Liberan a 7 víctimas de explotación sexual, en su mayoría de nacionalidad peruana, en España

La Policía de España liberó a siete víctimas de explotación sexual, en su mayoría de nacionalidad peruana, y detuvo a once personas que, presuntamente, componían la vertiente española de una organización criminal dedicada a la trata de seres humanos.

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La red criminal se aprovechaba de la vulnerabilidad y necesidad económica de sus víctimas y utilizaba falsas promesas de trabajo, como el cuidado de personas mayores o de azafatas en discotecas, para convencerlas de que su vida mejoraría, informó este miércoles la Policía, que desarrolló la operación con la colaboración de la Policía de Perú.

Cinco de los arrestos tuvieron lugar en Madrid y los otros seis en la localidad malagueña de Fuengirola, en el sur de España.

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La investigación comenzó cuando los agentes supieron de un entramado asentado en Fuengirola que presuntamente explotaba a sus víctimas en casas de citas.

Los integrantes de la rama española de la organización tenían su residencia habitual en Madrid y frecuentemente se desplazaban hasta la provincia de Málaga para supervisar el funcionamiento de los pisos de citas y recaudar los beneficios que les daban.

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La red se dedicaba también a la venta de sustancias estupefacientes a los clientes que lo demandaran, como cocaína, cocaína rosa o comprimidos potenciadores del deseo sexual, y además, obligaban a sus víctimas a consumir algunas de estas sustancias, para anular la voluntad y alargar la duración de los servicios sexuales y así tener más beneficios.

Algunas de las víctimas fueron captadas en su país de origen a través de redes sociales, por contactos o directamente a través de los principales responsables en España.

Una vez en este país, eran recogidas en el aeropuerto por los principales miembros de la organización o familiares de estos, que las llevaban a domicilios de Madrid o de Fuengirola y seguidamente a los pisos de citas, donde les informaban de la deuda que habían contraído por su traslado –que podía ascender hasta 3.000 euros- y que debían saldar ejerciendo la prostitución.

La operación contó con la presencia en España de autoridades peruanas y en la investigación colaboró la Agregaduría de Interior en Perú para localizar víctimas y la colaboración de la ONG OURrescue.