Berríos, de 65 años, era un connotado sacerdote jesuita, además de activista, escritor, columnista y fundador de algunas ONG como “Techo”.
Berríos, de 65 años, era un connotado sacerdote jesuita, además de activista, escritor, columnista y fundador de algunas ONG como “Techo”.
/ El Mercurio de Chile / GDA
Agencia EFE

La en anunció este martes en un comunicado una investigación canónica contra el célebre sacerdote Felipe Berríos, tras una denuncia por supuestos “hechos de connotación sexual” hacia una menor.

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La congregación detalló que Berríos fue inmediatamente suspendido de sus funciones hasta que concluya la indagación, que se abrió después de que el pasado jueves una mujer interpusiera una acusación en contra del religioso.

“Se dispondrá de todos los medios que sean necesarios para que esta investigación se efectúe con la mayor rigurosidad y celeridad, a fin de esclarecer los hechos denunciados y las eventuales responsabilidades”, explicó el comunicado.

Berríos, de 65 años, era un connotado sacerdote jesuita, además de activista, escritor, columnista y fundador de algunas ONG como “Techo”, una red latinoamericana de ayuda a quienes no tienen vivienda.

“Haré todo lo que sea necesario por conocer y aclarar los orígenes de esta denuncia y me he puesto, desde ya, a disposición de la Compañía para esclarecer los hechos con la mayor celeridad posible”, afirmó el religioso a un medio local.

Chile es uno de los países latinoamericanos más salpicados por denuncias de abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica y lleva más de una década sumando nuevos casos desde que salió a la luz el primer gran escándalo, del exsacerdote Fernando Karadima.

El caso de Karadima, denunciado por abusos sexuales reiterados a menores, remeció los cimientos de una de las instituciones más poderosas del país y en palabras del papa Francisco, destapó “una cultura de abuso y encubrimiento” en el seno de la Iglesia.

Según las últimas cifras publicadas por la Fiscalía, en 2021 seguían abiertas 65 investigaciones judiciales contra 116 personas relacionadas con la Iglesia católica, que implican a 220 víctimas, siendo la mitad menores de edad en el momento de los hechos.

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