Julian Assange: justicia británica emite orden de extradición a Estados Unidos del fundador de WikiLeaks

La justicia británica emitió este miércoles la orden formal que autoriza la extradición del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, a Estados Unidos para ser juzgado por espionaje por la publicación de cientos de miles de documentos secretos a partir de 2010.

La orden será ahora enviada a la ministra del Interior, Priti Patel, que tiene la última palabra en cualquier extradición, y a la que la defensa de Assange puede presentar sus alegaciones hasta el 18 de mayo.

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La justicia de Estados Unidos quiere juzgar al australiano, 50 años, por la difusión en WikiLeaks a partir de 2010 de más de 700.000 documentos clasificados sobre actividades diplomáticas y militares estadounidenses, que en particular revelaron atrocidades en las guerras de Irak y Afganistán.

Si es declarado culpable, Assange podría ser condenado a un máximo de 175 años de cárcel, en un caso que las organizaciones de defensa de los derechos humanos denuncian como un ataque a la libertad de prensa.

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El gobierno estadounidense afirma por su parte que el australiano no es periodista sino pirata informático y puso en peligro la vida de numerosos informantes al publicar documentos completos sin editar.

Tras haber rechazado en marzo “el permiso para apelar” que solicitaban los abogados del australiano, coordinados a nivel internacional por el exjuez español Baltasar Garzón, la Corte Suprema británica dictó que el caso fuese trasladado a la ministra del Interior, Priti Patel, que tiene la última palabra en toda extradición.

Eso fue precisamente lo que hizo el miércoles el juez Paul Goldspring durante una vista de apenas siete minutos en el tribunal de Magistrados de Westminster a la que Assange, vestido con chaqueta y corbata, apareció por vídeoconferencia desde la cárcel de alta seguridad londinense de Belmash.

Allí está recluido desde su espectacular detención en abril de 2019 por la policía británica en la embajada de Ecuador en Londres, después de que el entonces presidente Lenín Moreno le retirase la protección que le había concedido su predecesor Rafael Correa.

Violando las condiciones de su libertad condicional en el Reino Unido, el fundador de WikiLeaks se había refugiado en la legación ecuatoriana en 2012 para evitar una extradición a Suecia por cargos de violación que después fueron abandonados.

Negando dichos cargos, ya entonces afirmó temer que todo fuese una estrategia para entregarlo a Estados Unidos.

La justicia de ese país quiere juzgarlo por difundir mediante WikiLeaks a partir de 2010 más de 700.000 documentos secretos sobre las actividades diplomáticas y militares estadounidenses, en particular en Irak y Afganistán.

Entre esos documentos figuraba un video que mostraba a civiles, entre ellos dos periodistas de la agencia Reuters, muertos por disparos de un helicóptero de combate estadounidense en Irak en julio de 2007.

Procesado en virtud de una legislación contra el espionaje, de ser declarado culpable Assange puede ser condenado a 175 años de cárcel, en un caso que las organizaciones de defensa de los derechos humanos denuncian como un ataque a la libertad de prensa.

El gobierno estadounidense afirma, por su parte, que el australiano no es periodista sino pirata informático y que puso en peligro la vida de numerosos informantes al publicar documentos completos sin editar.

Larga saga judicial

En el centro de una larga saga judicial, Assange fue condenado a un año de cárcel en Londres por violación de su libertad condicional en 2012 antes de emprender la batalla contra su extradición a Estados Unidos.

En enero de 2021, la justicia británica decidió a su favor: juez Vanessa Baraitser rechazó autorizar la extradición por considerar que el australiano, de frágil salud física y psicológica, corría el riesgo de suicidarse si se encontraba en el sistema penitenciario estadounidense.

Pero en diciembre, Washington logró que la Alta Corte de Londres anulara esa decisión, asegurando que no sería encarcelado en la prisión de alta seguridad ADX de Florence (Colorado), donde están detenidos, en aislamiento casi total, miembros de la organización yihadista Al Qaida.

Y garantizaron que recibiría la atención clínica y psicológica necesaria, mencionando la posibilidad de permitir que cumpliera su condena en una prisión de su Australia natal.

Para su defensores, encabezados por Stella Moris, la abogada sudafricana con la que tuvo dos hijos en secreto durante sus años en la embajada ecuatoriana y con la que se casó en Belmash el mes pasado, estas garantías no son creíbles.

Subrayando que “el destino de Julian está ahora en manos de la ministra del Interior”, Moris insistió en marzo en que “este es un caso político y ella puede ponerle fin”.

“Hace falta valor político, pero esto es lo que se necesita para preservar una sociedad abierta que proteja a los editores de la persecución extranjera”, afirmó.