Foto de archivo | Agnes Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, durante una entrevista en Jerusalén, el 31 de enero de 2022. (Foto de RONALDO SCHEMIDT / AFP)
Foto de archivo | Agnes Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, durante una entrevista en Jerusalén, el 31 de enero de 2022. (Foto de RONALDO SCHEMIDT / AFP)
/ RONALDO SCHEMIDT
Agencia EFE

La orden de arresto emitida por la contra el presidente ruso, , por la deportación ilegal a de niños ucranianos, supone un paso hacia la Justicia para las víctimas de crímenes de guerra en , señaló la organización.

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La CPI emitió este viernes esa orden contra Putin y contra María Lvova-Belova, Comisionada para los Derechos del Niño en la Oficina del Presidente de Rusia, que afronta la misma acusación.

La secretaria general de AI, Agnès Callamard, señaló que la orden es “una señal importante”, tanto para Ucrania como para el resto del mundo, de que los presuntos responsables de delitos en Ucrania “serán arrestados y juzgados”, sin importar el poder que tengan.

“El presidente Putin es ahora oficialmente un hombre buscado. Tras la acusación de la CPI del presidente Putin y la comisionada de la Infancia Lvova-Belova por el crimen de guerra de traslado forzoso de niños, la comunidad internacional no debe detenerse ante nada hasta que sean arrestados y llevados a juicio”, agregó Callamard en un comunicado divulgado por la organización humanitaria.

“Si el presidente Putin o Lvova-Belova abandonan Rusia, los Estados deben negarles un refugio seguro arrestándolos de inmediato y entregándolos a la CPI”, puntualizó.

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La secretaria general de AI subrayó que estas órdenes suponen “un importante primer paso”, y confió en que la CPI y otros actores judiciales emitan más órdenes de arresto a medida que sus investigaciones sobre crímenes en Ucrania den resultados.

AI recuerda que en noviembre de 2022 publicó un informe que documentaba el traslado forzoso y la deportación de civiles ucranianos, incluidos niños, por parte de las fuerzas rusas a Rusia.

La organización observó que esto equivalía a crímenes de guerra y probablemente a crímenes de lesa humanidad.

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