El trágico final de dos amantes del medioambiente en el corazón de la Amazonía no solo ha llenado a Brasil de luto e indignación, sino que ha puesto de relieve la dinámica del crimen en una zona en la que operan narcotraficantes, mineros, pescadores y madereros ilegales. Con la revelación del asesinato del periodista británico Dom Phillips y del indigenista brasileño Bruno Araújo Pereira, los llamados a investigaciones profundas e imparciales han aumentado, así como las críticas al presidente Jair Bolsonaro y su gobierno.
Phillips y Araújo desaparecieron el 5 de junio cuando navegaban en un río en el Vale do Javari, región selvática cercana a las fronteras de Brasil con el Perú y Colombia. Habían viajado hasta allá para recoger material para el libro en que el periodista trabajaba sobre las amenazas que sufren los indígenas en la región. Tras diez días de intensa búsqueda, la investigación dio un vuelco el miércoles 15.
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Amarildo da Costa de Oliveira, uno de los dos hermanos que habían sido detenidos como parte de las pesquisas, confesó el crimen y condujo a la policía al lugar donde dijo haber enterrado los cuerpos. La Policía Federal (PF) halló ahí restos humanos, que este jueves 16 fueron enviados a Brasilia para su identificación.
Da Costa de Oliveira y su hermano habían sido recriminados en el pasado por Araújo por practicar la pesca ilegal en áreas prohibidas por ser de reservas indígenas.
En medio de la conmoción, diversas organizaciones ambientales expresaron su indignación y arremetieron contra el gobierno de Bolsonaro. Greenpeace aseguró que en los últimos tres años Brasil se ha ido configurando como la tierra de la ley del “todo vale”, alimentada por las “acciones y omisiones” del gobierno de Bolsonaro.
El mandatario ultraderechista, en el poder desde enero del 2019, también fue criticado por sus comentarios y postura sobre el caso, luego de que afirmara que la incursión de Phillips y Pereira en la selva era una “aventura no recomendable” y que el reportero británico era “mal visto” en la región amazónica por su labor informativa sobre las actividades ilegales.
“Talón de Aquiles de Bolsonaro”
El gobierno de Bolsonaro es acusado a menudo de alentar las invasiones de tierras indígenas con su discurso a favor de la explotación económica de la selva.
Greenpeace ha afirmado que en la Amazonía “vale la invasión y la apropiación de tierras; vale la proliferación de la minería; vale la extracción ilegal de madera, vale cualquier conflicto territorial... y vale la pena matar para asegurarse de que ninguna de estas actividades criminales se evite”.
“El medio ambiente siempre ha sido un talón de Aquiles para la administración de Bolsonaro. Desde el inicio del gobierno ha habido mucho retroceso en la preservación de la Amazonía, en la asistencia a las poblaciones indígenas y ribereñas, en el combate el tráfico y la extracción ilegal”, dice a El Comercio Luciana Santana, politóloga de la Universidad Federal de Alagoas e investigadora de la Red Politólogas.
Afirma que la gestión del actual gobierno brasileño ha estado marcada por reveses en esos temas. Según una investigación realizada por el Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazonía (Ipam), la deforestación en el bioma fue un 56,6% mayor entre agosto del 2018 y julio del 2021 que en el mismo período del 2015 al 2018. “Los aumentos consecutivos desde el 2018 son el resultado del debilitamiento de los órganos de control. Hay ausencia de sanción de los delitos ambientales, así como una reducción significativa de las acciones inmediatas de combate y control y retrocesos legislativos”, agrega Santana.
La Asociación Brasileña de Periodismo de Investigación (Abraji) afirmó que en los últimos años la labor de los periodistas y ambientalistas ha servido para mostrar los “récords” de los crímenes ambientales en la Amazonía, así como los asesinatos de activistas y los recortes en los organismos de control ambiental.
Santana enfatiza que es necesario combatir las actividades ilegales en la Amazonía y que el estado debe rendir cuentas por todas las muertes registradas como causa de ese problema.
¿Afectará su campaña?
En ese panorama conviene preguntarse qué tanto puede complicar el doble crimen del periodista británico y del experto indígena a Bolsonaro en un año electoral. El mandatario busca su reelección en los comicios presidenciales de octubre, pero hasta ahora está detrás del exgobernante Luiz Inácio Lula da Silva en la contienda.
Para Santana las repercusiones de la muerte de ambos defensores de la Amazonía debería tener un impacto negativo en la candidatura de Jair Bolsonaro. Pese a ello destaca que, “desafortunadamente, Brasil tiene un jefe de estado que no aprecia los derechos humanos y los principios básicos de la Constitución Federal brasileña”, algo que ya era conocido por el país.
Ana Tereza Duarte, candidata a doctora y máster en Ciencia Política por la Universidad Federal de Pernambuco (UFPE), apunta que Bolsonaro nunca ha escondido que no tiene interés alguno en temas de derechos humanos o en la preservación del medioambiente.
“Sus votantes ya sabían quién era y sus opiniones respecto a esos temas, pues Bolsonaro siempre lo dejó muy claro. Muchos de los diputados que lo apoyan están vinculados al agronegocio y para ellos las cuestiones ambientales no son nada importantes”, dice a este Diario.
Agrega que por ello no hubo mayor trabajo por parte del gobierno en relación a las cuestiones ambientales y eso era algo que ya se esperaba desde su campaña electoral en el 2018. “Brasil es el cuarto país del mundo en el que ha habido más asesinatos de ambientalistas”, lamenta la experta.
Apunta que si bien el país firmó en el 2018 el Acuerdo de Escazú, el primer tratado ambiental de América Latina y el único del mundo orientado a proteger a los activistas ambientales, “los acuerdos internacionales deben ser confirmados por el Senado y eso todavía no sucedió con dicho acuerdo, como hubiera sido lo esperado una vez que Bolsonaro llegó al poder, así que no creo que estos temas cambien algo para los que lo apoyan”.