El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, habla durante un evento en Río de Janeiro, Brasil, el 16 de marzo de 2024. (Foto de Pablo PORCIUNCULA / AFP)
El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, habla durante un evento en Río de Janeiro, Brasil, el 16 de marzo de 2024. (Foto de Pablo PORCIUNCULA / AFP)
/ PABLO PORCIUNCULA
Agencia EFE

La (CIDH) destacó este jueves “avances” en el Gobierno brasileño de respecto al del de su antecesor, el ultraderechista , pero apuntó a una serie de áreas pendientes de mejoras.

El informe anual del organismo señaló que un 52 % de las 98 recomendaciones que hizo en 2021 tras una visita al país estaban parcialmente cumplidas en 2023, el primer año de mandato de Lula, frente a apenas el 23 % del año anterior.

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Eso demuestra “un claro avance y compromiso por parte del Estado de Brasil para cumplir con sus obligaciones internacionales de derechos humanos”, según la institución.

Entre las mejoras, la CIDH apuntó a las acciones de combate al trabajo esclavo puestas en marcha por el Gobierno de Lula y a los planes para crear un instrumento que dé seguimiento a las recomendaciones de la Comisión Nacional de la Verdad sobre los crímenes perpetrados durante la dictadura (1964-1985).

Pese a los avances, la institución dijo que todavía había “falta de acción y comunicación clara por parte del Estado en áreas esenciales para la garantía y protección de los derechos humanos”.

Entre las recomendaciones pendientes de cumplimiento está el número de defensores públicos, que la institución todavía considera “muy abajo del necesario” para la protección de los más vulnerables.

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Además, en materia de derechos LGTB, la CIDH valoró los avances en la jurisprudencia de la Corte Suprema, que dio luz verde a que las agresiones homófobas sean juzgadas como “injuria racial”, pero señaló que Brasil continúa siendo el país con más muertes violentas de miembros del colectivo.

En cuanto a los pueblos originarios, la institución se declaró “muy preocupada” por la aprobación en el Congreso de la ley del “marco temporal”, que limita los derechos de los indígenas a sus tierras ancestrales a aquellas que estos ocupaban en la fecha de la promulgación de la Constitución, el 5 de octubre de 1988.

Frente a estos retrocesos, la CIDH exhortó al Estado brasileño a “tomar acciones inmediatas y concretas en respuesta a estas preocupaciones, considerando siempre que la protección y garantía de los derechos humanos debe traducirse en cambios tangibles y efectivos en la vida cotidiana de las personas”.

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