En Argentina, la indignación por el escándalo de las vacunaciones VIP no para de crecer. El enojo ciudadano no solo ha aumentado por las nuevas revelaciones que van apareciendo sobre el acceso privilegiado a las dosis del antígeno contra el COVID-19, sino porque el propio presidente Alberto Fernández ha minimizado la crisis, calificando de “payasada” las investigaciones judiciales sobre el caso.
“Terminemos con la payasada. Le pido a los fiscales y a los jueces que hagan lo que deben. No hay ningún tipo penal en la Argentina que diga ‘será castigado el que vacuna a otro que se adelantó en la fila’ y no se pueden construir delitos graciosamente”, sostuvo el domingo durante su visita oficial a México.
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Desde el viernes, cuando se hizo público que personas allegadas al gobierno se habían vacunado, el mandatario ha insistido en defender a los funcionarios involucrados, entre ellos el ahora exministro de Salud Ginés González García, que hizo vacunar a decenas de sus allegados en la propia sede del Ministerio de Salud.
De acuerdo a datos oficiales, 14.610 personas fueron vacunadas como “personal estratégico”, una categoría prevista en el plan oficial de vacunación.
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Sin embargo, entre los inoculados también hay funcionarios de menor jerarquía y personas que no trabajan en el sector público, como periodistas, empresarios, diplomáticos y dirigentes políticos del peronismo. Incluso el expresidente Eduardo Duhalde (2002-2003), su esposa Hilda González y los hijos de ambos, Juliana y María Eva, recibieron la vacuna.
¿Sanciones legales?
Hasta el momento, dos personas han sido imputadas en Argentina con relación al escándalo: el exministro de Salud Ginés González García y su sobrino, Lisandro Bonelli, exjefe de Gabinete de la cartera. Ambos han sido sindicados inicialmente por el delito de abuso de autoridad.
Raúl Aragón, consultor político argentino y director de Raúl Aragón & Asociados, explica que, aunque tentativamente los delitos que pueden vincularse al caso son los de abuso de autoridad, malversación de fondos y falta de cumplimiento de los deberes del funcionario público, realmente no se espera ninguna consecuencia a nivel jurídico en este caso.
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“En la dimensión jurídica no se termina realmente de configurar un delito. Si bien hay una intervención de la Justicia es muy difícil que se pueda configurar un delito. Los delitos tentativos son serios, pero no hay suficientes pruebas, ni es tan contundente lo que hay del caso como para que prospere en la Justicia. Por otro lado, la Justicia está altamente colonizada por el poder político, por lo que el poder político va a tener influencia y va a frenar cualquier decisión final. Aunque tenga un tránsito en la Justicia, no va a haber en definitiva condenas”, dice el experto a El Comercio.
Para Aragón, este es un caso muy relativo porque el protocolo de vacunación fue creado por el mismo Ministerio de Salud y el exministro González García podría decir que tenía una lista de excepciones basados en distintos criterios. Explica que el criterio de personal estratégico no está definido claramente en el protocolo.
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“Simplemente se dice que las vacunas son para personal estratégico. Quedan afuera Horacio Verbitsky, el periodista que reveló las vacunaciones, el expresidente Duhalde, que no tiene ninguna función en el gobierno, su mujer y sus dos hijas. Sin embargo, eso es menor. Yo no creo que el caso prospere en el sentido de que tanto el exministro como su jefe de gabinete terminen presos”, afirma.
Gonzalo Prado, periodista argentino de la televisora A24 con fuentes vinculadas al caso, destaca que las autoridades judiciales tienen interés en que el caso avance.
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“Por lo que yo entiendo, el fiscal Eduardo Taiano le va a dar celeridad a la investigación, es un fiscal serio. También me consta que hay un interés de la procuración general de la nación de que haya una resolución a esta causa. La Justicia federal también quiere que esto avance. El tema también está en ver la lista y ver hasta qué punto hay nombres. Esto está pasando en todo el mundo, los poderosos se están vacunando antes que la gente común en todo el mundo. Lo que sí sabemos es que esto recién empieza. Esto no va a durar una semana”, dice el periodista.
Por su parte, Aragón considera que es un hecho que el caso se va a expandir “hacia los costados”. “También van a haber imputaciones a los que aceptaron recibir la vacuna fuera del protocolo. Ahora, ¿cuál es la figura delictiva que configura eso? Podría ser lo que en Argentina se llama partícipe necesario. Según nuestro código penal el partícipe necesario es aquel que no comete el delito, pero sin cuya asistencia el delito no se podría haber cometido”, explica.
Las consecuencias que ya se ven
Pero aunque las consecuencias legales estén en duda y sigan en desarrollo, el rechazo de la gente ante las vacunaciones VIP es tangible en todo el país.
“En el aspecto político, el golpe que ha recibido el presidente es inmenso porque la sociedad está indignada. Para tener una dimensión de lo que está sucediendo en Argentina en términos argentinos: por semana muere más gente que en toda la guerra de las Malvinas debido a la pandemia. Eso tiene un impacto importantísimo en la sociedad. En ese contexto, el uso de privilegios vergonzosos genera una indignación que termina por tener un impacto político que es meta político. El desprestigio del presidente y de su gestión es muy importante”, considera Aragón.
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Para Prado, el efecto del escándalo en los próximos meses estará supeditado a la gestión del gobierno en la campaña de vacunación. “Según lo que yo converso con fuentes en la Casa Rosada y en diferentes espacios políticos, la consecuencia no la vamos a ver hoy, ni mañana, ni la semana que viene. La consecuencia la vamos a ver recién en junio”, apunta.
Si el Gobierno Argentino consigue establecer un suministro estable y constante de dotación de dosis de vacunas –cualquiera– nadie se va a acordar de esto en junio. Pero si el Gobierno no consigue tener un gran porcentaje de la población vacunada sí se van a ver las consecuencias de este escándalo político”, afirma.
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Prado y Aragón coinciden en que este proceso recién empieza y que la indignación va a perdurar.
“Este no es un delito cualquiera desde el punto de vista de la opinión pública. Estamos en una pandemia y ante una situación en la que ves que una vacuna es necesaria para poder retomar tu vida normal y que hay gente que se perjudicó. Ver que le den la vacuna a un expresidente porque es amigo del exministro de Salud, que le den la vacuna a los suegros del presidente de la Cámara de Diputados, que se vacune la community manager del ministro de Economía es una joda. Y genera el doble de bronca porque la vacuna es algo a lo que tienen que acceder todos”, señala Prado.
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