Pesca ilegal: una ciudad flotante se mueve por los límites marítimos en Argentina

Kilómetros de profunda oscuridad es el paisaje hasta que finalmente en el frente de la cabina del avión -con esa extraña forma de ver el cielo que permiten los asientos del comandante- aparece la cadena de luces blancas de los barcos extranjeros que depredan los recursos naturales en un juego permanente con los límites de la zona económica argentina: esta verdadera ciudad de pesqueros es lo único que puede verse en la superficie del mar, tal como se pudo advertir LA NACION en un vuelo de observación organizado por el cineasta y piloto Enrique Piñeyro.

En cercanías del golfo San Jorge, frente a la provincia del Chubut, los pilotos sobrevolaron la flota a menos de dos mil metros de altura y parecía que casi era posible ver a los marineros mientras estaban ahí despiertos de madrugada, buscando las mejores posiciones en el caladero de calamar, muchas veces metiéndose dentro del área de uso económico exclusivo de la Argentina.

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Apenas fuera de esa zona, en en lugar conocido como milla 201, la actividad de los pesqueros extranjeros no está alcanzada por las reglamentaciones locales. Sin embargo, las oportunidades de llenar sus bodegas son mejores dentro del sector argentino. La profundidad cambia y el negocio se vuelve más favorable en las millas 196 o 197. Empieza allí el problema de la pesca ilegal, con perjuicios para la Argentina estimados en mil millones de dólares.

El patrullaje de la Armada y la Prefectura puede ser efectivo si detectan no solo el movimiento de las pesqueros dentro del área argentina -ya que por las leyes internacionales no puede impedirse la navegación de un buque- sino que también debe ser visualizado el trabajo de pesca de la tripulación. Solo de esa manera puede iniciarse un proceso judicial de inspección o captura del barco infractor.

Conociéndose esa limitación en la actividad de prevención, más de 470 pesqueros se posicionan desde enero psado apenas fuera del límite, donde su actividad no tiene regulación oficial y esperan el momento de dar su golpe.

En la noche de este jueves, bajo el cielo despejado de un banco de pesca repleto de las luces utilizadas para extraer los frutos del mar, cuando el avión apareció volando en círculos sobre la flota, los ‘boteros’ comenzaron a huir con las precarias embarcaciones hacia aguas internacionales. Su movimiento es casi imperceptible pero los pilotos lo señalan; son pequeños barcos oxidados, que se mueven lentos en la inmensidad del Atlántico.

El punto clave está en el combustible que requieren para moverse: según reiteradas denuncias públicas, reciben subsidios estatales en oriente, y atracan también en puertos de países cercanos a la Argentina para reabastecerse, aunque muchas veces la logística de esas flotas les permite a los pesqueros reaprovisionarse en alta mar.

Este límite internacional lejano sólo es habitado por los pescadores y por grupos de agentes estatales, federales y de las fuerzas armadas. La Armada y la Prefectura se complementan este año en las tareas de patrullaje en forma más intensiva después de un acuerdo firmado el pasado 21 de octubre entre el ministro de Defensa, Agustín Rossi, y la ministra de Seguridad, Sabina Frederic.

El más reciente informe oficial-titulado El Gobierno Nacional trabaja para evitar y neutralizar la pesca ilegal- señaló: “En un esfuerzo conjunto de los ministerios de Seguridad, de Defensa, de Relaciones Exteriores y Culto, y de Agricultura, Ganadería y Pesca por afirmar la soberanía argentina y evitar la depredación de los recursos naturales en nuestras aguas, la Prefectura Naval Argentina realiza diariamente exhaustivas tareas para prevenir, desalentar y evitar la pesca ilegal que pudiera ocurrir en Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA)”.

Y se explicó en el comunicado oficial: “Este trabajo mancomunado permitió que, desde fines de 2020, la Prefectura haya identificado y realice un seguimiento pormenorizado y diario de 314 buques pesqueros (240 provenientes del Pacífico, 65 del Atlántico sur y 9 del Atlántico norte)”.

La organización ambientalista internacional Greenpeace, por su parte, alertó sobre la depredación de los recursos en el Atlántico sur y estableció en un reciente documento que más de 470 pesqueros operan en esa zona del Atlántico sur.

Por otro lado, el informe indicó: “Los buques de bandera extranjera que se acercan a la zona adyacente a la ZEEA provienen, centralmente, de tres rutas de navegación: desde el Océano Pacífico (ingresando por el Estrecho de Magallanes), desde los Océanos Índico y Atlántico y por el Atlántico Norte”. Existen, a su vez, datos sobre las operaciones en la zona patrullada por la Armada, que también dan cuenta de la existencia de importantes flotas de pesqueros que se establecen en la milla 201 y que apagan los identificadores satelitales cuando ingresan ilegalmente algunas pocas millas en el área argentina para pescar en mejores condiciones durante algunas horas y navegar nuevamente a la seguridad de la zona internacional.

Desde diciembre pasado fue monitoreado en forma cotidiana el movimiento de la flota que navegaba en el Pacífico rumbo al caladero de calamares ubicado en forma perpendicular al golfo San Jorge. Esos barcos operaron en los meses anteriores frente a la costa de Ecuador, donde hay otra área con importantes recursos ictícolas y cuando terminen sus tareas en el Atlántico sur (a mediados de junio) harán el trayecto inverso, en la mayoría de los casos sin tocar puerto.

La problemática ha despertado también debate al interior del mundo diplomático de la política, en este punto, desde el Poder Ejecutivo, también se detalló en el reciente comunicado publicado para difundir información oficial sobre la seguridad nacional del mar argentino: “Cabe destacar los avances sustantivos que el Gobierno argentino realizó en la materia durante 2020, a través del impulso a dos leyes que fueron sancionadas por el Poder Legislativo: por un lado, la reforma al Régimen Federal de Pesca, la cual aumenta las multas para la pesca ilegal en el Mar Argentino, y por otro, la demarcación del límite exterior de la Plataforma Continental Argentina, ésta última como resultado del trabajo ininterrumpido realizado durante más de dos décadas por la Comisión del Límite Exterior de la Plataforma Continental (COPLA), dependiente de la Cancillería argentina”.

Y concluyó el comunicado: “El nuevo régimen de multas es variable en base a unidades de valor relacionadas al costo del combustible, con montos equivalentes que van de los 500 mil litros a los 3 millones de litros de gasoil, de acuerdo a la gravedad del delito, con un piso de 25 millones de pesos y un techo de 150 millones de pesos, considerando los valores de mercado actuales. En el caso de embarcaciones extranjeras, la penalidad aplicable es la más alta ya que se trata de buques que pescan sin permiso de la Argentina. Adicionalmente, la autoridad de aplicación puede disponer la captura y retención del buque de bandera extranjera en puerto hasta que, previa sustanciación del respectivo sumario, se haga efectivo el pago de la multa. La nueva ley permitió la captura de tres buques y el cobro de multas por 250 millones de pesos que ya se hicieron efectivos en 2020″.

En esa línea el comandante del vuelo civil realizado este jueves con el objetivo de advertir a la sociedad sobre esta problemática, Enrique Piñeyro -piloto, cineasta que anticipó la tragedia aérea de LAPA y promotor de rescates humanitarios en zonas de conflicto- dijo a LA NACION: “La depredación de los recursos naturales necesita de una decisión política urgente; porque va a terminar no sólo en una depredación económica sino en un desastre ecológico. Necesitas aviones y barcos rápidos”.

Y agregó: “Hoy, cuando vieron el avión, comenzaron a irse; primero es necesaria la detección, luego el control y finalmente la intercepción y el secuestro de los barcos. Si esto se sostiene en el tiempo, disuade a cualquiera. Porque perdés el barco y la carga es decomisada”.

La pesca ilegal en el Atlántico sur preocupa a las autoridades argentinas, a organizaciones no gubernamentales y también a Washington. Las ganancias obtenidas por la flota china -la de mayor presencia en esta zona- no pasaron desapercibidas por el gobierno norteamericano. Este año, los Estados Unidos buscaron tener presencia en el lugar y ofrecieron la colaboración de un buque de la Guardia Costera para patrullar el área, propuesta que fue rechazada en febrero pasado por el Gobierno.

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