| Foto: portugalresident
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Agencia EFE

“Queremos que sea el inicio de un nuevo comienzo”, afirmó hoy el obispo , presidente de la (CEP), tras asistir a la presentación de una investigación que apunta la existencia de cerca de 5.000 víctimas de abuso en la lusa.

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“Es una situación dramática que vivimos, no es fácil superarla”, admitió el obispo de Leiria-Fátima, que quiso enviar una mensaje a las víctimas: “Por ellas hicimos esto también”, dijo en alusión a la creación de una comisión de expertos para investigar los abusos en la Iglesia.

Tras un año de investigación, la comisión anunció hoy que se han confirmado 512 testimonios de víctimas, aunque apuntó que como “mínimo” el número se acerca a los 5.000.

“Un gran agradecimiento a la comisión, que nos permitió verificar la situación de las víctimas”, agregó el obispo, que se mostró “contento con el trabajo hecho” que fue “difícil, dramático”.

Según la investigación, con testimonios de abusos ocurridos desde 1950, la mayoría de las víctimas fueron niños que comenzaron ser abusados sobre los once años, en seminarios, iglesias, casas parroquiales y centros de acogida.

Los abusadores fueron hombres (96%) y sacerdotes -alrededor del 77%-.

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Los abusos se registraron en el todo el país, con especial incidencia en Lisboa, Oporto y Braga, y afectaron a menores de todas las clases sociales.

El silencio protegió a los abusadores: El 77% de las víctimas nunca presentó una queja ante la Iglesia y solo en un 4% hubo una denuncia ante la Justicia.

Del total de las denuncias recibidas, la comisión ha enviado a la Justicia apenas 25 casos porque en su mayoría ya están prescritos, aunque los expertos preparan una lista con los abusadores todavía en activo que, apuntan, podría estar terminada en las próximas semanas y que no será pública sino enviada a la Fiscalía.

La comisión, creada por la Conferencia Episcopal a finales de 2021, está coordinada por el psicólogo infantil Pedro Strecht e integrada por psicólogos, sociólogos, juristas y una cineasta.

Los expertos pidieron hoy una modificación de las leyes para ampliar a 30 años la prescripción de estos delitos en Portugal.

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