Estado plurinacional y tribunales indígenas: ¿Cuáles son las propuestas que buscan entrar en la nueva Constitución de Chile?

El nuevo documento era el reclamo masivo del estallido social del 2019, cuando miles de chilenos salieron a las calles durante meses para quejarse por la desigualdad y la falta de oportunidades en una sociedad a la que consideraban discriminatoria y fiel reflejo del modelo económico y político que dejó el pinochetismo.

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Como era de esperarse, el camino hacia la nueva Constitución no está siendo fácil. Cambiar las reglas de juego y tratar de llegar a acuerdos sobre qué aspectos modificar y cuáles mantener está siendo un camino sinuoso y pedregoso.

La Convención Constitucional es la encargada desde el año pasado de discutir cuáles serán los artículos que deberán estar en el nuevo documento. Este organismo, algo también inédito en la historia chilena, fue producto de otra votación y la mayoría de sus integrantes salieron de colectivos civiles que formaron parte de la protesta del 2019, así como algunos académicos y constitucionalistas.

Sin embargo, las críticas hacia los asambleístas -la mayoría de tendencia izquierdista- ha ido creciendo con el transcurrir de los meses, no solo por el desorden en el proceso sino porque muchas de las propuestas están siendo muy radicales.

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“En la convención hay grupos bastante extremos de derecha e izquierda que han estado dificultando el trabajo. Los de derecha no tienen mucha capacidad de influir porque son minoría, pero los de izquierda sí y algunos son muy maximalistas”, señala a El Comercio la politóloga chilena Isabel Castillo, investigadora de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica y del COES (Centro de Estudio de Conflicto y Cohesión Social).

Aunque las propuestas más extremas no se han logrado aprobar, hay muchas otras que aún están en el tintero.

“Ha habido mucha crítica del proceso, pues ha costado ponerse de acuerdo, y muchos convencionales han señalado que el plazo es muy corto y no hay tiempo suficiente para el diálogo”, explica Castillo, que además integra la Red de Politólogas.

El órgano debe entregar el borrador de la nueva Constitución hasta antes del 4 de julio, para que luego el presidente Gabriel Boric convoque al plebiscito de salida para que los chilenos decidan, finalmente, si ese será su nuevo documento legal que rija en el país.

Propuestas polémicas

Algunas de las propuestas más polémicas en discusión está la nacionalización de empresas mineras, la creación de un Congreso plurinacional, la eliminación del Senado, el presidencialismo atenuado, la supresión de los tres poderes del Estado, la revisión de todos los tratados de libre comercio, la validez de la justicia de los pueblos indígenas, la creación de asambleas territoriales o la participación en política de colectivos sociales.

El proceso no es tan sencillo. Las propuestas de normas -unas 1.275- primero deben ser aprobadas en las comisiones y luego superar la votación de cada inciso, para luego ir al pleno de la Convención, donde deberá recibir la aprobación de los dos tercios de los 154 constituyentes (eran 155 pero uno renunció por haber fingido tener cáncer).

Uno de los primeros artículos aprobados fue reconocer la coexistencia de tribunales indígenas junto con los sistemas de justicia tradicional.

Otro que ya es parte del borrador del texto constitucional es la norma que permite el aborto, un reclamo de los colectivos feministas.

Sin embargo, hay muchas otras que no han visto la luz, sobre todo por la complejidad en el diálogo y errores en el proceso. Fue lo que ocurrió este viernes, cuando la comisión de Sistema Político llevó a votación el diseño del futuro Poder Legislativo, Judicial, así como el sistema electoral y de partidos. Algunas propuestas incluso no tuvieron votos, algo inédito en estos meses de trabajo de la convención.

Así, se rechazó la creación de una Cámara Territorial que reemplazaría al Senado, la creación de una vicepresidencia paritaria o la propuesta de que los colectivos sociales sean considerados como organizaciones políticas.

Lo que sí se aprobó fue el artículo que plantea que “Chile es un Estado Plurinacional e Intercultural que reconoce la coexistencia de diversas naciones y pueblos en el marco de la unidad del Estado”. Esto además de consagrar que los pueblos originarios “tienen derecho a la autonomía y el autogobierno”.

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Polarización a la vista

Desde el estallido social del 2019, la percepción de los chilenos ha ido variando. La inusitada votación que tuvo el ultraderechista José Antonio Kast en las pasadas elecciones fue una muestra de que no todos en el país desean cambios radicales en términos sociales o económicos.

Y esto también se ha reflejado en las encuestas sobre el futuro de la nueva Constitución. Un reciente sondeo Cadem, por ejemplo, muestra que el 44% está a favor del ‘apruebo’, 12 puntos menos que en enero; mientras que la opción de ‘rechazo’ subió cuatro puntos y se situó en 37%.

“Para la derecha, el principal rival no es Gabriel Boric sino la nueva Constitución. Ellos quieren mantener el ‘status quo’ y va a enfilar sus ataques a la Convención Constitucional, que además está siendo muy populista en términos de tratar de cambiar las instituciones y el equilibrio de poderes. La convención está tratando de hacer más representativa la institucionalidad política chilena, con mayor participación ciudadana, pero sin calcular muy bien cómo sería ese tipo de representación”, señala desde Chile el politólogo peruano Carlos Meléndez, docente de la Universidad Diego Portales.

“Siendo así, la derecha puede recuperar terreno justamente por el descrédito de la convención”, agrega.

Por ello, tal como ocurrió en la segunda vuelta, pocos dudan de que la campaña para el plebiscito vuelva a dividir a los chilenos, entre quienes no votaron por Boric y ven con temor lo que significaría una nueva Constitución, y quienes esperan con ilusión el cambio y ponerle fin al legado de Pinochet.

Por ello, la cifra abrumadora del 78% que dejó el plebiscito de entrada del 2020 no se repetiría.

“En general, todos los plebiscitos tienden a polarizar porque solo hay dos opciones. Yo creo que es posible pensar en un resultado más o menos similar al que dejó la segunda vuelta entre Boric y Kast, que fue un 55%-45%, o sea mucho más ajustado al plebiscito de entrada”, explica Castillo.

“Al tener una Constitución tan conservadora como la actual, entonces cualquier cambio es un poco radical”, agrega. “Pero sin duda la Constitución que se está redactando va a estar a la vanguardia en varios temas, sobre todo en términos de género. Hay que tener en cuenta que la sociedad ha cambiado bastante y no podemos decir todavía en qué aspectos la mayoría está a favor o en contra”, agrega.

¿Y si no se aprueba?

Aunque los márgenes se han estrechado entre la aprobación y el rechazo, el flamante gobierno de Gabriel Boric confía plenamente en que habrá nueva Constitución, pues eso lo ayudará a emprender las reformas que prometió en campaña. “El presidente va a hacer todo lo posible por sacar adelante la Constitución, pero también va a tratar de evitar que haya mucho populismo en la convención”, explica Meléndez.

Si bien Boric no puede interferir en el proceso constitucional porque incurriría en usurpación de funciones, sí puede influir para que algunos de los integrantes de la convención se aparten del radicalismo.

Un ejemplo ocurrió, como recuerda el diario “El País”, cuando una constituyente cercana al mandatario, Constanza Schonhaut, votó en contra de reemplazar los tres poderes del Estado por una “asamblea plurinacional de las y los trabajadores y los pueblos” y recibió su apoyo.

“Boric va a apoyar políticas y artículos constitucionales que sean favorables en temas de medio ambiente, minorías y empoderamiento de la mujer; pero en temas de administración de la economía, de políticas de mercado, no va a ser tan radical como esperaría su electorado”, agrega Meléndez.

Castillo explica que hay distintas razones por las que algunos grupos se oponen a la nueva Constitución: “Están los temas más valóricos, como el tema del aborto o la plurinacionalidad. Yo creo que es muy posible que se haga una campaña como la que hizo el actual gobierno, representando algo más esperanzador, que se genere una cierta épica, esta nueva relación entre el Estado y la ciudadanía y con los pueblos indígenas, además de los temas de género; mientras que en el lado de la derecha conservadora se hará una campaña más de miedo y de apelar a este pasado mítico de estabilidad”.

La politóloga también apunta que las preocupaciones sobre el sistema político o jurídico son más bien técnicas y que no serán relevantes al momento del voto. “Las prioridades de la ciudadanía tiene que ver más con temas sociales, cómo mejorar la salud, la educación y las pensiones. Y que esas cosas van a ser más importantes a la hora de definir el voto”.

Aunque aún faltan algunos meses para saber cómo será el nuevo texto que plantea una nueva era para Chile, todos están expectantes por saber cuál será el destino del otrora país modelo del neoliberalismo y que ahora busca estar a la vanguardia de los derechos sociales.

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