“Si sigues con esto, me veré obligado a arrestarte”. La reunión que tuvo el entonces presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, con los tres altos mandos de las Fuerzas Armadas no salió como esperaba. Era 24 de noviembre del 2022 y Lula da Silva le había ganado las elecciones en la segunda vuelta, algo que el mandatario ultraconservador no estaba dispuesto a aceptar. Ese día, Bolsonaro quería que los militares secundaran un golpe de Estado y desconocieran los resultados electorales. El comandante de la Marina, el almirante Garnier Santos, se puso a disposición; el jefe de la Fuerza Aérea prefirió no involucrarse; pero el comandante del Ejército, Marco Antonio Freire Gomes, se negó al complot y lo amenazó con arrestarlo.
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El revelador testimonio se conoció en setiembre del año pasado, cuando Mauro Cid, ex teniente coronel y exasistente de Bolsonaro, se presentó ante la Justicia como parte de los juicios que aún se realizan por las revueltas del 8 de enero del 2023, el día en que la democracia brasileña estuvo en juego.
Hace exactamente un año, miles de seguidores del expresidente brasileño inundaron la capital y asaltaron violentamente las sedes del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial poco después de que Lula da Silva prestara su juramento como nuevo presidente de Brasil. Señalaban a voz en cuello que la elección había sido un fraude y que no aceptaban el regreso al poder del líder socialista. Emulando el Asalto al Capitolio del 6 de enero del 2021, cuando los seguidores de Donald Trump irrumpieron en el Congreso estadounidense, los bolsonaristas arrasaron con todo a su paso.
Con la supuesta complicidad de la policía de Brasilia -algo que aún está en investigación- los radicales saquearon oficinas, destrozaron monumentos, quemaron documentos y pretendían acampar hasta no ver a su líder de regreso al Palacio de Planalto.
Pero Bolsonaro ya estaba en Miami y, hasta el día de hoy, ha negado haber organizado las revueltas. La comisión del Congreso que investiga el intento de golpe de Estado, ha acusado al exmandatario de ser el “autor intelectual” de una trama para derrocar a Lula da Silva y de atacar las instituciones del Estado, y ha recomendado presentar cargos contra 61 personas, entre ellos cinco de sus exministros y 22 militares.
Estos cargos tienen que pasar aún por la Fiscalía, y por ahora el expresidente solo aparece como investigado por su presunto papel como instigador de la asonada. Sin embargo, ya se ha condenado a una veintena de personas de los casi 2 mil procesados. De ellos, 66 están en prisión, entre sentenciados y aquellos con prisión preventiva.
- Una polarización que se mantiene -
Un año después, las posibilidades de otro intento de golpe parecen mínimas, pero no están descartadas. Los bolsonaristas más extremistas han disminuido sus protestas en las calles, aunque se mantienen activos en redes sociales.
“El discurso de polarización permanece, pero sin la fuerza que tuvo Bolsonaro cuando fue candidato o presidente de la República”, señala a El Comercio Daniela Neves, politóloga y docente de la Universidad Federal de Integración Latinoamericana (Unila).
“Después de los ataques del año pasado, el activismo de los bolsonaristas en las calles ha disminuido debido a que el impacto negativo fue muy alto. La polarización sigue, pero en términos del discurso político en el país”, comenta por su parte Leandro Lima, analista senior de Control Risks.
Pero que el bolsonarismo haya bajado el tono, no quiere decir que la oposición a Lula y al PT (Partido de los Trabajadores) haya disminuido, solo que la asonada golpista fue muy impactante y los juicios que se están llevando a cabo contra los manifestantes están haciendo repensar las estrategias de la extrema derecha.
“Las condenas están siendo muy duras, porque el Poder Judicial interpreta estos juicios como una herramienta de escarmiento, para que sean ejemplos de que un ataque contra las instituciones democráticas no puede pasar otra vez”, afirma Lima.
Como una manera de reivindicar la democracia y los procesos legales en curso, el presidente Lula da Silva convocó para hoy un acto especial para recordar y rechazar el ataque a los poderes del Estado, en el que participarán varios ministros, así como líderes parlamentarios y miembros de la Corte Suprema.
- Bolsonarismo sin Bolsonaro -
Otro factor a considerar es que el líder de este movimiento de ultraderecha en Brasil ha sido desalojado del barco, por ahora. En junio pasado, el tribunal electoral prohibió a Bolsonaro postularse u ocupar un cargo público durante ocho años, con lo cual se quedó fuera de carrera para los próximos comicios presidenciales del 2026.
“Bolsonaro aún mantiene el liderazgo político, sin embargo, al no poder ser elegido hasta dentro de ocho años, él y su grupo pierden fuerza electoral. Pero la extrema derecha se mantiene fuerte y busca espacio para otros líderes, que deberían consolidarse en las elecciones municipales que se realizarán en octubre de este año”, apunta Neves.
Pese a todo, el núcleo duro del bolsonarismo no ha disminuido, al menos en el papel. Según una encuesta del pasado noviembre de la empresa Datafolha, aquellos que se declaran petistas (afines al Partido de los Trabajadores y a Lula) rondan el 30%, mientras que los bolsonaristas suman el 25%, una cifra en la que se mantiene desde hace unos años.
Para Lima, el objetivo de Bolsonaro es mantenerse relevante: “Como expresidente y líder de la derecha que emergió en los últimos años, no puede estar al margen de la política. Pero su inhabilitación pone el foco sobre quién sería su sucesor para las elecciones del 2026. Podría ser uno de sus hijos, su esposa o el gobernador de Sao Paulo, Tarcisio Freitas, quien fue ministro de Bolsonaro y podría liderar electoralmente al bolsonarismo”.
Un año después, la amenaza de un nuevo golpe de Estado en el gigante de Sudamérica parecería solo un mal recuerdo. Sin embargo, los extremismos -de ambos lados- no han desaparecido y pueden encender la llama en cualquier momento.
El asalto al Capitolio llega a su tercer aniversario y la responsabilidad de lo ocurrido aquel 6 de enero sigue dividiendo a los estadounidenses.
Una Comisión Especial del Congreso dedicada a investigar los hechos señaló al expresidente Donald Trump como el principal responsable de que una violenta turba de sus seguidores irrumpiera aquel día en el Parlamento, un hecho sin precedentes que dejó 9 muertos y más de 150 policías heridos.
Hasta el momento, 1.230 personas fueron acusadas, mientras que 750 han sido condenadas. La pena más alta la recibió Enrique Tarrio, el exlíder del movimiento ultraderechista Proud Boys, con 22 años de cárcel.
Está previsto que en marzo Trump vaya a juicio por intentar subvertir las elecciones del 2020.