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Madrid (DPA). Juan Carlos I, ex rey de España desde el jueves, tendrá dentro de un mes aproximadamente privilegios judiciales: en caso de que tenga que responder ante la Justicia al haber perdido la inmunidad, lo hará siempre ante el Tribunal Supremo y nunca ante un juzgado ordinario.
El Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy inició hoy en el Congreso de los Diputados el trámite para aforar al rey Juan Carlos y a su mujer, la reina Sofía, un asunto que ha suscitado polémica en España.
Juan Carlos gozó durante 39 años de la inmunidad legal que otorga la Constitución española al rey. Al abdicar, perdió ese blindaje el jueves, del que desde entonces goza su hijo, el rey Felipe VI, y se quedó sin protección jurídica alguna.
El aforamiento que se le otorgará ahora no supone inmunidad, sino que le garantiza que en caso de tener que responder ante la Justicia no lo hará ante un tribunal ordinario, sino ante uno superior.
Ese aforamiento será tanto para causas civiles como penales, abarcando todas las esferas de su vida privada.
Su aprobación se hará a través de dos enmiendas presentadas por el PP de Rajoy a un proyecto de ley en trámite en el que se contempla una reforma parcial de la Ley Orgánica del Poder Judicial, una norma que no tiene ninguna relación con Juan Carlos ni con su situación judicial.
La aprobación está prevista antes de las vacaciones parlamentarias de verano, que arrancan en agosto.
Además del aforamiento de Juan Carlos y Sofía, se aprobará el de la reina Letizia y el de la heredera de la Corona, la princesa Leonor, de ocho años.
Del aforamiento gozan en España los altos cargos institucionales, entre ellos los miembros del gobierno y los parlamentarios nacionales y regionales, los jueces y los fiscales. En total son unas 10.000 personas, pero hasta ahora ningún miembro de la familia real formaba parte de este grupo.
Detrás de la prisa por aforar al rey Juan Carlos parecen estar dos demandas de paternidad que se presentaron contra él hace año y medio en los juzgados de Madrid.
Los jueces las rechazaron entonces aludiendo a la inviolabilidad que la Constitución le otorgaba como rey. Pero perdida esta, esas demandas podrían volver a presentarse.
En ese caso las abordará el Tribunal Supremo: la ley incluirá una disposición transitoria para paralizar los procedimientos que se puedan iniciar antes de la entrada en vigor del aforamiento.
