La provincia argentina de Formosa registró este viernes serios incidentes luego de que la Policía local reprimiera con dureza a manifestantes que protestaban en rechazo a la vuelta a la fase más dura de aislamiento debido a la pandemia de coronavirus.
El Gobierno de esta provincia ya había sido cuestionado por evitar el ingreso y egreso de personas de su territorio debido a la pandemia y por instalar centros de aislamiento que derivaron en cuestionamientos de organismos de derechos humanos nacionales e internacionales.
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Esta vez la provincia había instaurado la vuelta al aislamiento social preventivo y obligatorio en la capital provincial desde el mediodía de ayer y hasta el 18 de marzo, por el cual se impide circular sin permiso, se suspende el transporte interurbano y sólo son exceptuados los trabajadores esenciales, como el personal de salud y policía.
En respuesta, vecinos y comerciantes locales que no quieren cerrar nuevamente sus locales ante el declive de la economía decidieron marchar hacia la casa de gobierno para protestar por la medida.
La Policía armó un vallado para evitar que los comerciantes y vecinos se acercaran a la sede del Ejecutivo provincial.
Pero los enfrentamientos entre los manifestantes con la policía derivaron en una dura represión de la Policía.
Para evitar el despliegue de la protesta, la policía reprimió a las personas con balas de goma, palazos, patadas y camiones hidrantes en el medio de la humareda generada por los gases lacrimógenos.
Las imágenes de heridos con los brazos y el pecho ensangrentados por las balas de goma y víctimas de golpes se multiplicaban por las redes sociales y los medios locales.
“Hay ciudadanos heridos, concejales y periodistas agredidos y detenidos. Hago responsable al gobernador (Gildo) Insfrán por las consecuencias de la violencia e insto al Gobierno nacional a tomar cartas en el asunto de manera urgente y garantizar el estado de derecho en la provincia”, tuiteó Luis Naidenoff, senador nacional por Formosa del partido Juntos por el Cambio.
Juntos por el Cambio es la principal coalición opositora al Gobierno del peronista Alberto Fernández, el cual es un aliado del también peronista Insfrán.
Mientras transcurría la protesta y luego la represión oficial, Insfrán inauguraba una sede del Poder Judicial y el instituto Santa Teresita, en el barrio Las Lomitas, según difundió el gobernador en su cuenta de Twitter.
Luego de los disturbios, la tensión continuaba en la provincia y los manifestantes y convocaban en las redes sociales a una nueva marcha esta misma tarde para lograr que se revierta la medida.
Ayer en la capital de Formosa sólo se detectaron 17 casos de coronavirus. En tanto, desde el inicio de la pandemia, la provincia ha anotado 1.333 casos, unos 220 cada cien mil habitantes, según el Ministerio de Salud nacional.
En tanto, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas difundió un comunicado en su cuenta de Twitter donde “describe el grave deterioro de la libertad de expresión en Formosa”, y detalló que hoy el periodista Maxi Galarza había sido herido y la periodista Julieta González, detenida, que se suman a atropellos anteriores.
Una serie de denuncias
Desde el comienzo de la pandemia, el 20 de marzo del año pasado, el Gobierno nacional ha impuesto restricciones y prohibiciones a la circulación.
Pero en la provincia de Formosa se denunció “la situación de los varados”, personas que la provincia impidió ingresar a su territorio hasta que la Corte Suprema de Justicia ordenó el ingreso en noviembre pasado.
En tanto, a principios de este año se sumaron denuncias de políticos, como Naidenoff, y organismos de derechos humanos por la situación de personas retenidas en centros de aislamiento.
El secretario argentino de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, aseguró tras una visita a la provincia a fines de enero que “no se violan sistemáticamente los derechos humanos en la provincia de Formosa”.
A fines de febrero la Corte Suprema requirió a la provincia de Formosa que le brinde un informe sobre la situación y el funcionamiento de los centros de aislamiento que estableció en su territorio durante la pandemia y los protocolos para la protección de los derechos humanos que deben respetar las autoridades provinciales.
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