“La clase política de Chile es completamente incapaz de resolver los problemas nacionales”

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El también escritor de 42 años, que aprovechó su visita para reunirse con congresistas peruanos, conversó con El Comercio sobre los desafíos que vienen para el proceso de redacción de una nueva Constitución, el desempeño de la izquierda chilena y la violencia como arma de desastabilización en la región.

—Su visita a nuestro país se produce en medio de llamados a protestar y ante una manifestación en la capital contra el Gobierno de Dina Boluarte. ¿Cómo ha encontrado al Perú?

Se ve un ánimo un poco pesimista, pero menos catastrofista del que había bajo el gobierno del presidente Pedro Castillo. Hay la sensación de que está costando mucho sacar el país adelante y ordenar el escenario político, y de que la presidenta está políticamente muy débil y que no hay seguridad de que vaya a terminar su período, incluso. Y, respecto a la manifestaciones, la parte positiva es que se han ido desgastando y que probablemente no lleguen a niveles como los que se han visto anteriormente y la gente ya está más preparada y creo que las protestas han perdido respaldo público, así que, desde ese punto de vista, el ambiente un poco más positivo.

—La presidenta del Consejo Constitucional chileno, Beatriz Hevia, dijo que Chile vive una crisis profunda en lo económico, lo político, pero sobre todo lo social ¿Concuerda usted o es un poco dramática tal aseveración?

Yo creo que ella sostuvo que vivimos también una crisis moral profunda y yo estoy de acuerdo. La crisis económica se ve en los datos, el país no crece desde hace 10 años, cuando Michelle Bachelet, en su segundo gobierno, destruyó completamente los fundamentos de la economía nacional, al menos desde el punto de vista de los impuestos y las regulaciones de las empresas. Entonces tenemos una economía estancada, mediocre, que no crece, que no crea oportunidades, el único empleo que aumenta de manera importante es el empleo estatal, cada vez más gente se quiere ir del país, sobre todo personas jóvenes, y eso nos ha sumido en una frustración social cada vez mayor.

La clase política es completamente incapaz de resolver los problemas nacionales desde el punto de vista del bienestar de la población. Sumado a todo lo anterior, tenemos la peor crisis de seguridad de la historia de Chile, producto de políticas también muy ideológicas y muy absurdas que han impedido que las policías puedan actuar, que las Fuerzas Armadas puedan actuar para controlar la frontera. También hay jueces que están ideologizados hacia la izquierda y fiscales que también están en una posición en contra del orden público y todo eso ha generado un clima de mucha crispación, desazón y la sensación de que no vamos a salir adelante.

—¿Se entiende entonces el descontento ciudadano en Chile?

Sí, por supuesto. Sin las reformas de Michelle Bachelet, entre el 2014 y el 2018, cuando ella gobernó con una ideología más socialista, no habríamos tenido la crisis del 2019 porque fueron sus reformas las que llevaron a un colapso de la inversión, a que se disparara la deuda pública, a que se estancara la creación del empleo privado y que los salarios de las personas dejarán de subir. Eso se le debe exclusivamente a Michelle Bachelet y su gobierno socialista. Y las personas votaron por Sebastián Piñera después pensando que iba a resolver esos problemas y no los resolvió, entonces entramos en crisis en el 2019, con mucha violencia promovida, amparada y legitimada por la izquierda. Y también con incidencia de Estados extranjeros, de Venezuela, probablemente.

Y, en definitiva, terminamos haciendo la nueva Constitución, las personas vieron que la izquierda les había mentido y los había engañado y votaron en contra de esa nueva Constitución. Hoy, además, tenemos al Gobierno de Gabriel Borich que está con un porcentaje de rechazo de más del 60% y la misma izquierda demostró que es completamente incapaz de sacar adelante el país y que además es muy deshonesta porque ahora estamos viendo escándalos de corrupción muy graves en el gobierno.

—¿Los encargados de elaborar la nueva propuesta de Constitución para Chile lograrán esta vez que la nueva ley fundamental sea aprobada en el plebiscito de diciembre?

Yo creo que no se va a aprobar porque la ciudadanía ya se desengañó de la idea de que la Constitución le va a resolver los problemas y mientras la clase política se dedica a discutir por tercer o cuarto año sobre una nueva Constitución, porque en Chile esto se viene discutiendo desde hace más de 10 años, bueno, mientras se dedican a eso, la delincuencia no se detiene, el terrorismo está fuera de control, los homicidios están marcando récords, tenemos una inmigración descontrolada, una economía que no despega y estancada, la gente tiene cada vez menos empleo, la informalidad crece, los salarios decrecen. Entonces los problemas reales de la gente no los están resolviendo, están dedicados a discutir una reforma constitucional.

—¿Qué mea culpa podrían hacer la derecha y los representantes del liberalismo en este escenario complejo? ¿Ve alguna responsabilidad o tal vez falta de acción?

Yo creo que en la derecha chilena no hay representantes del liberalismo, hay gente que es o más proclive a ciertas ideas de libertad, pero son, en general, socialdemócratas y ese es el reproche que la derecha puede hacer. La autocrítica es que fueron muy débiles frente a la izquierda, entregaron la Constitución sin tener por qué haberlo hecho. Esa era una demanda de la izquierda radical y jugaron el juego socialdemócrata de seguir subiendo impuestos, incluso la derecha le aprobó la reforma tributaria a Michelle Bachelet, la que destrozó los fundamentos del crecimiento económico chileno. Entonces ellos han sido cómplices, todo lo que es Chile Vamos, el Gobierno de Sebastián Piñera, con algunas excepciones, de la destrucción de Chile y de haber legitimado el discurso de que lo que más importaba era la igualdad y de haber llevado a una expansión del Estado sin demasiado freno y a un aumento de impuestos y del gasto, con lo cual también se disparó la corrupción, la ineficiencia, y la imposibilidad del país de salir adelante. O sea, la derecha fue parte de todo esto, parte del problema, por eso surge José Antonio kast, que es como la derecha más a la derecha, que viene aprovechando un vacío que dejó la centro derecha porque se movió mucho a la izquierda.

—¿Qué espera usted o cómo imagina que será la nueva propuesta de Carta Magna?

La propuesta se va a presentar en referéndum y va a ser mucho más razonable que la propuesta anterior, no tengo dudas. No tengo claro todavía el contenido de esta nueva propuesta porque no está disponible. Sí sé que los expertos han elaborado un texto que es mejor que el anterior, que era espantosamente malo, pero que es peor que lo que tenemos ahora, entonces, si es que el consejo logra corregir eso, vamos a tener una propuesta de buena Constitución para setiembre. Sin embargo, insisto, creo que se va a rechazar porque va a ser un rechazo a la clase política completa el referéndum de diciembre. Va a estar en juego la imagen de la clase política, en consecuencia, me da la impresión de que es poco probable, aunque no imposible, que se apruebe la Constitución que planteen de aquí a diciembre.

—¿Le preocupa la relación o la reacción que puedan tener el gobierno y el presidente Boric frente al trabajo del Consejo constitucional, teniendo en cuenta que ahora está dominado por el Partido Republicano?

No me preocupa para nada porque el presidente Boric y su gente del Partido Comunista, los que gobiernan, siempre han estado por un camino revolucionario de refundación del país, de creación de un autoritarismo de izquierda y eso es lo que hizo que se frustraran tanto la nueva Constitución que se rechazó y que abría la puerta para una dictadura de izquierda en Chile. La verdad es que es un gobierno políticamente muerto que todavía tiene algo de respaldo, pero si el gobierno sale a apoyar la nueva Constitución, cosa que veo improbable, con mayor razón se va a rechazar porque cualquier cosa que proponga el gobierno va a ser rechazada por la mayoría.

—¿Cree que la que la violencia se está contagiando en la región como un método de acción política? ¿Ve una tendencia o un modus operandi en América latina respecto a esto?

Sin ninguna duda, acá hay paralelismos demasiado claros y evidentes como para pensar que son incidentes aislados. Lo que le pasó a Ecuador cuando todavía estaba Lenín Moreno, lo que vimos en Chile con Sebastián Piñera, lo que se ha visto en el Perú con relación a la destitución de un presidente que intentó convertirse en dictador. Todo eso es un modus operandi idéntico, las narrativas son las mismas y la gente que lo impulsa y lo promueve es la izquierda radical que trabaja en red, que tiene vínculos muchas veces también con el crimen organizado y que hoy día se encuentra en la cabeza de países como Venezuela, Nicaragua o Cuba, también en Argentina, Colombia y en otros más. La verdad es que no podemos ser tan ingenuos de pensar que son incidentes puramente aislados. Acá hay una red que trabaja para desestabilizar nuestro países y son amigos, se juntan en el Foro de Sao Paulo, se codean con los intelectuales que también promueven estas ideas y tienen vínculos estrechos. No es casualidad lo que vemos.

—¿Cuál es la respuesta que deben dar los gobiernos frente a esta situación?

La respuesta es aquella a la que están obligados nuestros representantes que es respetar la Constitución y las leyes, o sea, eso es lo que juran cuando asumen sus cargos. Y eso implica que si es necesario usar las fuerzas de orden y seguridad, se deben usar las fuerzas de orden y seguridad porque son herramientas que están establecidas en el orden democrático constitucional. No se puede permitir que grupos de violentos destrozen la propiedad pública y privada, alteren el orden público y hagan imposible que todos los demás ciudadanos que quieren trabajar tranquilo puedan circular sin problemas. Esa es la obligación.

—Del otro lado, ¿cuánto empañan esta acción los abusos policiales que se registran?

Depende de la cantidad, de la dimensión de los abusos policiales. Yo tiendo a pensar, y en Chile fue el caso, que gran parte de lo que se anuncia es mentira, es simplemente parte de la guerra en contra del orden establecido de los grupos extremistas. Y sí pueden haber caso aislados de abuso policial, pero hay que entender que la función policial es una función impredecible por naturaleza. Es muy fácil estando en una oficina tranquilo condenar y criticar a oficiales que están enfrentando la agresión de turbas de miles de personas, a veces también armadas, que les lanzan bombas molotov, etcétera. Cuando uno está en esta actividad de conflicto físico, que es impredecible por definición, van a ocurrir accidentes. Y eso hay que separarlo de casos puntuales donde hay abusos específicos, como policías que tomaron detenido y después lo han maltratado.

En un conflicto donde tú estás defendiendo el orden público como funcionario policial y te están atacando por todas partes, no sabes por dónde va a venir la próxima agresión, es evidente que va a haber reacciones de estos seres humanos porque finalmente los policías son seres humanos con derechos humanos. Los responsables no son los policías, son los que incitan la violencia. A los policías y a las Fuerzas Armadas los mandan la clase política, el gobierno, a que restablezcan el orden para que los demás ciudadanos puedan seguir viviendo una vida civilizada y si hay un pequeño grupo que no lo quiere permitir ese grupo tiene que ser neutralizado y si es necesario usar las armas para eso tienen que usarse las armas porque eso es lo que establecen la Constitución y las leyes.