La tensa relación entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el fiscal general, Francisco Barbosa, escaló esta semana a un nuevo enfrentamiento que, como ocurre desde hace meses, tiene como telón de fondo las sospechas que se ciernen sobre el financiamiento de la campaña electoral que en el 2022 llevó al poder al primer mandatario izquierdista del país.
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El nuevo choque ocurrió después de que, al filo de la medianoche del lunes 2, la fiscalía emitiera un comunicado en el que señala que notificó a la Comisión de Acusaciones de la Cámara y a otros organismos de control sobre el presunto ingreso de dinero no declarado a la campaña y les pidió indagar si el mandatario incurrió en delitos al respecto.
#ATENCIÓN | Comunicado oficial de la #Fiscalía General de la Nación. pic.twitter.com/zxuY13HnOI
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) October 3, 2023
La acción de Barbosa se realizó con base en las declaraciones del exdiputado Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del mandatario y quien está procesado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. El vástago del gobernante fue arrestado el 29 de julio, pero llegó a un acuerdo de colaboración con la justicia, que le permitió responder al proceso en libertad, aunque al parecer no ha cumplido ese compromiso.
Según la Fiscalía, el primogénito del presidente reconoció que recibió dinero del exnarcotraficante Samuel Santander Lopesierra, conocido como “el hombre Marlboro”, y de Gabriel Hilsaca Acosta, hijo del controvertido empresario Alfonso “Turco” Hilsaca.
El escándalo estalló en marzo cuando la Fiscalía comenzó a investigar a Petro Burgos tras las denuncias de su exesposa, Daysuris Vásquez, quien afirmó que el hijo del jefe de Estado, que ejercía como diputado de la Asamblea del departamento caribeño del Atlántico, recibió dinero ilícito para la campaña presidencial del 2022.
El último sábado, la revista “Semana” publicó los videos de un interrogatorio realizado el pasado 2 de agosto en la Fiscalía en el que Petro Burgos reveló que su padre sí sabía del supuesto dinero irregular que entró en la campaña que lo llevó al poder.
En ese interrogatorio, Petro Burgos señaló que su padre “sabía perfectamente” que Euclides Torres, un empresario de Barranquilla, “era quien financiaba la campaña”, dinero que al parecer es ilegal porque no fue reportado ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).
“Yo se lo mencioné varias veces, él lo sabía (…) Cuando nos transportábamos para los eventos, siempre iba (el hoy senador) Pedro Flórez, entonces él y yo hablábamos de la financiación, que Euclides aportaba”, dijo durante la diligencia que ocurrió antes de ser llamado a juicio y de romper su colaboración con la Fiscalía.
Según una investigación del medio digital “La Silla Vacía”, Torres es un empresario que lidera un clan encargado de ejecutar concesiones de alumbrado público en 15 municipios del país, a través de un “camuflaje empresarial”.
En ese contexto, la Fiscalía afirmó que las notificaciones que hizo a los organismos de control obedecen a que en el mencionado interrogatorio, Petro Burgos “realizó algunas manifestaciones sobre la presunta materialización de conductas delictivas como el ingreso de dineros aparentemente irregulares a la campaña presidencial del doctor Gustavo Francisco Petro Urrego, actual presidente de la República de Colombia”.
La iracunda respuesta de Petro
En un mensaje desde su cuenta de X, antes Twitter, el presidente calificó este martes 3 la decisión de la Fiscalía de un “verdadero golpe contra la Constitución” y afirmó que la Fiscalía se basa en un “interrogatorio no legal” realizado a su hijo Nicolás.
“El fiscal general compulsa copias contra mí, basado en un interrogatorio no legal en donde el interrogador de su entidad hace preguntas sobre mí, cuestión que es un verdadero golpe contra la Constitución, dado que yo soy un aforado, como senador en ese entonces y como presidente ahora”, escribió Petro.
El fiscal general compulsa copias contra mi, basado en un interrogatorio no legal en donde el interrogador de su entidad hace preguntas sobre mi, cuestión que es un verdadero golpe contra la constitución, dado que yo soy un aforado, como senador en ese entonces y como presidente…
— Gustavo Petro (@petrogustavo) October 3, 2023
Criticó, además, que “de manera aberrante, una revista publica el interrogatorio de mi hijo, cuando la ley no permite la publicidad de esos documentos que irresponsable y delictivamente le fueron entregados”.
Sobre la participación de Euclides Torres en su campaña, el presidente afirmó que esta “se realiza cinco meses antes de comenzar mi campaña, es decir, que no esta cobijado por la ley electoral de campañas”.
En esa línea, criticó que ni a la Fiscalía ni a la revista “Semana” “se les ocurrió siquiera comprobar la fecha del acontecimiento para ver si ese acto, la manifestación de la P en Barranquilla, estaba cobijado por la ley de financiación de campañas”.
Por su parte, Petro Burgos cuestionó en su cuenta de X la publicación del contenido de su testimonio a la Fiscalía y aseguró que será un juez quien tome la decisión final sobre su caso “con base en pruebas y no en filtraciones que violentan mis derechos”. Para obtener esa declaración, la Fiscalía me doblegó moral y físicamente, en un proceder que castiga el Sistema de Derechos Humanos”, agregó el exdiputado.
¿Qué competencias tienen los órganos de control?
Si bien es la Fiscalía la que investiga a Petro Burgos, esa entidad no puede procesar al mandatario Gustavo Petro porque es un funcionario protegido por el fuero presidencial. La Comisión de Acusaciones de la Cámara en el Congreso es el único órgano competente para investigarlo y eventualmente juzgarlo.
El diario “El Tiempo” detalla que, como el ente acusador no es competente para investigar al presidente, la Fiscalía compulsó copias a la Comisión de Acusación de la Cámara, al Consejo Nacional Electoral y a la Corte Suprema de Justicia para que se investiguen posibles delitos en la financiación de la campaña de Gustavo Petro.
“Por eso, será la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes la que determine el curso de un eventual proceso penal en contra del jefe de Estado”, afirma.
La Comisión de Investigación y Acusación es la única con legitimidad para estudiar casos contra un presidente electo y puede elevar, tras la investigación de caso, su destitución a la Cámara de Representantes para que se plantee en el Senado.
Aunque la Comisión de Acusaciones ha tenido varias investigaciones contra presidentes y expresidentes, éstas no suelen prosperar.
Sobre una posible destitución o salida del cargo, varios analistas consultados por este Diario han afirmado que en Colombia hay un régimen presidencialista muy grande y no existen figuras como la destitución presidencial o de llamados a elecciones anticipadas.
Néstor Julián Restrepo
Doctor en Política, Comunicación y Cultura, y catedrático de la Universidad EAFIT
Paradójicamente, este caso se está volviendo un campo de batalla entre el fiscal y el presidente de la República, donde ambos se están mostrando los dientes como perros bravos, tratando de buscar la caída del otro. El presidente presiona el fiscal para que indague en casos como el de Odebrecht, que en Colombia no ha tenido grandes hallazgos. Y, por su parte, el fiscal se ha encargado de develar una cantidad de formas de financiación de la campaña de Petro. Entonces, esa batalla campal entre uno y otro se volvió un lugar común.
Ahora bien, entrando al caso del hijo del presidente, en una primera instancia el fiscal estaba ganando la partida cuando logró capturar al hijo. De hecho, el gran error fue capturar al hijo del presidente, no porque no haya cometido un delito, sino por la forma en la que lo hizo, obligando al hijo del gobernante a que hablara sobre su papá. Y el presidente tiene un fuero diferente, un teflón que impide que un fiscal pueda indagar sobre él.
Por eso el fiscal ahora recurre a otras instancias para que investiguen a Gustavo Petro porque el objetivo no era el hijo, el objetivo era el presidente. Lo que está buscando ahora el fiscal es que haya la suficiente cantidad de hallazgos para que el presidente sea juzgado por el único que lo puede hacer, que es el Congreso de la República. La Cámara de Representantes, o sea la Cámara baja, puede hacerle un juicio al presidente.
El fiscal es el órgano acusador, simplemente puede llegar hasta la acusación. La Procuraduría y la Contraloría, que son los otros órganos de control, no tienen la capacidad en estos momentos de hacer algo contra el presidente. En Colombia la figura del jefe de Estado es muy poderosa, entonces lo único que puede hacer el fiscal es hallar indicios para que el Congreso lo juzgue. Pero hasta ahora el Congreso no se ha movido realmente. Hasta el momento se trata más de rounds políticos y mediáticos.
En Colombia se nos volvió muy común la financiación de campañas por parte de personas que tengan que ver con el narcotráfico. Es así desde Pablo Escobar y eso sigue estando presente. Esa es una de las cosas de las que se critica al fiscal, le reclaman por qué no investigó lo mismo con el presidente Iván Duque, entonces este se ha vuelto un caso que responde más a una lógica mediática, donde opositores y seguidores del presidente se atacan. Ahora, todo esto también ocurre porque al fiscal le quedan tres meses de mandato, en febrero del 2024 habrá un nuevo fiscal y la terna la pondrá el presidente y lógicamente va a cambiar la situación. Más allá de eso, la figura presidencial no está en riesgo. La institucionalidad más fuerte de América Latina es la figura del presidente de la República en Colombia. El presidente no ha caído y claro que el fiscal quisiera eso, pero yo creo que no le va a dar el tiempo.