¿Por qué Bolivia podría ser juzgada en la Corte IDH y cómo se salvaría si investigan a Evo Morales?

El informe 394/2021, detalla el medio boliviano, se encuentra en la antesala de la Corte IDH tras ser aprobado el 21 de diciembre del 2021. Forma parte del caso 13.546 presentado por Mario Tadic, Elöd Tóásó, Juan Carlos Guedes y Alcides Mendoza, además de la familia de Micheal Dwyer.

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Los mencionados se presentan como víctimas del operativo policial realizado el 16 de abril del 2009 en el hotel Las Américas, en el estado de Santa Cruz, conocido en Bolivia como el “Caso Terrorismo”.

En el informe, la CIDH incluye cuatro recomendaciones para que el Estado Boliviano evite ser llevado ante el tribunal internacional, aunque una de ellas plantea un conflicto especial para el actual gobierno de Luis Arce.

En ese sentido, la Comisión recomienda reparar las violaciones y compensar a las víctimas, disponer de medidas para su rehabilitación física y mental, tomar medidas para evitar situaciones similares en el futuro y realizar una investigación diligente para determinar a los responsables con el fin de sancionarlos penalmente.

El conflicto para Arce radica precisamente en el último punto, pues uno de los acusados es el expresidente boliviano y líder del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales.

EL CASO TERRORISMO

El 16 de abril del 2009, un grupo de élite de la policía boliviana ingresó al hotel Las Américas en medio de un supuesto operativo antiterrorista. El Deber de Bolivia reseña que durante la intervención se registraron detonaciones en el cuarto piso del hotel y disparos en las habitaciones.

En la citada operación, ordenada desde el Ministerio de Gobierno, fallecieron Eduardo Rózsa, Árpád Magyarosi y Michael Dwyer.

Además, fueron apresados Mario Tadic, Elöd Tóásó, Juan Carlos Guedes y Alcides Mendoza (los ahora demandantes ante la CIDH). Los dos primeros pasaron seis años en prisión, mientras que en el caso de Guedes y Mendoza fueron liberados recién 10 años después de su captura.

Desde el Gobierno se aseguró que se trataba de una operación antiterrorista que buscaba desmantelar una célula destinada a asesinar al entonces mandatario Morales.

El mismo presidente aseguró entonces, desde Caracas donde se encontraba en una visita oficial, y junto a su entonces homólogo venezolano, el ya fallecido Hugo Chávez, que había autorizado a su vicepresidente Álvaro García Linera para efectuar la operación.

La CIDH, en su informe recién revelado, califica la operación de irregular pues no contó con ninguna orden judicial ni de acompañamiento fiscal durante su ejecución. Además, señala que la muerte de Dwyer se debió al uso excesivo de la fuerza del orden, mientras que los detenidos fueron víctimas de torturas, lesiones y vulneraciones a sus garantías judiciales.

“Aparentemente, en ese momento el Gobierno Boliviano descubrió la incursión de una operación comandada por agentes internacionales que pretendían desestabilizar el país y cometer un magnicidio; es decir, acabar con la vida del presidente Morales. Pero ninguna de estas situaciones quedó realmente aclarada y tampoco se pudo conocer mucho más porque la intervención que se realizó de forma extrajudicial evitó que se pueda profundizar en una investigación”, explica a El Comercio el politólogo e investigador boliviano Franklin Pareja.

“Se cometió un abuso y el fondo radica en que en ese momento el país vivía una tensión muy fuerte porque era la primera etapa del señor Morales. Ciertamente había una tensión con los grupos de poder pero es muy confuso afirmar que existiera un afán de esa naturaleza. Para muchos investigadores, esto fue un montaje para exacerbar los ánimos y para que el gobierno tome una acción más autoritaria argumentando que existían elementos desestabilizadores, mediante lo cual sofocó a la oposición y causó que muchas figuras políticas terminen huyendo”, agrega el analista.

JUICIO INTERNO

El denominado “Caso Terrorismo” se cerró en el 2020, cuando el entonces gobierno transitorio de Jeanine Áñez y la Fiscalía Boliviana retiraron las acusaciones contra los presuntos terroristas.

Tras conocerse el informe de la CIDH, el Ministerio de Justicia de Bolivia calificó como “arbitraria” la decisión de archivar el caso. Además, se negó a comentar sobre el proceso por encontrarse aún “bajo reserva”.

Morales, por su parte, escribió el último lunes en su cuenta de Twitter que las acusaciones forman parte de un “plan negro” con el que buscan desprestigiarlo.

Hasta el momento se desconoce si el presidente Arce decidirá implementar las recomendaciones de la CIDH para evitar que el estado sea llevado ante el tribunal internacional. Según Pareja, esto plantea un escenario extremadamente complejo para el actual mandatario.

“(La recomendación de la CIDH) le da la posibilidad al Gobierno Boliviano de manejar el caso en el fuero interno, pero actualmente la justicia (boliviana) no tiene credibilidad. Existe la duda de que un juicio interno lograría esclarecer el caso y llegar a un proceso de sentencia. Es una recomendación muy diplomática, porque en el fondo le dice al Estado que investigue o irá a una corte internacional. El informe no es vinculante, pero si el gobierno la omite el caso pasaría a la Corte IDH y las consecuencias serían mayores para el mismo presidente. Recordemos que el caso no es contra el gobierno o el presidente sino contra el Estado. Arce está en una encrucijada porque implica investigar a sus copartidarios, por lo que no se puede determinar con certeza si se animará. Están manteniendo una relativa cautela, pero es realmente complicado sobre todo ahora que existe una disputa de poder entre Morales y Arce, ambos se perfilan como candidatos para el 2025″, comenta el experto.

Por otro lado, incluso si Bolivia accediera a realizar la investigación en el fuero interno, esta podría no ser la última etapa.

“No todo acabaría con la investigación del Estado Boliviano, pues al estar en un estrado internacional, los demandantes podrían apelar si consideran que no se cumplieron los estándares mínimos de objetividad”, señala.

Finalmente, en un escenario donde la justicia determine que existió responsabilidad del Gobierno Boliviano en la operación, Pareja explica que esto podría llevar a que se abran nuevos procesos, esta vez no contra el Estado sino contra dos figuras específicas: Morales y su entonces vicepresidente García Lineras.

“Si existe corresponsabilidad, comenzando por el expresidente, se seguirán distintos cursos por la investidura. Solo el presidente y el vicepresidente podrían tener un juicio de responsabilidades, las otras responsabilidades pasarían directamente a las etapas ordinarias. Recordemos que Morales explícitamente mencionó que dio la orden para llevar a cabo el operativo, no puede eludir de ninguna forma su responsabilidad y ahí reside la dificultad para la decisión de Arce”, concluye.