Las protestas en Chile contra los migrantes venezolanos son una bomba de tiempo para Boric

Miles de personas salieron a las calles de la región Tarapacá, ubicada al norte de Chile y limítrofe con el Perú, para manifestarse en contra del aumento de la delincuencia, un fenómeno que la mayoría de los participantes asociaba directamente con la crisis migratoria que aqueja a la zona desde hace varios meses. La ciudad de Iquique fue uno de los centros de la manifestación.

Durante la protesta, que en ciudades como Iquique llegó a congregar a unas 6 mil personas según medios chilenos, se escucharon consignas en contra de los migrantes, especialmente dirigidas a los provenientes de Venezuela, además de la destrucción de campamentos de migrantes instalados en la vía pública ante la inacción policial.

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En línea con la protesta, este lunes se realizó un paro laboral en Iquique, donde se registró el cierre de comercios, del puerto, del aeropuerto y una huelga de camioneros, quienes también bloquearon las principales vías de entrada y salida de la ciudad.

El detonante de esta ola de indignación ciudadana fue la agresión sufrida por dos agentes de Carabineros a manos de cuatro ciudadanos venezolanos durante un control policial realizado el martes 25 de enero. El Gobierno anunció al día siguiente que los extranjeros serían deportados del país.

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Sin embargo, esta no es la primera vez que se registran este tipo de manifestaciones en Iquique. En septiembre pasado, la ciudad fronteriza vivió una jornada similar en rechazo a la ola de migrantes que ingresaron al país por pasos irregulares y ante la cual el saliente gobierno de Sebastián Piñera prometió construir albergues especiales, luego de que pasaran varios días viviendo en parques y plazas.

El alcalde de Iquique, Mauricio Soria, denunció ante la prensa que tanto la manifestación del domingo como el paro laboral del lunes son, nuevamente, responsabilidad del gobierno central y la inacción de Piñera ante la innegable crisis desatada al norte del país.

“El decreto de cierre de fronteras es un papel sin sentido (dictado durante la pandemia de COVID-19), la seguridad del país va a ser un problema para todo Chile. El gobierno tiene que ponerle la atención debida”, señaló Soria durante una entrevista con radio ADN.

Cabe resaltar que en septiembre del 2021, Soria presentó un recurso judicial contra Piñera, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, y el canciller Andrés Allamand para solucionar lo que denominó como “descontrol fronterizo”.

El ministro del Interior anunció que “vamos a seguir con las expulsiones, vamos a seguir trabajando con las policías y vamos a seguir reforzando la frontera, pero necesitamos herramientas y esas nuevas herramientas están en la nueva Ley de Migraciones”, según recoge CNN Chile.

¿MIGRACIÓN O SEGURIDAD?

La Fiscalía de Tarapacá ha alertado de que durante el 2021, los homicidios han aumentado en un 183% en la región, el tráfico de drogas un 42%, el tráfico de migrantes un 501% y los robos violentos un 18%.

Este incremento es asociado por parte de la población como consecuencia del alto ingreso de migrantes irregulares, principalmente venezolanos, al país desde febrero del año pasado.

Esta comunidad ha crecido enormemente en los últimos años, pasando de unos 8 mil miembros en el 2012 a 500 mil en el 2020, según datos del Servicio Jesuita a Migrantes. Cabe resaltar que actualmente en Chile viven 1,4 millones de migrantes, por lo que la comunidad venezolana se ha convertido en la población más numerosa, seguida de peruanos, haitianos y colombianos.

La razón evidente detrás del significativo crecimiento de este grupo social es la crisis por la que atraviesa Venezuela bajo el régimen de Nicolás Maduro, y que afecta a otras naciones de la región como Colombia, Ecuador o el Perú.

“Iquique es una zona limítrofe que tiende a concentrar una gran cantidad de población migrante. Desde luego eso trae consigo enormes reacciones airadas y negativas por parte de la población local. Ellos consideran que el fenómeno migratorio va de la mano de una serie de elementos negativos como el aumento de la inseguridad y la delincuencia o la disminución de fuentes laborales. Estos argumentos no solo se plantean en Iquique sino en otros países con fenómenos migratorios. Independientemente de que traiga consigo situaciones de conflictividad, existe una percepción negativa de la población hacia la migración. Eso genera que la población local sobrerreacione frente a cualquier hecho protagonizado por un migrante. Por otro lado, habría que destacar que en Chile no ha habido una política migratoria lo suficientemente adecuada que permita dar cuenta de esta presión que se ha ido generando en los últimos años”, explica a El Comercio el sociólogo y académico de la Universidad de Chile, Octavio Avendaño.

El especialista resalta que ante cualquier acto delictivo en el que se involucre un migrante, en este caso particular los migrantes venezolanos, el estigma se centrará sobre todo ese grupo social, generando un enorme estigma difícil de borrar.

“Además, habría que destacar que hay una situación bastante paradójica. Si bien se generan estas reacciones airadas por la población local, en otras zonas la migración es bien recibida, entre otras cosas porque vienen a ocupar nichos laborales que no ocupa la población local o revierte los problemas de demanda de fuerza de trabajo en zonas agrícolas y frutícolas”, señala Avendaño.

RESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO

Para el sociólogo, la escalada de violencia en las manifestaciones de Iquique estarían más alineadas con la inacción gubernamental que con una responsabilidad real de los migrantes. “Diría que hay un déficit bastante significativo por parte de las respuestas de las autoridades. Han tenido una actitud muy pasiva frente al fenómeno. Recién comienzan a hablar de campos de refugiados, pero la respuesta debió ser más asertiva hace bastante tiempo. No puede ser que esa población (migrante) se quede deambulando en Iquique u otras ciudades aledañas porque no tienen respuesta por parte de las autoridades locales. Esa población migrante vive en condiciones bastante precarias y eso trae reacciones negativas por parte de la población local”, agrega.

La politóloga chilena Neida Colmenares, directora de Ciencia Política de la Universidad Central de Chile, coincide con Avendaño en cuanto a la responsabilidad de la Administración Piñera ante esta crisis.

“Yo diría que efectivamente hubo una gestión migratoria ineficiente. Por un lado, los ingresos por pasos no habilitados han aumentado de forma sustantiva y se han concentrado en la zona norte. Estos, a su vez, no tienen una respuesta eficiente por parte del Estado. La mayoría de personas que ingresan por esos pasos están en situación de refugio. Hay una aplicación de los mecanismos que no está funcionando, tampoco hay una propuesta clara del Gobierno sobre una política de Estado para hacerse cargo. Hemos visto expulsiones colectivas con las que no estoy de acuerdo. Pero más allá de que esté de acuerdo o no, eso no va a resolver el tema. Podrán expulsar a 50 o 100 personas, pero hay una estimación de más de 100 mil personas que ingresaron por pasos no habilitados. No lo veo eficiente para resolver el problema si fuese la política del Estado”, señala.

Cabe recordar que líneas atrás citamos al ministro del Interior hablando sobre los vuelos de repatriación que menciona Colmenares, actos que hemos visto replicados en otras naciones de la región, incluido el Perú. La politóloga señala que este tipo de actos van de la mano con un discurso cada vez más común en nuestros países, en referencia a la criminalización de la migración.

“El Gobierno de Piñera criminaliza en su discurso al fenómeno migratorio, no reconoce su característica de crisis humanitaria y de refugiados. Son personas que no vienen por decisión sino huyendo de extrema pobreza, vulnerabilidad y violencia en sus países. Por otro lado, las expulsiones violentan los tratados internacionales, específicamente el Estatuto de Roma y el Convenio de Cartagena, que especifican que no se pueden realizar expulsiones colectivas. Finalmente, sobre los hechos puntuales, vimos el año pasado una marcha en Iquique y el domingo otra, de unas 5 mil personas en un territorio pequeño, es un número importante. Creo que eso se produce porque ante la ineficiencia de una política del Estado se mezclan dos cosas. En la agresión a Carabineros estuvieron involucradas 4 personas venezolanas y el manejo comunicacional que le dio el Gobierno fue el de vincular que estas personas ingresaron por pasos no habilitados. Eso es conectar el tema de seguridad con el migratorio, cuando los datos muestran que el 98% del total de los migrantes en Chile no están involucrados a hechos delictivos”, explica Colmenares.

“El tema de seguridad, que es de interés nacional, se vincula con el tema migrante y los ingresos llamados clandestinos. Son dos temas que no podemos asegurar que no tienen que ver, hay que reconocer que en la zona norte hubo un aumento importante de ingresos por pasos no habilitados y que ha aumentado la pobreza y la pobreza extrema. Sabemos que en contextos de pobreza y vulnerabilidad aumentan los problemas sociales, pero ante ese hecho el Gobierno no ha generado políticas eficientes. Se han cerrados las puertas a las propuestas de organismos internacionales, de visas humanitarias a personas que ingresaron de forma irregular, no hay una política clara de descentralización de temas migrantes. No hay que negar que hay una crisis en el norte y parte de esa crisis tiene que ver con la situación de una migración que no tiene una política gubernamental clara, ajustada al derecho y descentralizadora de flujos migratorios”, agrega la politóloga.

La conexión entre migración y delincuencia a la que hace referencia Colmenares es cada vez más recurrente en los discursos políticos, no solo latinoamericanos sino globales, y estos a su vez parecen alimentar a grupos cada vez más radicales de manifestantes.

“Por un lado se valida estas expresiones de radicalidad, que incluyen el uso de la fuerza y la violencia. Pero por otro lado también genera un sentimiento negativo y de rechazo hacia esa población que entra de forma ‘clandestina’”, apunta Avendaño, quien recuerda cómo durante la campaña presidencial del 2021 el candidato de extrema derecha José Antonio Kast intentó capitalizar este tipo de mensajes para obtener un mayor apoyo en las urnas.

“La candidatura de Kast se nutrió del fenómeno de la migración, desarrollando un discurso abiertamente nacionalista, un tanto xenófobo o abiertamente discriminador de la población migrante. Paradójicamente, en su campaña y sus manifestaciones veíamos a una gran cantidad de población migrante. Esto es porque existe un fenómeno en diferentes países: la respuesta contraria de la población que se logra integrar legalmente frente a la que no se logra integrar y queda en una condición más bien precaria”, añade el sociólogo.

FRENTES MÚLTIPLES

El levantamiento social asociado a la crisis migratoria que experimenta el norte de Chile es apenas uno de los múltiples frentes que se han abierto en el vecino sureño durante los últimos dos años.

Comenzando en octubre del 2019 con las masivas protestas que pusieron al Gobierno de Piñera contra las cuerdas y llevaron adelante la elección de una Asamblea Constituyente, seguido del largo conflicto mapuche, sin olvidar las denuncias contra instituciones como Carabineros por violación de derechos humanos y acusaciones de corrupción.

Todos estos eventos han provocado que Piñera sea incapaz de recuperar la legitimidad perdida en el 2019, explica a El Comercio el sociólogo, analista y director de la agencia de investigación social Tú Influyes, Axel Callís.

“Después del estallido social de hace un par de años, la legitimidad y el control del orden público se le fue de las manos al presidente. Tiene muy poca capacidad de reacción no solo frente a las propuestas en Santiago y las comunas más importantes, sino que en La Araucanía que es un foco constante de atención y violencia en el sur, y por otra parte la completa ausencia de una política que defina qué hacer en el norte respecto a la migración. No tenemos una ley aprobada, solo una antigua que no sirve mucho, y el Gobierno al no gozar de legitimidad con el uso del orden público se ve absolutamente desbordado. Mientras ellos no saben qué hacer, siguen entrando personas por Colchane. Por otro lado, la pandemia no genera las condiciones para hacer un control más estricto, como las fronteras están cerradas no se tiene control de quién ingrese”, apunta el experto.

En línea con Colmenares y Avendaño, Callís advierte sobre el impacto que está teniendo en la población la asociación entre delincuencia y migración, cada vez más frecuentes en discursos públicos de autoridades.

“Hay un discurso donde se vincula muy fuertemente a la llegada del crimen organizado con los migrantes. Eso es bastante usual. Dicen que antes en Chile existía un crimen organizado amateur, pero habrían llegado nuevos productos vinculados a fenómenos que no estábamos acostumbrados como el sicariato, los secuestros o el narcotráfico. Eso se asocia mucho con la migración. Y también todo lo que sucede en Arica, Iquique y Antofagasta porque hay una gran población migrante. Ante cualquier irregularidad lo primero que hace la población local es echarle la culpa al migrante. La opinión pública está apoderándose de esa sensación”, señala.

“La preocupación número uno de los chilenos y chilenas es la seguridad. Lo que pasa es que ahora se ha comenzado a asociar de una manera más estrecha la migración con la seguridad. Uno tiene la sensación de que el Gobierno quiere irse y dejarle esto a la próxima Administración”, agrega Callís.

EXPECTATIVAS SOBRE BORIC

Esta nueva crisis se desata a solo semanas del 11 de marzo, día en el que el presidente electo, el izquierdista Gabriel Boric, asuma la presidencia de Chile.

Colmenares resalta que en plan de gobierno de Boric se plantea manejar la gestión migratoria con una perspectiva de derecho y el fortalecimiento de las autoridades regionales, lo que permitiría descentralizar la carga del problema.

“Un elemento importante (en el plan de Boric) es la perspectiva territorial y fortalecimiento de los municipios en materia migrante. Aún están en el programa, estamos esperando un pronunciamiento de las futuras autoridades sobre el tema, pero lo cierto es que hasta marzo, quien debe hacerse cargo del tema es el gobierno del presidente Piñera. El programa (de Boric) al menos da buenas señales en los enfoques y en el énfasis de una nueva política migratoria”, comenta.

Callís, por su parte, hace énfasis en la poca expectativa que hay en la derecha chilena por la solución que le pueda dar Boric a los problemas de inseguridad y migración, pero resalta que podría lograrse grandes avances en el plano legislativo.

“La derecha le tiene poca fe. Dicen que si el gobierno de Piñera fracasó en orden público y lucha contra la delincuencia, se imaginan que un gobierno de centroizquierda tendrá menos posibilidad. Ellos mantienen una baja expectativa de que controle el tema migratorio en un corto plazo. Lo que sí se espera es que el plano legislativo avance más rápido y se consiga de una vez por todas modernizar toda la legislación asociada a migración. Uno esperaría que el gobierno de Boric modernizara en el corto plazo las herramientas del Estado para lidiar con la crisis migratoria. Uno entiende que hay una crisis global por Venezuela, toca a todos los países y debe ser entendido en ese aspecto. Pero no sé si el gobierno de Boric será el que consiga detenerlo”, comenta.

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