Así fue el plan de Bolsonaro para dar un golpe de Estado en Brasil y quedarse en el poder

Uno de los grandes protagonistas de esta trama es Mauro Cid, quien fue un estrecho colaborador de Bolsonaro durante su Gobierno y que ahora es un colaborador de la justicia tras pasar cuatro meses en prisión.

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Las pruebas contra Bolsonaro incluyen pantallazos de conversaciones por WhatsApp entre los sindicados y un video clave.

El video, que está en poder del Supremo Tribunal Federal de Brasil, es de una antigua reunión de la cúpula del Gobierno en la que Bolsonaro llama a “hacer alguna cosa” antes de las elecciones presidenciales del 2022.

La amplia investigación de la policía federal, originada tras los ataques de simpatizantes de Bolsonaro contra los edificios de los poderes del Estado en Brasilia el 8 de enero del 2023, es conducida por el magistrado supremo Alexandre de Moraes, quien autorizó la divulgación del video después de que ciertos extractos fueran publicados en medios brasileños.

Esto es lo que se sabe del caso.

El 5 de julio del 2022, tres meses antes de las elecciones, Bolsonaro celebró una reunión oficial en el palacio de Planalto con ministros y altos funcionarios. Dicha cita quedó registrada en video.

Al inicio, el ministro de la Contraloría General preguntó a Bolsonaro si la reunión estaba siendo grabada, a lo que el mandatario respondió que solo se registrará su propio discurso. Sin embargo, como indica el diario español El País, también se grabó al resto de asistentes.

“Todos aquí (...) tenemos algo que perder. No podemos dejar que lleguen las elecciones y que ocurra lo que está pintando (...). Vamos a tener que hacer alguna cosa antes”, dijo Bolsonaro durante la reunión.

El expresidente, en línea con otras declaraciones suyas ya conocidas, se quejó del proceso electoral y sostuvo que este se está inclinado injustamente en su contra. Luego manifestó que si no se “reacciona” antes de los comicios se desatará el “caos” en el país, una “gran guerrilla”, y una “hoguera”.

Bolsonaro también acusó a varios magistrados del Supremo Tribunal Federal de estar “preparando todo” para que Lula da Silva gane de forma fraudulenta en la primera vuelta de las elecciones del 2 de octubre del 2022.

“Estoy en la línea de contacto con el enemigo”, dijo en otro momento el entonces ministro de Defensa, el general Paulo Sérgio Nogueira, en referencia a sus interacciones con el Tribunal Superior Electoral para garantizar que las urnas sean seguras.

Mientras que uno de los generales ministro, Augusto Heleno, entonces jefe de los servicios secretos, dijo: “Si tenemos que dar un golpe en la mesa, es antes de las elecciones. Aquí no hay revisión del VAR [como en el fútbol]”.

El video estaba en la computadora de Mauro Cid.

Ya antes de esa reunión, como recuerda el diario estadounidense The New York Times, Bolsonaro públicamente había empezado a sembrar dudas sobre la seguridad de los sistemas electorales de su país, de las máquinas de votación electrónica, y había advertido de que, si perdía, sería por culpa de un fraude.

De acuerdo con la acusación publicada el jueves, el 19 de noviembre del 2022, después de perder las elecciones con Lula y dos meses antes de entregar el poder, Filipe Martins, uno de los principales asesores de Bolsonaro, le llevó un borrador de un documento legal en el que se afirmaba que el Supremo Tribunal Federal de Brasil había interferido de manera ilegal en los asuntos del Poder Ejecutivo. El documento ordenaba el arresto de dos jueces supremos y del presidente del Senado y convocaba a nuevas elecciones presidenciales, según la policía federal.

El NYT indica que Bolsonaro ordenó cambios en ese documento para que solo se detuviera a uno de los jueces supremos, el magistrado Alexandre de Moraes, quien actualmente supervisa las investigaciones sobre Bolsonaro y sus aliados.

Una vez que el documento fue actualizado, el 7 de diciembre del 2022 el entonces presidente convocó a la cúpula de las Fuerzas Armadas, los generales Marco Antonio Freire Gomes (Ejército), Carlos Baptista (Fuerza Aérea) y el almirante Ailton Garnier (Marina) a la residencia presidencial para presentarles el escrito y presionar por un golpe de Estado, dijo la policía.

“El País” indica que el jefe de la Marina respaldó la idea de Bolsonaro. Mientras que los mandos del Ejército y de la Fuerza Aérea la rechazan.

Actualmente, el almirante Garnier está acusado de golpismo. La policía le incautó su teléfono y documentos.

El 9 de diciembre del 2022, Mauro Cid envió un audio al jefe del Ejército donde trata de convencerlo de participar en el intento de golpe de Estado. Le dice que “el presidente ha recibido varias presiones para que tome una decisión más dura, pero obviamente, ¿adónde va él usando las fuerzas?”. Y le anuncia que el mandatario ha recortado el decreto golpista.

Ese mismo día, indica El País, el general Estevam Theophilo Gaspar de Oliveira, entonces comandante de operaciones terrestres del Ejército, se reúne con Bolsonaro y acepta sumarse al golpe siempre y cuando el presidente firme un decreto que lo avale.

De acuerdo con la policía, Estevam Theophilo sería quien dirigiría la tropa golpista, y que miembros de las fuerzas especiales —los kids pretos (chichos de negro)— serían los encargados de detener al juez De Moraes.

En el documento hecho público la semana pasada también se revela que dos asesores de Bolsonaro habían estado vigilando a De Moraes para arrestarlo apenas se emita la orden de aprehensión.

De Moraes ha manifestado que la precisión de los asesores a la hora de conocer su agenda daba a entender que estos podrían haber estado utilizando tecnología para vigilarlo.

El 15 de diciembre del 2022, Walter Braga Netto, un general en la reserva, se mensajea por WhatsApp con un militar expulsado del Ejército por indisciplina.

“Amigo, desgraciadamente tengo que decirle que la culpa de lo que ocurre y va a ocurrir es del general Freires Gomes. En un combatiente no caben ni omisión ni indecisión”, escribe Braga Netto.

“Vamos a ofrecer su cabeza a los leones”, responde su interlocutor.

“Ofrece su cabeza. Es un cagado”, dice Walter Braga Netto.

Luego, el ejército de trolls bolsonaristas activan una campaña contra el jefe del Ejército. También arremeten contra el jefe de la Fuerza Aérea.

Ese mismo 15 de diciembre, sostiene El País, Mauro Cid intercambió unos mensajes de Whatsapp con un coronel de las fuerzas especiales al que le pregunta por el paradero de “la profesora”. Su interlocutor respondió que “por ahora solo vuelve a Brasilia para la toma de posesión del ladrón [en referencia a Lula]”. Los investigadores sostienen que la profesora es el juez De Moraes, que estaba siendo seguido.

Bolsonaro ha negado las acusaciones: “Nunca existió un intento de golpe en Brasil durante mi gobierno”, dijo en una entrevista al canal Record News difundida la noche del viernes de la semana pasada.

El 1 de enero del 2023, Lula da Silva asumió el poder en Brasil en una ceremonia en la que no participó Bolsonaro, que días antes se había ido a Florida, Estados Unidos.

El 8 de enero del 2023, miles de bolsonaristas radicales que estuvieron durante meses en el campamento golpista instalado ante el Cuartel General del Ejército para exigir un golpe de Estado militar, tomaron la plaza de los Tres Poderes en Brasilia y asaltaron los edificios del Congreso, el Supremo Tribunal Federal y la Presidencia.

Finalmente, el jueves de la semana pasada Bolsonaro y otras 28 personas fueron acusadas de manera formal de urdir un intento de golpe de Estado. Cuatro de ellos fueron detenidos, mientras que al expresidente le requisaron su pasaporte y se le prohibió salir del país.

El 18 de julio del 2022, en su campaña contra el voto electrónico,

Bolsonaro recibió a los embajadores extranjeros para expresarles sus dudas sobre el sistema de votación sin presentar pruebas. Por esa intervención, fue inhabilitado para presentarse a las elecciones hasta el año 2030.

Geraldo Monteiro, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad del Estado de Rio de Janeiro, le dijo a la agencia AFP que el caso representa el golpe más duro de la justicia contra Bolsonaro.

“Más duro” que cuando fue inhabilitado políticamente hasta el 2030 por desinformación, “puesto que ahora entramos en el ámbito criminal”, aseveró.

“Bolsonaro será seguramente detenido debido a su implicación directa en los preparativos de golpe de Estado”, anticipó Monteiro a la AFP.

Los delitos que la policía investiga son intento de golpe de Estado y de abolición del Estado de derecho democrático.

De acuerdo con AFP, los condenados por estas acusaciones en el ámbito de los actos golpistas del 8 de enero del 2023 han sido condenados a penas de hasta 17 años de prisión.