Tregua entre asesinatos: la paz total aún es una utopía para Colombia

“La paz total será una realidad”, alegó triunfante el mandatario, en referencia a la política de Estado, convertida en ley en noviembre, que busca la negociación con los grupos ilegales -sean guerrilleros, exparamilitares o narcotraficantes- que desangran el país desde hace décadas con el fin de buscar la paz. Un concepto utópico pero que parecía estarse concretando ante el anuncio del alto el fuego.

Sin embargo, la alegría no duró mucho. El 3 de enero, el ELN desmintió sin reparo al presidente y expresó que no había discutido la propuesta y pidió al gobierno no hacer anuncios unilaterales sin un acuerdo de por medio.

La paz total parecía posible, pero solo en el discurso.

Tras el paso en falso, el Gobierno y el ELN volvieron a dialogar y anunciaron que retomarán las negociaciones el próximo 13 de febrero en México, un ciclo de idas y venidas que se inició hace tres años y que se reanudó oficialmente hace dos meses, en una muestra de lo difícil que es llegar a acuerdos con grupos ilegales que siguen azotando Colombia.

Por el momento, la tregua continúa hasta el 30 de junio con los otros cuatro grupos armados, lo cual es un inmenso avance, pero tampoco es garantía de que el camino de la paz se ha allanado.

“Esa paz total que se quiere hacer con grupos armados al margen de la ley y otras bandas delincuenciales plantea dificultades porque la lógica de la violencia es diferente para cada uno. Negociar con todos al mismo tiempo plantea disonancias entre ellos”, comenta a El Comercio el analista político Carlos Arias Orjuela, profesor de la Universidad Externado de Colombia.

“Negociar con todos trae una buena oportunidad para que esa romántica premisa de la paz total se logre, pero no hay que olvidar que se está negociando con delincuentes y narcotraficantes que mandan como si fueran autoridades en muchos de los territorios donde operan, y al mismo tiempo con guerrillas históricas -como el ELN- que tienen ideología pero también intereses económicos”, añade.

Los acuerdos de paz firmados en el 2016 entre el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos con las FARC no pusieron punto final a la violencia, sino que ésta mutó y ha devenido en una mezcla de conflictos en los que las reivindicaciones políticas, o de lucha armada, son menores ante el rentable negocio que supone el narcotráfico, la minería ilegal, el tráfico de armas y el contrabando, más aún cuando los grupos armados controlan territorios donde operan con impunidad estas economías ilegales.

“En el 2016, el gobierno de Santos firmó el acuerdo con las FARC, pero no alcanzó a implementarlo. El grueso de la implementación le correspondía a su sucesor, Iván Duque, pero una de sus promesas electorales fue que no la iba a poner en marcha tal como estaba, y de hecho eso lo llevó a ganar la presidencia en el 2018″, explica a este Diario la analista política colombiana Silvana Amaya.

Líderes asesinados

Como parte de esta violencia que no cesa, esta semana la Defensoría del Pueblo de Colombia reveló un dato escalofriante: en el 2022 fueron asesinados 215 líderes sociales y medioambientales, la cifra más alta desde que se iniciaron los registros en el 2016, justamente cuando se firmaron los acuerdos de paz.

Así, desde ese año un total de 1.113 activistas han muerto a manos de guerrilleros, disidentes de las FARC, narcotraficantes o delincuentes, y desde que Petro llegó a la presidencia en agosto pasado se han contabilizado 82 asesinatos.

Aunque las muertes de estos líderes sociales son recurrentes en más de medio siglo de guerra interna, su número se ha disparado en los últimos años, sobre todo porque desde el 2016 los disidentes que no se plegaron a los acuerdos continuaron en armas, una gruesa parte de los paramilitares se adhirieron al cártel del Clan del Golfo y el ELN ha seguido activo. Además, las bandas criminales se fortalecieron con muchos exguerrilleros y ‘paras’, y entre todos ellos -se calculan 52 organizaciones criminales- se han estado disputado territorios estratégicos para el narcotráfico, la minería ilegal, el tráfico de armas y el contrabando, donde además casi no hay presencia del Estado.

“Muchas veces estos líderes sociales o medioambientales se ponen en el camino de los grupos armados y los denuncian, entonces estos simplemente los asesinan porque interfieren en sus economías ilegales”, refiere Amaya.

La experta agrega que, en el caso de los defensores del medio ambiente, los homicidios ocurren cuando estos se oponen a actividades reñidas con la ecología, como la minería ilegal, entonces son asesinados por razones económicas.

Arias Orjuela explica otra arista del problema: la proliferación cada vez más marcada de pequeños narcotraficantes muy jóvenes que están siendo captados por los cárteles mexicanos, que ya operan en Colombia, y que están descontrolados. “Como no hay presencia de autoridad en muchos municipios, entonces generan zozobra e inseguridad. Y muchas de las muertes de los líderes sociales y defensores de derechos humanos son causadas por estos nuevos narcotraficantes”.

La Defensoría del Pueblo señaló que los homicidios se concentraron en los departamentos de Nariño y Putumayo, fronterizos con Ecuador; Cauca y Valle del Cauca, al suroeste; Antioquia en el centro del país; Bolívar al norte, y Norte de Santander, fronterizo con Venezuela. “Coincide con aquellas zonas del país donde hacen presencia los principales grupos armados ilegales y las organizaciones de crimen organizado”, indicó la institución en su informe.

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Una paz lejana

En este contexto, la paz total prometida por el presidente Petro podría quedarse en buenas intenciones, si es que no se abordan todas las aristas del problema. Por el momento, la tregua de seis meses se avizora esperanzadora, aunque alejada de la realidad.

“Hay una preocupación de que Petro se quede mucho en el discurso y no en la práctica. Y es que él sigue hablando como candidato y no como presidente. Le quedan menos de cuatro años en el gobierno. A Santos le tomó ocho años y con un solo grupo, y Petro quiere hacer lo mismo con varios grupos armados”, refiere Amaya.

Como señala Arias Orjuela, el único paso para la paz es la negociación, y este proceso puede durar muchos años: “La paz no se decreta, se concerta”.

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