Constitucional de Guatemala suspende a la comisión que investigaba a la Cicig

Guatemala. La Corte de Constitucionalidad decidió este lunes suspender provisionalmente el comité creado por el Congreso guatemalteco para investigar la labor que desarrolló durante 12 años la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un organismo anticorrupción auspiciado por la ONU.

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“Queda en suspenso la comisión”, aseguró una fuente del máximo tribunal del país a la prensa después de la reunión que tuvieron los magistrados ante el comité creado de forma sorpresiva por el Parlamento para fiscalizar a la Cicig, que terminó su mandato el pasado 3 de septiembre.

Durante 12 años, la Cicig y el Ministerio Público de Guatemala identificaron más de 70 estructuras criminales, colaboraron en la judicialización de 120 casos de “alto impacto”, presentaron un centenar de procesos de desafuero contra grandes funcionarios, sindicaron a más de 1.500 personas y unas 660 están procesadas.

El Constitucional dijo en un breve comunicado que otorgó un ampro provisional a diferentes acciones promovidas por el Ministerio Público, Acción Ciudadana (el capítulo guatemalteco de Transparencia Internacional) y el abogado Alfonso Carrillo Marroquín.

Los tres accionaron contra el Congreso de Guatemala por la emisión del acuerdo 12-2019, que daba vida a este paralelo para fiscalizar la labor de la Cicig y que comenzó la semana pasada con unas vistas públicas para recibir a supuestas víctimas de la Comisión, en su mayoría familiares de los juzgados y acusados.

La Corte de Constitucionalidad dijo que en consecuencia de estas acciones dejó “en suspenso temporal” el acuerdo, por lo que suspendió provisionalmente a este ente.

Esta comisión parlamentaria, creada de forma imprevista argumentando que la Comisión auspiciada por Naciones Unidas nunca tuvo supervisión, tiene que verificar si el trabajo de la Cicig se enmarcó en lo estipulado en la Constitución y debe investigar “las denuncias presentadas contra la misma”.

Entre sus atribuciones estaba determinar la existencia de acciones ilegales o arbitrarias que hayan “atentado contra derechos fundamentales” de los guatemaltecos, recabar y evaluar información de cualquier persona o entidad que haya sido “víctima” de la Cicig y requerir información a cualquier autoridad, así como declaraciones o documentos, sobre estos actos ilegales.

El acuerdo legislativo también le da potestad para denunciar ante las autoridades respectivas a los funcionarios y empleados públicos que se hayan participado en esos actos, invitar a los financistas de la Cicig para compartir informes financieros y solicitar información a “diferentes Gobiernos” sobre el historial profesional del personal internacional que trabajó en la comisión durante los 12 años que operó.

El último punto de estas funciones señala que pueden presentar denuncias ante el Ministerio Público para que este solicite la “inmediata extradición del personal que haya laborado en dicha comisión que no se encuentre dentro del país” y que pueda haber cometido “un ilícito” dentro de Guatemala.

El ente investigador del Parlamento estará formado por los diputados Luis Pedro Álvarez (intependiente), Luis Hernández Azmitia (Movimiento Reformador), Manuel Conde (Avanzada Nacional), Juan Ramón Lau (Todos) y Aníbal Rojas (Visión con Valores), todos aliados al oficialismo, que, desde diversos frentes, minó la tarea de la CiICIG desde agosto de 2017.

El 31 de agosto del año pasado, rodeado de militares, el presidente, que junto a su familia fue acusado de casos de corrupción, anunció que no renovaría el mandato de la Cicig al acusarla de una supuesta “injerencia en los asuntos internos” pese a que cuando asumió el cargo había manifestado en una carta a Naciones Unidas su intención de renovar su labor hasta septiembre de 2021.

Desde que anunciaron su salida, el Ejecutivo y el Congreso atacaron a la Cicig en varias ocasiones y aseguraron que la comisión volvería al país para enfrentar la Justicia, la última de ellas la semana pasada, cuando el presidente Jimmy Morales dijo en la Asamblea de Naciones Unidas que las repercusiones iban a ser analizadas.

Fuente: EFE