Todavía en ‘shock’ por el atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, que está por cumplir un mes, Argentina sigue con atención el tramo final de los alegatos del juicio que enfrenta la también exmandataria por la presunta adjudicación irregular de obras públicas en la sureña provincia de Santa Cruz cuando era jefa de Estado.
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El clima es de suma polarización. Al declarar ante el tribunal el viernes 23, Kirchner denunció las “calumnias y difamaciones” en las que aseguró ha incurrido la fiscalía, que en agosto pidió contra ella 12 años de prisión.
“Ella se considera por encima de la ley”, dice el periodista argentino Diego Cabot, quien destapó en el 2018 el Caso Cuadernos de la Corrupción y critica que el oficialismo avive el clima de crispación.
—¿Cómo impactó el intento de magnicidio en el escenario político argentino?
Este es el hecho más disruptivo, en el mal sentido, que tuvo la política argentina desde el asesinato del fiscal Alberto Nisman. La respuesta del gobierno a este triste episodio fue lamentable. La misma noche del ataque el gobierno básicamente culpó a los medios periodísticos, a la justicia y a la oposición. La sociedad está más dividida que nunca y la opinión pública está quebrada, con un gobierno que empezó a acusar a la oposición y puntualmente a los medios de haber generado un discurso de odio, con una falta absoluta de autocrítica. El kirchnerismo siempre tensó la disputa política, es un movimiento que siempre confronta, no dialoga.
—¿Cristina Kirchner es la figura más polarizante del país en este momento?
Sin duda, ella es la más polarizante. También debe ser, con la excepción del presidente, una de las dirigentes de Argentina con peor imagen. Algunos sondeos que se hicieron inmediatamente después de ese hecho generaron también una opinión muy adversa respecto de cómo leyó la sociedad este hecho por una secuencia de situaciones que generan muchas suspicacias, en una sociedad muy desconfiada ni siquiera una imagen tan elocuente como la que se vio logra convencer, eso es muy impresionante.
—Se habló mucho de cómo el atentado elevó la desconfianza y la desinformación. Hubo teorías que ponían en duda el hecho...
Esta es una sociedad que está tremendamente polarizada, donde los hechos básicamente son denigrados y donde la gente actúa casi por convencimiento dogmático. Especialmente dentro del oficialismo hay un dogmatismo muy fuerte, y eso hace que sea imposible en algún punto la convivencia. Es una sociedad que ha perdido la capacidad de diálogo y que además tiene mucha incertidumbre.
— ¿Qué alimenta la incertidumbre?
Es que al tema político y la polarización se añade una inflación que ya ronda el 100% anual, con una pobreza que ya afecta a alrededor del 50% de la población. Todo esto en un sistema político muy endeble, entonces la economía está gritando fuerte, está dando señales de alerta muy grandes. Y hay una cuestión más, temporalmente la sensación que tiene la gente es de mucha impotencia porque todavía estamos lejos de las elecciones, que es el momento donde el pueblo habla y se expresa en las urnas.
— El atentado despertó un debate sobre la necesidad de dictar, por parte del oficialismo, una ley que regule los “discursos de odio”, algo que la oposición considera un límite a la libertad de expresión. ¿Qué implicaría concretar esa medida? ¿Cuál es el objetivo real de plantearla?
El solo hecho de plantear esa ley genera efectos concretos en la sociedad, especialmente en el periodismo y en los periodistas más jóvenes porque este tipo de efervescencia que surge desde el punto más alto de la política donde se agrede a quien escribe una crítica o publica un dato genera un efecto en los periodistas más jóvenes, genera autocensura. Entonces creo que solo plantearlo tiene ya una gravedad institucional muy grande, más allá de que una iniciativa así no debería ser aprobada, al menos no con la conformación que el Congreso tiene hoy.
— ¿Cómo quedó el gobierno tras el atentado? ¿En qué posición quedó el presidente Alberto Fernández?
El presidente desde ya hace algún tiempo ha delegado el poder. Alberto Fernández se ha quedado básicamente en un lugar de protocolo, es un mandatario sin poder, casi un expresidente en ejercicio. La verdad es que su percepción social no ha cambiado demasiado porque ya estaba muy desfigurada. El atentado contra la vicepresidenta básicamente neutraliza su mal momento y por ahora no ha generado ningún efecto.
La investigación policial y judicial ha sido muy deficiente. El gobierno mostró una enorme ineficiencia para defender a sus objetivos porque la imagen es concreta, alguien gatilló un arma a menos de un metro de la vicepresidenta. Una de las cosas que generó muchísima bronca entre la gente que sigue el caso fue que el celular del atacante fue borrado por la policía federal, esto genera esta situación de que estamos casi en medio de una anarquía, donde las cosas no funcionan y cualquier cosa puede pasar, donde no hay una autoridad que genere un orden político claro.
— Además, el gobierno hasta hace poco decía que la justicia...
El gobierno venía arremetiendo contra la justicia de una manera muy violenta. Cristina Kirchner ha dicho muchas veces que ella no es que no quiera ser condenada, sino que no debería siquiera ser juzgada, que a ella la juzgará la historia. Todo el gobierno, incluso todo el peronismo al que ya prácticamente no se le nota el pulso más allá del kirchnerismo, tiene un discurso de una crítica muy violenta hacia la justicia, acusándola de persecución política. Eso no ha cambiado nada.
— Las manifestaciones a favor de Kirchner aumentaron desde que la fiscalía pidió 12 años de prisión en su contra. ¿Qué tan sólido ve este caso judicial?
Hay muchísimas pruebas, es uno de los juicios para los que más pruebas se han conformado, para mí tiene mucha solidez la acusación del fiscal contra ella. Después habrá que encuadrar esos hechos y ahí sí puede haber digresiones entre una mirada y otra respecto de qué tipo de figura legal le cabe, pero yo he visto pruebas sólidas en ese caso, es una acusación absolutamente sólida.
—Ha dicho que la vicepresidenta no pretende ser sobreseída o indultada. ¿Cuál es el escenario que busca?
Ella se considera por encima de la ley, eso lo ha dicho. Su defensa no ha sido nunca una defensa jurídica, sino política, afirmando que la persiguen. Lo que hace Cristina Kirchner al decir que no tiene nada que contestar es un desafío al poder judicial.
—¿Se teme violencia en la etapa de los alegatos que está en curso?
Con este nivel de crispación, que además está fomentado por la élite política y el kirchnerismo, puede pasar cualquier cosa. Si me preguntas qué podría pasar, sobre todo llegado el momento de una eventual sentencia, la verdad que podría pasar cualquier cosa. Porque no se ve a las élites del kirchnerismo poniendo paños fríos sobre el asunto, el gobierno respondió generando aún más crispación.
—Fernández también espera el inicio de otro proceso oral en su contra por el Caso Cuadernos de la Corrupción, que usted investigó. ¿Qué se espera de este caso?
Todos estos casos están en diferentes instancias judiciales. Ella tiene otro más relativo a unos hoteles que se usaban para generar dinero blanco a la familia. También está el caso de los cuadernos. Esos son los tres casos más importantes que ella tiene en su contra, todos están elevados a juicio. El juicio de los cuadernos está en un plano procesal de elevación a juicio, cuando empiece será un juicio que llevará mucho tiempo. En este de vialidad en el que se la está juzgando ahora hay 12 imputados, pero en el de los cuadernos son 170.
—¿Cómo ha beneficiado lo del atentado y las manifestaciones los procesos contra Cristina Kirchner? ¿Ha cambiado en algo su situación judicial?
Yo no creo que esto no va a impactar negativamente, que la justicia va a seguir adelante con el proceso intentando nada menos que administrar justicia porque el no administrar justicia en nuestras democracias, digo nuestras porque compartimos esto en la región, es que no solamente se generan sociedades sin culpables, sino también sin inocentes y eso es uno de los problemas más grandes porque toda la clase política queda ‘sospechada’ y en esa sospecha todos se mueven más fácil, prima el pensamiento ‘que importa que tenga yo una causa si todos tenemos alguna’. Todas las democracias en América Latina debieran correr cada vez más fuertes para tener condenados, pero también inocentes. No creo que esto pueda impactar en el caso, hablaría muy mal de la justicia argentina.