El Congreso de España fue escenario de un acalorado debate este miércoles 28, cuando la sesión de control al Gobierno que se realiza cada semana se centró en un escándalo de corrupción que salpica al gobierno del socialista Pedro Sánchez. El protagonista no solo es un exaliado suyo, sino que ahora se ha rebelado contra él y su partido.
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El caso estalló el miércoles 21 con el arresto de Koldo García, persona de la máxima confianza del exministro de Transportes José Luis Ábalos (2018-2021) y actual diputado, además de uno de los hombres más cercanos a Sánchez en sus primeros años de gobierno.
García, quien siempre aparecía fotografiado junto a Ábalos, está acusado de haber recibido comisiones ocultas en contratos de venta de mascarillas a la administración pública durante la pandemia de COVID-19.
Según la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción, García recibió una gran cantidad de dinero en efectivo y adquirió tres departamentos en la localidad costera de Benidorm a partir del 2020, cuando se adjudicaron los contratos, señala la agencia AFP.
Ábalos no está acusado, pero todo el debate político gira alrededor de él y su partido, el PSOE, lo que ha puesto en aprietos a Sánchez.
En el Congreso, el líder del conservador Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, acusó al jefe de gobierno español de conocer este escándalo desde antes y haberlo ocultado. “Usted lo sabía y lo tapó”, le dijo al mandatario.
Sánchez respondió afirmando que su Ejecutivo es implacable contra la corrupción e incompatible con ella, recordando los casos de corrupción que han surgido en torno al partido de Núñez Feijóo. El Partido Popular (PP) tuvo que abandonar el gobierno en el 2018 tras una moción de censura en el Congreso que ganó Sánchez, y que presentó después de que la agrupación derechista fuera condenada en un caso de corrupción, recuerda la agencia Efe.
Ruptura interna
En medio del escándalo, el PSOE le exigió a Ábalos dejar su escaño en la bancada socialista, pero el político se negó y pasó al grupo Mixto del Congreso. “No puedo acabar mi carrera política y mi trayectoria como un corrupto cuando soy inocente”, dijo a la prensa.
“No estoy acusado de nada, ni formo parte de la investigación en curso, ni tampoco tengo ningún enriquecimiento ilícito”, agregó.
La Comisión Europea está en contacto con las autoridades españolas para “determinar si hay fondos europeos” involucrados en este caso de corrupción y remitió información sobre la materia a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), aseguró a la agencia EFE un portavoz del Ejecutivo comunitario.
Además de suspenderle la militancia e iniciar el procedimiento para su expulsión, el PSOE ha pedido una comisión de investigación en el Congreso para esclarecer “los hechos, responsabilidades y enseñanzas” sobre la contratación de material sanitario en la pandemia por parte de la Administración del Estado y sus organismos y otras administraciones públicas.
El caso ha conllevado una fisura al interior del PSOE. Ábalos, un político veterano, afirmó que nunca hubiera imaginado verse fuera de la agrupación a la que se afilió en 1981 y ha lamentado la falta de respaldo por parte de la dirección del partido.
Además de ministro de Transportes, fue secretario de organización del PSOE, uno de los puestos más relevantes del partido, entre el 2017 y el 2021, cuando fue cesado.
Era también uno de las figuras de mayor confianza de Pedro Sánchez y se mantuvo leal a él después de que fuera destituido como jefe del PSOE en el 2016 tras unos resultados electorales negativos.
En el PSOE, los ánimos se han movido aún más con la negativa de Ábalos a renunciar a su escaño. Más allá de que el político niegue su culpabilidad, el partido considera que tiene “responsabilidad política” en este caso.
Contexto complicado
Si Ábalos renunciaba, los socialistas hubieran conservado el escaño, lo que resulta clave pues está por comenzar una legislatura complicada por la fragilidad de los apoyos que el gobierno tiene en el Congreso, donde no cuenta con mayoría suficiente para avanzar en sus propuestas y necesita pactar constantemente con nacionalistas e independentistas vascos y catalanes.
De hecho, el gobierno tiene pendiente un acuerdo con los secesionistas catalanes para aprobar una ley de amnistía a los implicados en el proceso independentista de Cataluña, lo que provocó un encendido debate y protestas en el país.
El Partido Popular ha aprovechado el escándalo para criticar al gobierno y acusar a los socialistas de querer usar la dimisión de Ábalos como salida política para proteger a Sánchez.
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