última instancia, Bielorrusia tendrá que elegir cómo abolir la pena capital", dijo Tatiana Termacic, de la dirección de Derechos Humanos y Estado de Derecho del Consejo de Europa.

"Está en camino hacia la abolición y esperamos que sea más pronto que tarde".

Sin embargo, acotó, es una "mancha negra" en un continente casi libre de este tipo de sentencia.

Encuestas recientes en Bielorrusia sugieren que el apoyo popular a la pena capital ha decrecido a medida que surgen campañas para crear conciencia.

Hubo una gran protesta en 2012, cuando dos hombres fueron ejecutados por un ataque con bomba mortal en el metro de Minsk un año antes.

Sin embargo, hay estimaciones de que entre el 50% y las dos terceras partes de los bielorrusos siguen favoreciendo la práctica.

"Más y más gente está hablando en contra de la pena de muerte", dijo Andrei Paluda, coordinador de la campaña de Defensores de los derechos humanos contra la pena de muerte en Bielorrusia.

"Pero el gobierno está usando el hecho de ser el último país europeo donde hay pena de muerte para obligar a los países europeos a negociar".

La oficina presidencial no respondió a una serie de solicitudes de entrevistas hechas por la BBC.

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El abogado de Gennady Yakovitsky apeló su condena ante la Corte Suprema, argumentando que el juicio no fue justo y su culpabilidad no fue demostrada inequívocamente. Dijo que se habían omitido pruebas vitales, incluido un examen forense que halló restos de sangre no identificada bajo las uñas de la víctima.

Pero la corte confirmó su sentencia y, en noviembre de 2016, Yakovitsky fue ejecutado, a los 49 años.

Un mes más tarde, su familia recibió una carta confirmando que la sentencia había sido ejecutada. "No recibí sus pertenencias personales, no vimos el cuerpo", dijo Alexandra, quien ahora es una activista contra la pena de muerte en Bielorrusia.

"Le había dado fotos", agregó. "No recibí nada de vuelta".