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Más de tres décadas después de la aprobación de su última Constitución, Chile planea ahora una nueva carta fundamental, la primera desde el regreso de la democracia. Así lo anunció el martes la presidenta del país, Michelle Bachelet, durante un discurso emitido por cadena nacional.
Según Bachelet, en setiembre se iniciará un proceso constituyente para sustituir la actual Carta Magna: la Constitución de 1980 de Augusto Pinochet, que se mantuvo vigente durante el régimen de facto y durante los gobiernos en democracia desde 1990.
Aún no está claro cómo se desarrollará el proceso ni cuándo culminará, aunque desde el gobierno de Bachelet aseguran que será un plan "muy participativo", donde "los ciudadanos van a ser protagonistas de la elaboración de la Nueva Constitución".
El anunció recibió críticas desde la derecha, que acusó a Bachelet de intentar "distraer" a los chilenos con la nueva Constitución mientras el país vive una de sus peores crisis políticas en su historia reciente, con escándalos de corrupción que afectan a la gran mayoría de los partidos, a conglomerados empresariales y hasta al hijo de la mandataria.
Pero también fue recibido con escepticismo desde la izquierda, donde muchos esperaban que la presidenta optara por una Asamblea Constituyente para redactar un nuevo texto.
"Queremos saber cuál va a ser el mecanismo de resolución de diferencias en un estado democrático, esa es la pregunta clave", expresó el congresista y ex líder estudiantil Giorgio Jackson.
"Lo que a mí me genera duda es cómo se va a decidir eso; lo va a decidir ella en su momento, o lo vamos a decidir entre todos a través de un plebiscito como lo hemos dicho muchos parlamentarios", cuestionó.
Por qué importa
La llegada de una nueva norma fundamental fue una promesa de la campaña de Bachelet para lograr un segundo mandato en las elecciones del 2013. Y formaba parte del conjunto de reformas que proponía la entonces candidata de la Nueva Mayoría, junto a la educativa o la fiscal.
Pero coincidía también con el surgimiento de movimientos sociales que, desde distintos intereses y orígenes, pedían un cambio del sistema social, político y económico del país.
"Cambios que estos movimientos sienten que son obstaculizados por las leyes mismas del sistema, incluyendo la Constitución, que consideran desfasada", explica el corresponsal de BBC Mundo en el Cono Sur, Ignacio de los Reyes.
El movimiento estudiantil que durante años se manifestó para exigir una educación pública de calidad y poner fin al ánimo de lucro de las instituciones educativas; los movimientos indigenistas que reivindicaban el reconocimiento de derechos para los pueblos originarios del país o los activistas en favor de los derechos de las minorías sexuales son solo algunas muestras de los vientos de cambio que la sociedad chilena vivió en los últimos años.
Cambio de modelo
Pero a la vez, explica el analista Gonzalo Müller, desde algunos sectores de izquierda se reivindicó la necesidad de contar con una Constitución nacida en democracia, frente al texto aprobado bajo el pinochetismo.
Según el profesor de la Universidad del Desarrollo, muchas de las demandas de cambio tienen que ver con el origen del texto, más que con el contenido, que ha sido reformado en contadas ocasiones.
Aunque en los años 90, en la época de transición, siempre existieron sectores que consideraron que, si bien la Constitución de 1980 era legal carecía de la legitimidad que debería tener la principal norma marco del país. O que incluso servía como obstáculo para la modernización de Chile, al exigir por ley una mayoría absoluta del Congreso para modificar asuntos clave de la vida del Estado (lo que se conoce en el país como ley de Quórum).
"Son movimientos críticos sobre todo con el principio de subsidiariedad que garantiza la Constitución del 80", afirma.
Bajo este principio, que numerosos autores consideran el espíritu del texto pinochetista, el gobierno aparece como garante del bienestar cuando el individuo no puede alcanzarlo por sí mismo: el Estado como plan B cuando la sociedad civil falla.
Lo que en la práctica, señalan algunos analistas, concuerda con los modelos económicos y sociales del régimen y que hoy son fuertemente cuestionados: educación en manos de instituciones con ánimo de lucro, liberalismo económico y supremacía del mercado, etc.
"Estos movimientos creen que el Estado debe tener un rol más protagónico en la vida económica y social", asegura Müller.
Y por tanto, creen que debe existir una constitución acorde con esos principios.
Reformas
Hace 10 años, el debate sobre la Constitución chilena parecía zanjado. Con la reforma constitucional del 2005, el ex presidente Ricardo Lagos rebajó de seis a cuatro años el período presidencial, ponía fin al sistema de senadores designados y a la inamovilidad de los altos cargos de las fuerzas armadas.
[La última gran reforma de la constitución fue bajo el mandato de Ricardo Lagos].
Por aquel entonces, el mandatario aseguraba que por fin el país contaba con un texto "acorde con la tradición histórica de Chile y lo más importante, aceptado por la unanimidad en el Congreso Nacional".
Ahora es su propia sucesora y varios sectores de la sociedad chilena los que consideran que es hora de cambiar esa tradición constitucional.
