Petro cumple su primer año en el poder en Colombia, con pocos resultados y un megaescándalo encima

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Consciente de ello, Petro buscó que estos primeros 12 meses estuviesen cargados de simbolismos y gestos hacia la población. Así, durante su ceremonia de instalación ordenó que la espada de Simón Bolívar fuera retirada y que la Guardia Indígena acompañara desde entonces los actos protocolares.

Simbolismo similar al que aplicó durante la última semana de junio, cuando gobernó desde La Guajira, el departamento más pobre del país en el que decretó una emergencia económica y social.

Desde la ceremonia de instalación hasta ahora, no ha dejado de lado su famoso plan de Paz Total, clave durante su campaña hacia la presidencia y con el que busca acabar finalmente con la larga historia de sangre y dolor causados por los enfrentamientos entre paramilitares, guerrillas y el Estado en Colombia.

En su llegada al poder, además. estuvo acompañado por un amplio gabinete, conformado por aliados de un amplio espectro de la centroizquierda colombiana.

Doce meses más tarde, sin embargo, la fotografía luce bastante distinta. El primer aniversario de Petro está marcado por un megaescándalo de corrupción que lo involucra junto a su hijo mayor, con cada vez menos aliados políticos, un plan de Paz Total que parece sostenerse únicamente sobre intenciones, un paquete de reformas que ha generado manifestaciones sociales y un índice de popularidad que por primera vez ha comenzado a descender.

El martes último, la Fiscalía de Colombia acusó a Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del gobernante y diputado por el departamento de Atlántico, de presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

El escándalo contra Nicolás estalló en marzo, luego de que su exesposa Daysuris Vásquez se enterara de una infidelidad y, en venganza, acudiera ante las autoridades para acusarlo de haber recibido grandes sumas de dinero en efectivo, supuestamente destinadas a la campaña presidencial de su padre en el 2022, pero que en realidad fueron a su bolsillo y utilizó para darse una vida de lujos en la ciudad de Barranquilla.

De acuerdo a las investigaciones, uno de los contribuyentes habría sido el narcotraficante Samuel Santander Lopesierra.

Petro Burgos fue detenido el sábado 29 de julio en Barranquilla junto a Daysuris Vásquez, a quien también se le presentaron cargos. Tras la presentación de la acusación formal, Petro Burgos solicitó convertirse en colaborador eficaz de la justicia a cambio de una reducción en su pena.

La fiscalía ha adelantado por ahora que parte del dinero recibido por Nicolás “fue invertido en la campaña presidencial” de su padre. El escándalo ha provocado que la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes de Colombia inicie una investigación contra Gustavo Petro, la misma que podría escalar hasta una eventual destitución.

En menos de una semana, la investigación de un robo doméstico se convirtió en un escándalo nacional.

Para entenderlo hay que conocer a dos personajes clave, tanto en el escándalo como en el camino de Petro hacia la presidencia. Estos son Armando Benedetti, un curtido político con más de 30 años de experiencia, otrora presidente del Senado, en su momento uribista y también santista. Fue considerado pieza fundamental de la campaña de Petro.

Años atrás, Benedetti decidió contratar como secretaria privada a Laura Sarabia, una joven proveniente de una familia militar que había estudiado Ciencias Políticas y que terminó convirtiéndose en funcionaria del Ministerio de Defensa.

Cuando Petro llegó al Palacio de Nariño, le encomendó a Benedetti la función de ser embajador en Venezuela, pieza clave en su deseo de retomar las relaciones rotas con Caracas. Sarabia, por su parte, se convirtió con solo 28 años en la jefa del gabinete.

El escándalo comenzó a inicios de junio, cuando Sarabia sufrió un robo en casa. Casi de inmediato, la mujer marcó como sospechosa a Marelbys Meza, niñera de sus hijos quien antes había trabajado en la casa de Benedetti.

Posteriormente, Sarabia ordenó a personal de seguridad presidencial que Meza fuese trasladada a un sótano frente al palacio presidencial para ser interrogada y sometida a un detector de mentiras. El caso fue denunciado y la justicia colombiana determinó que esta práctica no solo representaba la implementación de un sistema judicial paralelo en Colombia, sino que además Sarabia había ordenado interceptar las comunicaciones de Meza.

La niñera, por su parte, partió hacia Venezuela a bordo de un avión privado que habría sido pagado por el propio Benedetti. Posteriormente, se filtraron a la prensa local audios en los que Benedetti y Sarabia discuten, luego de que el primero se quejara porque Petro no lo recibía ni valoraba pese a haber sido clave en su elección.

Durante el intercambio, Benedetti amenaza con revelar secretos sobre la financiación de la campaña. “Nos hundimos todos, nos acabamos todos, nos vamos presos”, se le escucha decir.

El escándalo no solo produjo la renuncia inmediata de Benedetti y Sarabia a sus cargos, sino que llevó a que el Consejo Nacional Electoral abriera una investigación sobre la campaña presidencial de Petro. Pero, además, y quizás lo más grave para el actual presidente, es que se trajo abajo la coalición que le brindaba esperanzas de impulsar sus reformas.

El Pacto Histórico salió de inmediato a condenar el hecho. El presidente de la Cámara de Representantes y miembro de dicha coalición, David Racero, anunció que “se congela” la discusión sobre reformas del gobierno hasta que los escándalos se aclaren.

El gobierno de Petro se presentó consiguiendo una reforma en tiempo récord, luego de que el 3 de noviembre del 2022 se aprobara la reforma impositiva que le permitió al Estado recaudar impuestos por casi el 1,2% del PBI, los mismos que luego debían ser utilizados para implementar programas sociales.

Sin embargo, la tributaria era apenas una de las muchas reformas que quería lanzar Petro durante su primer año, entre las que se incluían la pensional, la laboral y la sanitaria.

Con el impulso de la primera reforma, en febrero Petro presentó la propuesta para reformar el sistema sanitario en Colombia. El proyecto se centraba en eliminar el carné de afiliación y hacer de la salud un derecho universal.

La entonces ministra de Salud, Carolina Corcho, fue clave dentro de la reforma. Sin embargo, su repentina y sorpresiva salida después de ocho meses en el cargo, en los que se había enfrentado tanto con liberales como con conservadores, dejó fuera de juego al gobierno e invalidó sus opciones de dialogar con las otras tiendas políticas. Esto, hasta el momento, ha hecho que la reforma quede en suspenso.

En cuanto a la pensional, esta ha pasado por su primer debate en el Senado el 14 de junio. Fue una sesión en la que se aprobaron 94 puntos para un texto base a partir del cuál las distintas fuerzas políticas negociarán.

Una historia diametralmente distinta es la que sufre la reforma laboral. La misma que quedó enterrada en el Congreso en junio por falta de quorum -una clara muestra de la falta de apoyo que sufre Petro en el Legislativo-, y que será reemplazada por un nuevo proyecto a lo largo de agosto.

Sin duda, el proyecto más ambicioso de Petro desde su campaña. El mandatario ha prometido sentarse a dialogar con todos los involucrados en la eterna espiral de violencia que agobia a Colombia desde hace décadas.

A los pocos de meses de asumir la presidencia, esa promesa se convirtió en ley y llevó a que el Gobierno estableciera una mesa de negociación tanto con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la última gran guerrilla colombiana, como con el Estado Mayor Central (EMC) un grupo armado que se escindió de las FARC antes del famoso Acuerdo de Paz firmado en el 2016 por dicha guerrilla y el gobierno de Juan Manuel Santos.

Sin embargo, el camino hacia la mesa ha generado diversas críticas por las concesiones que se han brindado desde el Palacio de Nariño hacia las guerrillas, especialmente agravadas por pasos en falso como el que dio el presidente en enero, cuando aseguró que había acordado un alto al fuego con cinco grupos armados, incluido el propio ELN, lo cuál fue desmentido dos días después por la guerrilla.

O cuando emitió una carta al Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, solicitando que suspendiera las órdenes de detención en contra de miembros del EMC, pues serían los representantes de la guerrilla para entablar una primera ronda de negociaciones. En dicha lista, sin embargo, había nombres cuestionados por no ser disidentes sino desertores o por incluso ya estar presos por otros delitos.

En conversación con El Comercio, el profesor e investigador de la Universidad del Rosario Mauricio Jaramillo Jassir explica que identifica como una falencia que el gobierno intente abrir tantos frentes de diálogo al mismo tiempo. “El gobierno ha entablado un frente con todos: disidencias preacuerdo, disidencias posacuerdo, el ELN y debate si le dará estatus político a los grupos neoparamilitares. El gobierno abrió muchos frentes y no sé si está en capacidad de abordarlos todos”. comenta.

Hoy, tras un año en el poder, ninguna de las mesas de diálogo abiertas por el gobierno de Petro parece haber conseguido algún avance medible.

Esta serie de tropezones han calado sin duda en la imagen de Petro, quien había llegado al poder gozando de un 56% de respaldo popular y hoy es reprobado por el 61% de la población, según el último sondeo de Invamer Poll.