Versiones cruzadas sobre operativo militar que dejó once muertos en Colombia

Pobladores, organizaciones de derechos humanos, medios, ejército y gobierno de Colombia chocan en sus versiones sobre una operación militar en la frontera con Perú y Ecuador donde, según denuncias, murieron civiles que fueron presentados como guerrilleros caídos en combate.

A la espera de la investigación que adelanta la fiscalía, se acumulan los interrogantes acerca de esta incursión militar en el municipio de Puerto Leguízamo (sur) que dejó once muertos y cuatro heridos el 28 de marzo.

Según la estatal Defensoría del Pueblo (ombudsman), Human Rights Watch (HRW) y autoridades indígenas, entre los fallecidos podría haber al menos cuatro civiles: un menor de edad, un gobernador del pueblo originario kitcwhwa, un líder comunitario y su esposa embarazada.

Para el gobierno del presidente Iván Duque los fallecidos eran rebeldes disidentes de la exguerilla FARC o colaboradores de esta organización que cayeron en una acción “legítima”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al Estado investigar el caso y evitar “la estigmatización de las víctimas”.

En la mañana de ese lunes los soldados entraron al caserío donde se celebraba una feria que había comenzado el sábado y a la que asistieron cientos de personas.

Lo que pasó después es confuso.

“Tenemos evidencias que indican, que sugieren fuertemente, que al menos cuatro de los once muertos eran civiles”, dijo el investigador sénior para las Américas de HRW, Juan Pappier, en entrevista con Blu Radio.

Por su parte el general Juan Carlos Correa, comandante del operativo, defendió la acción este martes y dio nuevos detalles de lo ocurrido en esa región cocalera golpeada por el conflicto armado de más de medio siglo.

Los muertos y heridos que dejaron “más dos horas de combate intenso” son “presuntos miembros de esta estructura criminal o participaron de manera activa en una acción hostil” en la que un soldado recibió un disparo, insistió.

La operación removió las heridas de los “falsos positivos”, como se conoce al mayor escándalo de las fuerzas militares de Colombia en el que al menos 6.400 civiles fueron asesinados y presentados como guerrilleros abatidos entre 2002 y 2008.

El país vive la peor arremetida de grupos armados desde la firma del acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC en 2016.

Aunque el grueso de los rebeldes entregó las armas, quedaron activas disidencias sin mando unificado que suman unos 5.200 combatientes, en su mayoría nuevos reclutas.

- Fiesta y balas -

En una invitación fechada el 14 de marzo vecinos de la zona conocida como Alto Remanso convocaron a un “sensacional bazar” con peleas de gallos, encuentros deportivos, concursos de baile, licor y “lindas chicas”.

Una alianza de medios de comunicación viajó al caserío a orillas del río Putumayo para recoger testimonios e imágenes.

Según Cambio, El Espectador y Vorágine el último día de feria hombres “vestidos de negro y sin insignias”, que se identificaron como guerrilleros, entraron al pueblo.

“A las siete de la mañana, hora en que coinciden los borrachos amanecidos y los niños recién despiertos, sonaron los primeros disparos de fusil”, describió Cambio.

Con cerca de 20.000 hectáreas de hoja de coca sembradas, según la ONU, en Putumayo conviven campesinos, indígenas y grupos armados que se financian del narcotráfico en el país que más exporta cocaína del mundo.

Aunque en un principio Correa aseguró que en la zona “no había ninguna actividad (social), ni bazar”, este martes reconoció la existencia de “un bazar cocalero” donde se comercializaba droga y al que asistieron cerca de 300 personas.

Pero al momento de lanzar la ofensiva “población civil no había”, aseguró el general a W Radio.

El indígena “tenía un fusil con mira telescópica”, la mujer embarazada estaba “tirando material de guerra al río”, el joven de 16 años portaba un arma larga y el líder comunitario era un rebelde, precisó.

Según Correa, los soldados vestían jerséis negros y verdes “autorizados por el reglamento”.

- Manipulación -

Música, botellas de licor y bailes quedaron registrados en videos aficionados de la fiesta.

Había “civiles pero también probablemente entre cuatro y cinco miembros del comando de la frontera” de las disidencias, dijo Pappier.

La acción militar dejó cuatro civiles heridos, ninguna captura y el decomiso de seis armas de fuego.

La CIDH “recibió información sobre una supuesta denegatoria de asistencia médica” a los afectados, detalló la entidad en un comunicado.

Alias ‘Bruno’, cabecilla de las disidencias y principal objetivo del operativo, escapó de la zona antes de lanzar la ofensiva, admitió el general Correa.

“No es la primera operación donde caen mujeres embarazadas, donde caen menores de edad que son combatientes”, lanzó el comandante del ejército, general Eduardo Zapateiro.

El portal digital Cambio denunció que militares “manipularon” los cadáveres, “los movieron de los lugares donde cayeron y les pusieron armas de fuego y prendas militares”, versión que el ejército niega.

“Hay que determinar cuál era el objetivo militar (...) si se cumplieron con las reglas de proporcionalidad, todavía hay muchas incógnitas y preguntas abiertas que estamos examinando”, cuestionó Pappier.