No deja de ser anecdótico que en el 2018, de la mano de , Wilson Witzel fuese electo gobernador de bajo la promesa de luchar contra la corrupción y realizar una “limpieza política”, y tan solo un año y medio después no solo se haya convertido en un férreo rival político del mandatario brasileño sino que enfrente un proceso de impeachment en su contra por acusaciones de corrupción.

El miércoles la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro aprobó con 69 de 70 votos posibles iniciar un juicio político contra Witzel por sospechas de fraude en la lucha contra el coronavirus durante su administración. En total, el órgano parlamentario recibió solicitudes de hasta 14 miembros diferentes para iniciar este proceso contra el gobernador.

El impeachment va de la mano con el registro a diferentes propiedades vinculadas a Witzel -incluido el Palacio de Lanjeiras, oficina del gobernador- que realizó la Policía Federal el pasado 26 de mayo en el marco de una investigación sobre el desvío de fondos federales para la construcción de hospitales de campaña durante la crisis del coronavirus.

El 26 de mayo la Policía Federal registró diferentes propiedades vinculadas a Witzel -incluido el Palacio de Lanjeiras, oficina del gobernador- en el marco de una investigación sobre el desvío de fondos federales para la construcción de hospitales de campaña durante la crisis del coronavirus. (Foto: Pilar Olivares / Reuters)
El 26 de mayo la Policía Federal registró diferentes propiedades vinculadas a Witzel -incluido el Palacio de Lanjeiras, oficina del gobernador- en el marco de una investigación sobre el desvío de fondos federales para la construcción de hospitales de campaña durante la crisis del coronavirus. (Foto: Pilar Olivares / Reuters)
/ PILAR OLIVARES

La intervención, parte de una megaoperación que incluyó 12 registros similares en Río de Janeiro, en la que las autoridades incautaron los teléfonos del gobernador y su esposa, fue celebrada por Jair Bolsonaro, quien anunció que habría “más investigaciones”. Cabe recordar que la Policía Civil de Rio de Janeiro investiga a Flavio Bolsonaro, hijo del presidente y senador por ese estado, por movimientos financieros atípicos en su cuenta bancaria y la de 74 excolaboradores suyos.

Según Witzel, la policía de Río tiene “pruebas suficientes” para detener a Flavio, por lo que no ha dudado en suponer que la megaoperación en su contra es una “interferencia evidente” del gobierno federal y “la instalación en el país del fascismo, (de una) dictadura persecutoria”.

Originario de Jundiaí, de 52 años, exjuez federal y exmarino, Witzel ganó la elección del 2018 como miembro del Partido Socialista Cristiano con un discurso más cercano a la ultraderecha de Bolsonaro pero que se fue inclinando hacia la centroderecha tras su llegada al poder, con acciones como la lucha contra la violencia policial en el estado.

Su relación con el mandatario se terminó de resquebrajar con la pandemia, mientras que Bolsonaro se oponía a dictar medidas de cuarentena y distanciamiento social por temor al impacto económico que podría causar, Witzel implementó una cuarentena parcial en su estado, que aunque sin ser obligatoria dictaba recomendaciones y restricciones comerciales.

Las diferencias llevaron a que Witzel señalara que Bolsonaro podría ser sancionado por el Tribunal Penal Internacional y ser destituido por su “actitud de menosprecio a la vida” durante la pandemia. Además, insinuó una probable alteración mental del mandatario al señalar que “algunos juristas defienden la necesidad de la realización de una investigación psiquiátrica (a Bolsonaro). Pero es necesario que eso sea en el marco de un proceso”.

Sobre el proceso en su contra, Witzel emitió un comunicado donde aseguraba recibir “con espíritu democrático y resiliencia la noticia de la tramitación del proceso de impeachment” y decía estar “absolutamente tranquilo sobre mi inocencia”.

Voy a seguir en mis funciones como gobernador y me prepararé para la defensa. Tengo certeza de que los parlamentarios juzgarán los hechos como verdaderamente ocurrieron”, añade el gobernador cuya suerte recaerá en un comité especial compuesto por cinco diputados, cinco jueces y el presidente del Tribunal de Justicia del estado.

No es un dato menor recordar que los cuatro predecesores de Witzel en el cargo han tenido problemas con la justicia, entre ellos figura Sergio Cabral -en el cargo del 2007 al 2014, condenado a una serie de penas por corrupción que en total suman casi 300 años de cárcel.

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