Fuego, barricadas y batalla campal en el centro de Barcelona | FOTOS | VIDEO

Barcelona. Cincuenta y un personas fueron detenidas en diferentes partes de Cataluña la noche del martes al miércoles en las protestas contra la condena a prisión de nueve líderes separatistas, anunció el miércoles el gobierno español.

Según cifras del ministerio de Interior, 29 personas fueron detenidas en la provincia de Barcelona, 14 en la de Tarragona y ocho en Lleida.

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Además, 54 policías regionales y 18 policías nacionales resultaron heridos. Algunos de ellos sufrieron fracturas, según el ministerio.

En el corazón de Barcelona hubo una verdadera batalla campal entre policía e independentistas. Varias calles terminaron cortadas por barricadas en fuego y este miércoles algunas amanecieron aún cerradas por los destrozos.

En total, 40.000 personas participaron en la manifestación de Barcelona antes de que estallaran los enfrentamientos entre varios centenares de manifestantes, algunos de ellos con el rostro cubierto, y policías, que los dispersaron a la fuerza.

También se registraron enfrentamientos en ciudades como Girona, Tarragona o Lleida, donde se habían convocado concentraciones con velas frente a las respectivas sedes de las delegaciones del gobierno español.

Tras cuatro meses de juicio y otros cuatro de deliberación, los jueces del Tribunal Supremo condenaron el lunes por sedición a nueve de los doce responsables catalanes juzgados, a los que les impusieron penas de entre nueve y 13 años de cárcel.

Las protestas continuarán este miércoles y se ha organizado una huelga general en Cataluña el viernes, cuando se espera una manifestación multitudinaria en Barcelona.

- Inspirados en Hong Kong -

En la víspera, la misteriosa asociación Tsunami Democrátic había llamado a paralizar el aeropuerto de Barcelona.

Queriendo imitar a los manifestantes prodemocracia de Hong Kong, unas 10.000 personas según el gobierno español acudieron en vehículos, transporte público o a pie para bloquear hasta bien entrada la noche los accesos a la terminal.

Durante horas se enzarzaron contra la policía que custodiaba el aeropuerto, que cargó repetidamente y disparó balas de goma y de espuma.

Más de cien vuelos fueron anulados, muchos viajeros no pudieron llegar y cientos se quedaron varados en la terminal toda la noche, según el gestor aeroportuario AENA. Los efectos duraron hasta el martes, con 45 vuelos suspendidos.

115 personas fueron atentidas médicamente en el aeropuerto, entre ellas un manifestantes que perdió la visión de un ojo por una herida “compatible” con una pelota de goma, según fuentes sanitarias.

La movilización continúa el miércoles con el inicio de unas marchas desde diferentes puntos del territorio que el viernes deben converger en Barcelona, coincidiendo ese día con una “huelga general”.

“Las condenas lo que hacen es abrir un nuevo ciclo político”, dijo el presidente del Parlamento regional, el independentista Roger Torrent, a la AFP.

En este ciclo, el independentismo debe crear las condiciones “para que al Estado inasumible cronificar el conflicto y no tenga más remedio que sentarse en una mesa de diálogo”, insistió.

- Horizonte de semilibertad -

Tras cuatro meses de juicio y otros cuatro de deliberación, los jueces del Tribunal Supremo decretaron penas de prisión de entre 9 y 13 años para nueve implicados en el intento de secesión de octubre de 2017.

La peor parte se la llevó el ex número dos del gobierno separatista, Oriol Junqueras, condenado a 13 años por sedición y malversación.

Tres antiguos consejeros (ministros regionales) recibieron 12 años; otros dos exconsejeros, 10 años y medio; la expresidenta del Parlamento regional, 11 años y medio, y dos líderes del activismo separatista, nueve años.

Además, tras la condena, la fiscalía lanzó una nueva orden de arresto por sedición y malversación basada en esos mismos delitos contra el expresidente regional Carles Puigdemont, quien huyó a Bélgica después del intento de secesión.

El Supremo consideró que el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y la posterior declaración de independencia supusieron una sublevación para impedir la aplicación de las decisiones judiciales y la ley.

En preparación de las elecciones legislativas del 10 de noviembre, el gobierno socialista de Pedro Sánchez mostró firmeza ante los separatistas.

Las condenas serán cumplidas íntegramente, dijo Sánchez, mientras su ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, descartó “indulto alguno”.

Aun así, la ley prevé la posibilidad de acordar permisos de salida en pocos meses para los dos activistas, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. La decisión depende de la administración regional, en manos independentistas.

- Batalla por la opinión pública -

La condena inició una guerra mediática entre el gobierno español y las autoridades regionales.

El ministro español de Exteriores y próximo jefe de la diplomacia europea, el catalán Josep Borrell, denunció la “actitud totalitaria” del gobierno independentista, que “piensa que los catalanes son solo aquellos que siguen sus ideas”.

Según un sondeo publicado en julio por un instituto dependiente del gobierno catalán, un 44% de catalanes quería la región contra un 48,3% en contra.

Tras visitar a algunos de los líderes encarcelados, el presidente regional, Quim Torra, calificó el juicio de “pantomima” y, en su nombre, llamó a participar masivamente en la siguientes movilizaciones.

Fuente: AFP