Tribunal de paz investigará a las FARC por violencia contra menores LGBTI en Colombia

El tribunal que juzga los crímenes más atroces del conflicto colombiano anunció este viernes que investigará a la extinta guerrilla de las FARC por violencia contra menores de edad de la comunidad LGBTI reclutados en sus cinco décadas de levantamiento armado.

Con esto, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) busca “visibilizar las experiencias de vida, las demandas de justicia y las afectaciones sufridas -y hasta hoy silenciadas- de víctimas de reclutamiento que tienen una orientación sexual diversa”, dijo la magistrada Lily Rueda, citada en un comunicado.

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Surgida del histórico acuerdo firmado en 2016 con los entonces rebeldes, la JEP investiga desde agosto del año pasado el caso conocido como “reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado”.

En el marco de ese expediente, los magistrados decidieron abrir “una sub-línea de investigación” para analizar “discriminaciones y violencias en contra de niños y niñas con orientaciones sexuales, identidades de género y expresiones de género diversas”, explica el boletín.

La justicia de paz calcula que al menos 19.200 menores de 18 años fueron reclutados por las FARC entre 1996 y 2016, periodo que concentra la mayoría de casos.

De 400 víctimas ya identificadas, el tribunal tiene información de 332 menores de edad, de los cuales el 70% fueron reclutados cuando tenían 14 años o menos.

Al menos 68 menores han denunciado ante la JEP “diferentes tipos de violencia sexual y violencia de género” principalmente “abortos forzados” y “acceso carnal violento”.

Un grupo de 73 excombatientes de la disuelta guerrilla marxista fue llamado a responder por estos hechos.

La JEP imputó en enero de 2021 a altos mandos de la que fuera la guerrilla más poderosa del continente por el secuestro de 21.396 personas entre 1990 y 2016. Los exguerrilleros aceptaron su responsabilidad y esperan una sanción.

Docenas de exmilitares también han sido imputados por el asesinato de 6.400 civiles que fueron ejecutados por el ejército y presentados como bajas en combate a cambio de beneficios, en el escándalo conocido en el argot militar como “falsos positivos”.

Quienes acepten su responsabilidad ante la JEP y reparen a las víctimas recibirán penas alternativas a la prisión.

El tribunal aún no ha emitido su primera sentencia.

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