¿Cuál puede haber sido la razón que llevó al presidente Emmanuel Macron a encender voluntariamente la mecha del polvorín? Consciente de que más del 75% de los franceses consideraba inadmisible la imposición de su reforma jubilatoria mediante el uso del artículo 49.3 de la Constitución, que le permite adoptar una ley sin pasar por el Parlamento, el jefe del Estado —sin mayoría en la Asamblea— así lo decidió este jueves provocando la indignación inmediata en todo el país.
Resultado: manifestaciones espontáneas en todas las ciudades francesas, muchas de ellas marcadas por violentos enfrentamientos con las fuerzas del orden, un endurecimiento de la posición ya intransigente de las centrales sindicales que —reunidas en intersindical— anunciaron nuevas jornadas de movilización para este fin de semana y la semana próxima, y sendas mociones de censura de la extrema derecha y la extrema izquierda en el Parlamento para los próximos días que, de tener éxito, podrían obligar a la actual primera ministra, Elisabeth Borne, a dejar su puesto.
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Tras dos meses de batalla parlamentaria y protestas callejeras, y después que el texto de ley fuera ampliamente adoptado por el Senado por la mañana, el presidente tomó la decisión —en contra de la opinión de su primera ministra y de varios miembros de su gabinete— de recurrir al artículo 49.3 para hacer adoptar sin votación esa muy impopular reforma jubilatoria.
Después de constatar que existía en la Cámara de Diputados una mayoría extremadamente incierta, Borne anunció —ante un hemiciclo en ebullición— su intención de forzar la adopción de esa emblemática reforma prometida por Macron en sus dos quinquenios, que llevará la edad de la jubilación de 62 a 64 años, aumentando además el tiempo de cotización a 43 años.
“No se puede hacer apuestas sobre el futuro de nuestras jubilaciones”, justificó Borne ante la prensa. “En pocos días, no tengo dudas, el compromiso responsable del gobierno tendrá como respuesta una o varias mociones de censura. Pero será la democracia parlamentaria la que tendrá la última palabra”, afirmó.
Cuatro reuniones se habían realizado en menos de 24 horas en el Palacio del Elíseo en torno a Emmanuel Macron para decidir si el gobierno utilizaría ese famoso artículo 49.3, que para la Argentina es asimilable a hacer adoptar una ley mediante un decreto gubernamental. El presidente justificó su decisión invocando los “riesgos financieros demasiado importantes” que implicaría un rechazo parlamentario.
“Mi interés y mi voluntad políticos eran ir a la votación. Entre todos ustedes, yo no soy el que arriesga su puesto o su banca”, reconoció durante una reunión de gabinete extraordinaria, según un participante. “Pero habrá una votación de ese texto. Está previsto por nuestras instituciones. Me refiero a la moción de censura. No se puede jugar con el futuro del país”, insistió.
En efecto, como lo autoriza la Constitución, las oposiciones anunciaron mociones de censura para tratar de derrocar el gobierno y, en consecuencia, hacer fracasar la reforma. Pero si esas mociones no prosperan, la ley de reforma jubilatoria quedará de facto aprobada.
Esa no es la interpretación de la intersindical ni de las oposiciones de extrema derecha e izquierda en el Parlamento, para quienes, hasta que los decretos de aplicación de una ley no son publicados, hay posibilidades de hacerla retirar.
“Nada ha terminado”, previno Mathilde Panot, líder de Los Insumisos (LI). No solo la formación de extrema izquierda de Jean-Luc Melenchon pretende organizar una “moción de censura transpartidaria”, sino también presentar un recurso ante el Consejo Constitucional por parte de todas las formaciones de izquierda parlamentaria (Nupes) y la organización de un referéndum de iniciativa compartida, que permitiría “bloquear la reforma durante nueve meses”.
“Cuando un presidente no tiene mayoría en el país y no tiene mayoría en la Asamblea Nacional, tiene que retirar su proyecto. El Elíseo no es un sitio destinado a ejecutar los caprichos del presidente”, lanzó Olivier Faure, primer secretario del Partido Socialista (miembro de la Nupes en la cámara), acusando a Macron —como el resto de la oposición— de actuar en forma “antidemocrática”.
La oposición de derecha Los Republicanos (LR) anunció que no votará una sanción contra el gobierno.
“No nos asociaremos a ninguna moción de censura y tampoco votaremos ninguna de ellas. No queremos agregar caos al caos”, dijo el secretario general del LR, Eric Cioti, a pesar de que algunos diputados del grupo reconocían reflexionar sobre esa posibilidad.
Ese gesto de LR será, en todo caso, un magro consuelo para el jefe del Estado ya que fueron precisamente unos 15 diputados de ese grupo parlamentario quienes retiraron a último momento su apoyo al proyecto de ley, dejando al partido presidencial, Renacimiento (RE), en minoría en la cámara.
Y mientras los líderes sindicales calificaban la decisión presidencial de “vicio democrático”, la presidenta de la Reunión Nacional (RN ex Frente Nacional) de extrema derecha, Marine Le Pen, confirmó su intención de presentar una moción de censura contra el gobierno. “Estamos ante un fracaso total de Macron. Y Borne no puede seguir al frente del gobierno. Tiene que irse”, afirmó.
Apenas anunciada la intención del gobierno, miles de personas comenzaron a reunirse en el centro de grandes y pequeñas ciudades francesas para manifestar su “cólera” y su “indignación”. En París, unos 6000 manifestantes protestaban en la Plaza de la Concordia, frente a la Asamblea Nacional.
Entre ellos, representantes de varias organizaciones juveniles, sindicatos de estudiantes y organizaciones políticas. Poco después se les unieron miembros de diversos sectores sindicales. Manifestaciones similares se organizaron en Burdeos, Grenoble, Toulouse, Lyon, Lille o Marsella.
Lo que había comenzado pacíficamente por la tarde terminó con la intervención de las fuerzas del orden en varias ciudades, para poner límite a los destrozos provocados por grupos de vándalos encapuchados que atacaron vidrieras e incendiaron mobiliario urbano, en varias ciudades como París, Marsella o Nantes.
Pase lo que pase en las próximas semanas, esta reforma de la jubilación ha sido un revelador de la debilidad y el aislamiento de Macron. Desde las elecciones legislativas de junio pasado, que lo dejaron con una mayoría relativa en el Parlamento, auténtico espejo del estado de fragmentación del país, el jefe del Estado francés nunca consiguió encontrar un equilibrio político que le permitiera avanzar, construyendo alianzas o apoyos extrapartidarios, como sucede en la mayoría de los países vecinos.
Por Luisa Corradini