Jordania aprueba polémica ley de ciberdelincuencia pese a las críticas de ONG y diputados

El Parlamento jordano aprobó hoy la controvertida ley sobre la ciberdelincuencia, una norma que ha recibido una oleada de críticas por parte de la sociedad y hasta de varios diputados, que consideran que mina la libertad de expresión y el acceso a la información.

Tras seis horas de debate repartidas en dos sesiones, el Legislativo aprobó sin hacer importantes enmiendas esta ley, que el propio primer ministro jordano, Bisher al Jasauneh, dijo que no “afecta a las libertades” ni “representa una violación a la Constitución”, informó la televisión estatal Al Mamlaka.

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La ley, cuyos artículos serán sometidos a revisión el próximo martes en el Senado, recibió críticas de varios diputados, como la de Saleh al Armuti, que denunció que “no es adecuada para el pueblo jordano y puede suponer el encarcelamiento de ciudadanos (inocentes)”.

La nueva ley de ciberdelincuencia contiene “varias disposiciones que amenazan la libertad de expresión, el derecho a la información, a la privacidad”, mientras que también extiende el “control del Gobierno sobre Internet”, denunciaron esta semana 14 ONG, entre ellas Human Rights Watch.

Esas organizaciones denunciaron que “no cumple con los estándares internacionales de derechos humanos” porque utiliza términos muy amplios y vagamente definidos, como “noticias falsas”, “promover, instigar o incitar a la inmoralidad”, “provocar conflictos” o “socavar la unidad nacional”, según las organizaciones contrarias al proyecto.

Este lenguaje poco preciso “abre la puerta para que el poder ejecutivo de Jordania castigue a las personas por ejercer su derecho a la libertad de expresión”, indicaron en el comunicado.

Asimismo, la aprobación de la norma supondrá un “incremento de la censura” en Internet y “debilitará el anonimato en línea”, puesto que el artículo 12 del borrado prevé una pena de seis meses de cárcel o multa de hasta 35.300 dólares para todo aquel que “eluda la dirección IP”, ya sea utilizando VPN, servidores proxy o el buscador anónimo Tor.

También incluye nuevos controles sobre las redes sociales y el artículo 37 exige a las empresas con más de 100.000 subscriptores que tengan oficinas en Jordania, de lo contrario se prohibirán los anuncios en las plataformas de estas compañías, además de restringir el ancho de banda.

El Gobierno jordano alega que la ley servirá para “proteger los intereses de la sociedad de los efectos de la ciberdelincuencia”, pero otros países, como Estados Unidos, han advertido de que la norma puede obstaculizar futuras inversiones en el sector tecnológico de Jordania.

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