Sudáfrica vs. Israel: Cómo llegaron a enfrentarse ambos países en la Corte Internacional de Justicia

Este jueves 11 empezó oficialmente un histórico proceso en La Haya cuando Sudáfrica presentó ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) una acusación contra Israel por presuntamente violar la Convención para la Prevención de Genocidios, en referencia a la guerra que mantiene contra Hamás desde el 7 de octubre del año pasado.

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El conflicto entre el estadohebreo y Hamás comenzó luego de que el grupo extremista palestino perpetrara una serie de atentados terroristas que dejaron alrededor de 1.200 muertos al sur de Israel.

En respuesta, el gobierno de Benjamín Netanyahu prometió “aniquilar” a Hamás por lo que ese mismo día inició bombardeos masivos sobre la franja de Gaza. Veinte días más tarde, los israelíes sumaron a estos ataques una incursión militar terrestre.

A la fecha, por lo menos 23.469 personas (muchos menores y mujeres entre ellos) han muerto en el enclave palestino según el Ministerio de Salud controlado por Hamás. Israel desconfía de esta cifra y asegura que el grupo suele exagerar en un 70% las cifras sobre las que informa.

En 1948 la ONU redactó la Convención sobre Genocidio en respuesta al Holocausto perpetrado por los nazis contra los judíos durante la Segunda Guerra Mundial.

Las Naciones Unidas definen al genocidio como un acto “cometido con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso”.

A la fecha, 153 estados están suscritos a la convención, lo que les obliga a acatar las decisiones que tome la CIJ en casos de este tipo.

Para que la CIJ determine que un gobierno ha cometido o está cometiendo un genocidio se deben demostrar dos elementos. Primero, probar que se han cometido actos ilegales. Y segundo, que dichos actos tuvieron la intención de acabar con un determinado grupo.

En el pasado, la CIJ solo ha presentado medidas provisionales contra Myanmar y Rusia por acusaciones de genocidio, pero oficialmente no ha declarado hasta ahora que algún país haya cometido un crimen de este tipo.

El 29 de diciembre del 2023, luego de una serie de llamados para que Israel cesara su ofensiva sobre Gaza, Sudáfrica decidió denunciar al país hebreo ante la CIJ por genocidio.

Eliav Lieblich, profesor de derecho internacional en la Universidad de Tel Aviv, explicó a la cadena estadounidense CNN que “una acusación de genocidio es la acusación legal internacional más grave que se puede hacer contra un Estado”.

En el documento de 84 páginas presentado ante el tribunal, Sudáfrica asegura que los ataques de Israel “tienen como objetivo provocar la destrucción de una parte sustancial del grupo nacional, racial y étnico palestino” que incluyen “matar a palestinos en Gaza, causarles graves daños físicos y mentales e infligirles condiciones de vida calculadas para provocar su destrucción física”.

Como parte de su acusación, los sudafricanos hacen especial énfasis en las declaraciones de diferentes líderes israelíes, como el primer ministro Netanyahu u otros miembros de su gabinete.

Es importante resaltar que para alcanzar este nuevo mandato Netanyahu tuvo que aliarse con la derecha más radical de Israel. Antes de la guerra esto ya había provocado una crisis interna en el país por el calibre de las expresiones que suelen brindar los principales representantes de dicho espectro político.

Con esta histórica acusación en contra del país, muchos israelíes aseguran que se debe en gran parte a las palabras de estos líderes políticos.

Los gobiernos de Colombia, Brasil, Bolivia, Turquía y Malasia han apoyado la demanda presentada por Sudáfrica. Pretoria, además, ha pedido que la CIJ emita “medidas provisionales” -es decir, una orden temporal para suspender acciones- en contra de Israel hasta que se alcance una sentencia definitiva.

Diversos expertos judiciales han estimado que le podría tomar años a la corte alcanzar un veredicto definitivo. Sin embargo, tomaría apenas semanas que emita algún tipo de medida preventiva que llevaría a suspender la campaña militar sobre Gaza.

A diferencia de la Corte Penal Internacional (CPI), Israel sí reconoce la autoridad de la CIJ por lo que lejos de ignorar el caso -como lo hizo en su momento con el veredicto de la corte sobre el muro fronterizo con Cisjordania- esta vez tendrá que defenderse en el tribunal.

El encargado de llevar adelante la defensa legal israelí será Aharon Barak, de 87 años y expresidente del Tribunal Supremo de Justicia del país.

En ese sentido, la Cancillería israelí rechazó “con repugnancia la difamación” de Sudáfrica, país al que además acusó de actuar como “brazo jurídico de la organización terrorista Hamás” y haber “deformado completamente la realidad de Gaza tras la masacre del 7 de octubre”.

Estados Unidos, principal aliado internacional de Israel, también se ha pronunciado calificando de “infundadas” las acusaciones contra los hebreos.

El primer ministro Netanyahu, por su parte, aseguró que su ejército está actuando de “la manera más moral” posible y que hace “todo lo posible para evitar dañar a los civiles” durante sus operaciones en Gaza.

En ese sentido, el portavoz del gobierno israelí, Eylon Levy, acusó a Pretoria de medir con doble vara pues por un lado acusa a los hebreos y por otro apoya al expresidente de Sudán, Omar al Bashir, sobre quien pesa una orden de arresto emitida por la CPI.

Cabe recordar que Sudáfrica tampoco apoyó la resolución de la CPI en la que declaraba culpable de crímenes de guerra a Vladimir Putin en el marco de la invasión a Ucrania.