¿Por qué Chile ha decidido endurecer sus controles migratorios (y qué efectos se espera que tengan esas nuevas leyes)?

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En primer lugar, con 86 votos a favor y 44 en contra -estos últimos en su mayoría del oficialismo-, los parlamentarios aprobaron la iniciativa que le otorga a los Carabineros más facultades para apoyar a la Policía de Investigaciones (PDI) en realizar controles preventivos con el fin de identificar a migrantes en situación irregular.

“Desde hace algunos años en Chile existe el control de identidad preventiva. Consiste en que un carabinero le puede pedir a cualquier persona que se encuentre en la vía pública que verifique su identidad y que no tiene pendiente en su contra algún tipo de orden de detención o está incumpliendo, por ejemplo, las condiciones de su libertad condicional. Esa es la finalidad original del control de identidad democrática. La ley que se aprobó el martes permite que ese control se utilice, además, para constatar si las personas extranjeras están o no en situación irregular”, explica a El Comercio el profesor de Derecho Constitucional en la Universidad del Desarrollo y profesor de la Clínica Jurídica de Derecho Migratorio en la Universidad Alberto Hurtado, Martín Canessa.

Ante una intervención de ese tipo, explica el experto, se pueden presentar tres escenarios. En primer lugar, que la persona pueda acreditar su identidad y mostrar sus documentos en regla o en trámite, finalizando automáticamente el control. En segundo lugar, que no logre acreditar su identidad, por lo que Carabineros tendrá que poner a la persona a disposición de la PDI para que se realice la diligencia necesaria.

Finalmente, el tercer escenario sería uno en el que la persona intervenida registra algún proceso administrativo previo en su contra por su condición migratoria. “Imagina que la persona ingresó de forma irregular hace tres años al país y existe una orden de expulsión en su contra. Pero esa orden de expulsión, por ejemplo, no se ha podido notificar. Lo que hará Carabineros será ponerla a disposición de la PDI para que se inicie todo el proceso de expulsión u otro trámite correspondiente”, señala Canessa.

El gobierno de Gabriel Boric se ha mostrado en contra de esta ley, principalmente porque podría considerarse que contiene elementos xenófobos, tomando en cuenta que si un ciudadano chileno presenta una identificación falsa Carabineros no está facultado para registrarlo, según resaltaron diferentes voces del oficialismo durante el debate del proyecto en el Senado.

Por otro lado, con 120 votos y apenas 3 en contra, los diputados aprobaron la reforma constitucional que permite ampliar el plazo de detención de una persona, pasando de 48 horas a cinco días exclusivamente en los casos referentes a eventuales expulsiones de extranjeros en situación irregular.

A lo largo del debate se pudo ver que la reforma recibió el respaldo tanto del oficialismo como de la oposición, considerando sus etapas en el Senado y la Cámara de Diputados.

“Lo que dice la reforma básicamente es que no se va a aplicar la limitación de 48 horas a personas extranjeras que tengan órdenes de expulsión administrativas en su contra. Entonces, te pueden detener y mantener detenido por un plazo máximo de cinco días y con la única finalidad de decretar la orden de expulsión en tu contra”, explica Canessa.

COYUNTURA VIOLENTA

Ambos proyectos aprobados el último martes por el Congreso chileno llevaban discutiéndose desde el 2022; sin embargo, es innegable que una serie de hechos violentos registrados en las últimas semanas terminaron empujando a que los legisladores aprueben ambas propuestas.

El asesinato de tres agentes de Carabineros en apenas 23 días, registrándose el último de ellos el 6 de abril, conmocionó al país y obligó a Boric a convocar a un comité de emergencia con sus ministros en La Moneda.

Uno de los aspectos que más llamaron la atención de la ciudadanía chilena es que en al menos dos de los homicidios, los de los agentes Álex Salazar y Daniel Palma, estuvieron involucrados delincuentes de nacionalidad venezolana.

Esto, sumado a la crisis migratoria que experimenta Chile desde aproximadamente el 2017, ha levantado cada vez más voces que exigen poner mano dura en contra de los extranjeros en condición irregular.

La oposición, principalmente conformada por la derecha chilena, está pujando por sacar adelante una ley con la que la entrada irregular al país tipifique como un delito penal. Esto, sin embargo, podría resultar contraproducente según explica el profesor Canessa.

“Yo creo que sería un error. Desde 1975 hasta febrero de 2022, cuando estaba vigente la antigua ley migratoria, el ingreso irregular al país era un delito. Y eso produjo enormes problemas de operatividad”, asegura el experto. “Según la ley previa, el ingreso clandestino era un delito penal y la expulsión era una sanción administrativa accesoria. Según la norma, una vez que se cumpliera la condena por el delito se podía decretar la expulsión del extranjero. Pero la autoridad no busca que estas personas estén en la cárcel, sino sacarlas del país. Entonces, las autoridades comenzaron a optar por desistir de la acción penal pasar a expulsar. El problema es que la Corte Suprema y otros tribunales consideraron que esa forma de proceder era ilegal porque no puedes aplicar la sanción accesoria a un delito sin que ese delito haya sido demostrado, comprobado y condenado en la sede correspondiente. Entonces, lo que ocurrió a la larga es que tener tipificado el ingreso clandestino como delito se transformó al final en un obstáculo”.

Canessa explica que, por una parte, la reforma migratoria impulsada durante el gobierno de Sebastian Piñera -donde el ingreso irregular deja de ser un delito- va más de la mano con la defensa de derechos humanos en materia migratoria, pero que incluso si esto no es argumento suficiente, se debe considerar que tipificarlo como delito termina haciendo el proceso más complicado para todas las partes.

El experto advierte, sin embargo, que se debe tener cuidado de no caer en una política de expulsión masiva sin evaluación de cada caso. “Hay que establecer un criterio de priorización, no podemos tratar de expulsar a todo el mundo, hay un montón de gente que en el fondo, en el caso venezolano sobre todo, que es el mayor porcentaje de migrantes, ha venido escapando de un régimen que de acuerdo al propio Estado de Chile viola sistemáticamente los derechos humanos. Entonces, no es conveniente intentar expulsar a todas las personas que han hecho un ingreso clandestino, lo que el Estado debe hacer es priorizar a quiénes verdaderamente queremos expulsar: a las personas que cometen delito o quienes están involucradas con el narcotráfico”, apunta Canessa.

OLAS MIGRATORIAS

Más allá de la coyuntura de violencia, Chile se convirtió desde hace décadas en un atractivo destino para los migrantes latinoamericanos, principalmente por la estabilidad económica de la que goza nuestro vecino del sur.

El 2016 y el 2017 estuvieron marcados por el éxodo de la población haitiana. Luego, entre el 2017 y el 2019 fue el turno de la población venezolana. Esto llevó a modificar considerablemente la distribución demográfica de migrantes en Chile, siendo actualmente la comunidad venezolana (30%) la más grande de residentes extranjeros, seguida de peruanos (16,6%), haitianos (12,2%), colombianos (11,7%) y bolivianos (8,9%).

En total, hasta diciembre del 2021 se habían registrado 1′482.390 extranjeros residentes en Chile, un 1,5% más que el año previo, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y el Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG) publicados en octubre del 2022.

Sin embargo, a partir del 2020 en adelante, con la pandemia de COVID-19 asolando a la región y los países cerrando sus fronteras, se registró un pico de ingresos irregulares hacia Chile.

Según cifras de la PDI, entre el 2020 y estos primeros meses del 2023, al menos 121.569 ingresaron a Chile por los denominados pasos irregulares. Cabe resaltar que estas cifras oficiales se basan principalmente en personas que autodenunciaron su ingreso irregular al país con la esperanza de poder regularizar su situación, la cifra real podría ser mucho mayor.

Esto llevó a que el gobierno de Boric dispusiera el 27 de febrero el despliegue del Ejército en las fronteras norte del país por un periodo de 90 días para apoyar en la mitigación de cruces por pasos irregulares. Según el Ejecutivo, la medida ha permitido impedir el 55% de estos cruces, una cifra que es difícilmente comprobable.

Para Canessa, las posibles soluciones al problema deberían estar más orientadas a un fortalecimiento del aparato estatal con el fin de realizar los trámites y procedimientos con mayor agilidad, antes que por “darle más poder a Carabineros o aumentar los plazos de detención o retroceder en los estándares de derechos humanos o tipificar un delito que ya sabemos que no funcionó”.

“Las soluciones pasan por tomar medidas que sean prácticas y eficaces, o sea, pensar más frío y disponer de los medios que se requieren. El trámite de autodenuncia hoy en día consiste en rellenar un formulario online y entras a una lista de espera de un año y medio, aproximadamente, para que te den una cita, ir a la policía y que se investigue tu caso. Entonces, tenemos un cuello de botella enorme que ni siquiera nos permite saber quiénes son efectivamente las personas que están acá. Y eso no requiere ninguna ley, ningún reglamento, nada para modificarse. El Estado podría hacer dos cosas: aumentar el personal de la PDI dedicado a la recepción de autodenuncias y la otra es algo que se viene anunciando desde abril del 2022, pero que aparentemente no ha avanzado mucho o no se ha sabido que haya habido avance. Me refiero a establecer otros mecanismos alternativos de registro biométrico para de esa manera conducir una política migratoria más eficaz”, apunta el especialista.