La justicia de Argentina condenó a prisión perpetua a 10 exrepresores por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura (1976-1983) en una causa que ventiló más de 400 casos ocurridos en tres centros clandestinos de Buenos Aires, según el veredicto leído este martes por el tribunal.
Durante el juicio iniciado en 2020, en el que prestaron declaración testigos y sobrevivientes, se consideró probado el secuestro, desaparición forzada de perseguidos políticos, homicidio, tormentos, violación, sustracción de niños, abortos forzados y otros crímenes, según consignó el tribunal federal número 1 de La Plata, a cargo del proceso.
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El tribunal ordenó pericias médicas “urgentes” para resolver si revoca la prisión domiciliaria de la que goza la mayoría de los condenados para que cumplan su condena en la cárcel.
Las condenas se conocen dos días después de un nuevo aniversario del golpe de Estado perpetrado el 24 de marzo de 1976, recordado con marchas en todo el país y una multitudinaria concentración en la Plaza de Mayo bajo la consigna “memoria, verdad y justicia”.
Los pozos y el infierno
El juicio ‘los pozos’ expuso los hechos que ocurrieron en los centros clandestinos de detención conocidos como Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes y Brigada de Lanús, este último llamado ‘el infierno’ por las atrocidades que allí se cometían contra perseguidos políticos.
Los tres funcionaron bajo la supervisión del temible exdirector de la policía de la provincia de Buenos Aires Miguel Etchecolatz, también acusado en la causa pero que falleció en prisión a los 93 años en julio de 2022 mientras cumplía nueve condenas a prisión perpetua.
Además de Etchecolatz, cinco acusados más fallecieron durante el proceso y 12 recibieron el veredicto.
De ellos, 10 fueron condenados a prisión perpetua, uno a 25 años de prisión y el restante absuelto. Los fundamentos del tribunal se conocerán el 5 de julio próximo.
La justicia condenó a prisión perpetua a Federico Antonio Minicucci, Guillermo Matheu, Carlos Romero Pavón, Roberto Balmaceda, Gustavo Fontana, Jaime Lamont Smart, Jorge Héctor Di Pasquale, Juan Miguel Wolk, Horacio Luis Castillo y al médico policial Jorge Antonio Bergés.
Por su parte, el expolicía Alberto Julio Candiotti recibió una condena a 25 años de cárcel y su camarada Agusuto Barré resultó absuelto.
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Juicio y castigo
Las Abuelas de Plaza de Mayo, la organización que busca a nietos nacidos bajo el cautiverio de sus madres, fue parte querellante junto con siete nietos restituidos.
La labor de Abuelas permitió recuperar la identidad de 133 nietos de los 400 que la organización estima fueron apropiados durante el cautiverio de sus madres.
“Estoy contenta, estamos atravesando un momento difícil en el país respecto a la verdad y la memoria y esto es un empujón grande para seguir demostrando que hubo un genocidio con 30.000 desaparecidos y que nos falta encontrar a 300 hermanos más”, dijo a la AFP María Victoria Moyano Artigas, de 45 años, nacida en el Pozo de Banfield durante el cautiverio de su madre.
Otro de los querellantes, Pablo Díaz, es un sobreviviente de la llamada ‘noche de los lápices’, cuando la dictadura secuestró a 10 estudiantes adolescentes que bregaban por el boleto estudiantil. Seis permanecen desaparecidos.
“Llegó la sentencia de todos los implicados, de quienes nos mataron, nos torturaron y nos violaron en el Pozo de Banfield”, declaró conmovido Díaz a la AFP. “Su juicio y castigo ha llegado”, agregó.
De los acusados, a excepción de Di Pasquale que está en la cárcel militar de Campo de Mayo, los demás fueron enjuiciados bajo prisión domiciliaria, ahora bajo proceso de revisión.
Todos escucharon el veredicto conectados en forma remota y fueron reprendidos en numerosas ocasiones por el tribunal por apagar sus cámaras durante la lectura de las condenas que se prolongó durante unas cinco horas.
La sala del tribunal estuvo colmada por familiares de las víctimas y sobrevivientes que prestaron testimonio en la causa. En la calle, unas 300 personas siguieron la lectura del veredicto por parlantes.
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Las condenas fueron celebradas con emoción al grito de “¡Cárcel común para los genocidas, asesinos, asesinos!”. Algunos llevaron carteles con las fotografías de las víctimas y leyendas pidiendo justicia.
“Son 30.000, fue genocidio”, rezaba uno de los carteles en relación al número de víctimas que dejó la dictadura, según organismos de derechos humanos, cifra que el gobierno del presidente ultraderechista Javier Milei cuestiona.
Con el veredicto de este martes, un total de 1.184 personas fueron condenadas en Argentina por crímenes durante la dictadura, en 317 sentencias en todo el país, mientras otros 62 juicios siguen en proceso.
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