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La noche del martes 16, luego de presentarse ante la Asamblea Nacional de Ecuador para defender su “total, evidente e incuestionable” inocencia durante el juicio político en su contra, y enterarse de que se superarían los 92 votos necesarios para destituirlo, el presidente Guillermo Lasso tenía que tomar una decisión trascendental.
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Mientras la oposición -conformada en su mayoría por el correísmo- hacía avanzar la acusación por presunto peculado en el manejo de contratos de la naviera estatal Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec), Lasso debatía en el interior del Palacio de Carondelet el camino que debía adoptar.
“Sí, estuve ayer junto al presidente y su equipo. Discutió (la decisión) con su equipo político y finalmente él tomó la decisión que le fue comunicada al país esta mañana (del miércoles 17)”
Pablo Encalada, abogado penalista y miembro de la defensa legal de Lasso.
Durante la transmisión matutina, el mandatario anunció que aplicaría la ‘muerte cruzada’, un recurso constitucional mediante el cuál la Asamblea Nacional es disuelta y se convoca a elecciones generales para completar los años restantes del gobierno vigente.
- ¿Qué sucederá con el proceso que se sigue por la vía judicial regular contra el presidente Lasso?
La investigación penal existe en Fiscalía y contiene los mismos argumentos que se presentaron durante el juicio político. Yo soy el abogado del presidente ante Fiscalía, el caso sigue porque es un proceso paralelo. Pero yo tengo la confianza de que pronto obtengamos un archivo de esa investigación porque al presidente se lo acusa de un sinsentido.
- ¿Cuál es su principal argumento de defensa contra estas acusaciones?
Son varios, pero los más importantes pasan por la temporalidad. Se acusa que en la Flopec se suscribieron contratos de transporte de petróleo en los que se habría cometido peculado o malversación de recursos. Por un lado, por un principio de jerarquía y funciones, el presidente no atiende todos los contratos de todas las empresas públicas del país. Pero lo más importante es que el contrato es del 2018 y hay una adenda que se firmó en el 2020, esa última es sobre la que gira la supuesta existencia de un delito de peculado. Pero en ese año el mandatario en funciones era Lenin Moreno; el presidente Lasso entró en funciones el 24 de mayo del 2021. Entonces, por una cuestión elemental de temporalidad no se le puede atribuir esa acusación.
- La Conaie (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador) ha calificado de “autogolpe de Estado” la decisión del presidente Lasso, ¿qué responde a eso?
La medida del presidente es una salida democrática. Es una atribución prevista en la Constitución que lo faculta a destituir a los asambleístas y convocar a elecciones. Existía una tensión política, por eso el presidente se encontraba frente a un juicio político. Ante eso, el jefe de Estado resuelve utilizar esa herramienta constitucional para desfogar la crisis. Sostener que hay un golpe de Estado es como sostener que lo que hacía la Asamblea también era un golpe y no es así. Son las herramientas jurídicas que existen para solucionar los conflictos políticos. Es un abuso del lenguaje calificarlo como golpe de Estado.
"Existía una tensión política, por eso el presidente se encontraba frente a un juicio político. Ante eso, el jefe de Estado resuelve utilizar esa herramienta constitucional para desfogar la crisis"
- Según el exgobernante Rafael Correa, la decisión de la muerte cruzada es “ilegal” pues no existe “ninguna conmoción interna”. ¿No es irónico considerando que esta figura fue introducida por el propio correísmo en la Constitución del 2018?
Claro, en la práctica, bajo el diseño de nuestra Constitución elaborada por el propio correísmo, es imposible que se llegue a la destitución del presidente. El jefe de estado no iba a permitir que lo destituyeran, iba a hacer lo que hizo, que es la muerte cruzada. Además, tantas veces Correa lo ha retado a que aplique la muerte cruzada y ahora lo califica de ilegal, ese es un acto de cinismo.
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Encalada es abogado penalista. Socio cofundador de Grund Abogados LLP. y defensor legal del presidente Lasso durante la investigación penal en su contra por el caso Flopec.
/ Grund Abogados- ¿Tras la firma del decreto no hay ninguna forma de revertir esta decisión?
No. No hay vuelta atrás porque esta decisión, incluso la calificación de la causal, no requiere una calificación de la Asamblea Nacional ni la Corte Constitucional. Para el caso del presidente solo basta con el convencimiento de la existencia de una causal. Por tanto, hoy por hoy ya no hay asambleistas, existe la Asamblea Nacional pero sus miembros están cesados en sus funciones. Y se ha notificado para que se convoque a elecciones.
- ¿Qué plazos se manejan en torno a ello?
En siete días, el Consejo Nacional Electoral debe convocar a elecciones. La primera vuelta se daría en 90 días y la segunda vuelta en 45 días más. En promedio, diría yo, en unos 5 o 6 meses tendríamos a un nuevo presidente o al mismo presidente y a una nueva Asamblea Nacional.
- Usted ha asegurado que el presidente podría postular a la reelección en estos nuevos comicios.
Sí. Pero, de hecho esta no sería una reelección. Nuestra Constitución solo permite una reelección, pero esta no lo sería porque se buscará cumplir el período que empezó en mayo del 2021.
"En unos 5 o 6 meses tendríamos a un nuevo presidente o al mismo presidente y a una nueva Asamblea Nacional"
- ¿El presidente le ha expresado directamente su intención de postular?
Creo que es el candidato natural. No ha hecho todavía una declaración pública sobre eso, pero me parece que es el candidato lógico. Él lo que dice es: bueno, me quieren destituir, sometámoslo a que el pueblo lo resuelva.
- El expresidente Correa fue condenado en el 2020 a 8 años de prisión por corrupción e inhabilitado de ejercer cualquier cargo público. Sin embargo, ¿hay algún escenario en el que pueda tentar la presidencia o alguna forma en la que busque acceder indirectamente al poder en estas nuevas elecciones?
El correísmo maneja dos opciones. La primera es la vía jurídica, mediante una revisión de sentencia, que es un recurso que se puede plantear en cualquier momento pero que es muy complicado. Por ejemplo, si existe una condena por homicidio y la víctima aparece viva. Son casos extraordinarios. La segunda vía es la política, el expresidente ha dicho abiertamente que el correísmo busca volver al poder, establecer una Asamblea Constituyente y perdonarle todos los delitos.
- ¿Un indulto?
Más que eso. El indulto te perdona la pena, pero a él no le interesa solo eso, sino la prohibición perpetua de ejercer cargos públicos. A Correa no le basta con un indulto, él quiere borrar la existencia de su delito.
