Vista aérea de personas disfrutando de la playa Recreio dos Bandeirantes en medio de una ola de calor en Río de Janeiro, Brasil, tomada el 17 de marzo de 2024. (Foto de TERCIO TEIXEIRA / AFP)
Vista aérea de personas disfrutando de la playa Recreio dos Bandeirantes en medio de una ola de calor en Río de Janeiro, Brasil, tomada el 17 de marzo de 2024. (Foto de TERCIO TEIXEIRA / AFP)
/ TERCIO TEIXEIRA
Agencia AFP

Una propuesta de enmienda constitucional que podría hacer que las famosas playas de caigan en manos privadas suscitó rechazó entre ambientalistas y la opinión pública, en un país que se enorgullece de tener acceso abierto a sus vastas costas.

Brasil tiene una de las franjas litorales más largas del mundo, con alrededor de 7.500 kilómetros, que son de propiedad estatal y gestionadas por el gobierno.

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Pero en el Congreso avanza un proyecto impulsado por el senador Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, que nunca ocultó su sueño de crear un “Cancún brasileño”, en referencia al conocido destino turístico mexicano con grandes complejos hoteleros.

La propuesta de enmienda constitucional busca transferir la propiedad de tierras costeras a estados, municipios y privados.

Sus detractores afirman que ello repercutiría negativamente en la protección del paisaje y el medioambiente, además de impedir que la población acceda libremente a las playas.

Una audiencia pública en el Senado el lunes provocó indignación en las redes sociales.

Presionemos a los senadores para que voten en contra” de esta propuesta, dijo la actriz y activista ambiental brasileña Laila Zaid en un video de Instagram, visto casi un millón de veces.

Leticia Camargo, que coordina un grupo de trabajo sobre conservación marina en el Congreso, dijo a la AFP que la propuesta podría dejar el camino libre a una “fuerte presión de intereses inmobiliarios”.

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Además podría conducir a “una mayor ocupación de tierras marinas, en un momento en que el cambio climático hará cada vez más frecuentes las tormentas y la erosión costera”.

Las preocupaciones van más allá de lo ambiental: “Meterse con algo tan importante de la cultura brasileña, como es nuestro acceso y nuestro uso de la playa, es un asunto serio”.

La ley brasileña, que declara las playas bienes públicos, impide los masivos resorts, casinos y playas privadas que existen en otros países.

La propuesta ya obtuvo luz verde en la Cámara de Diputados y Camargo estima que podría ser aprobada por la comisión de constitución y justicia del Senado, donde la oposición de derecha tiene mayoría.

Luego pasará al pleno del Senado para su votación.

Camargo confía en que la presión ciudadana pueda detener la enmienda.

Según medios locales, el presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, no planea por el momento incluir el asunto en la agenda para votación.

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Flavio Bolsonaro calificó en la red social X de “noticia falsa” la información según la cual la enmienda busca “privatizar las playas”. Según él, concierne solo a “zonas ya ocupadas”.

Para Daniel Capecchi, profesor de derecho constitucional en la Universidad Federal de Río de Janeiro, el proyecto tiene una “posibilidad considerable” de ser aprobado si es sometido a votación.

Sin embargo, dijo que si los estudios demuestran que el cambio tendrá un “impacto ambiental severo”, podría ser impugnado ante los tribunales como una violación de “los principios fundamentales de la Constitución” sobre la conservación del medioambiente.

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