Con una fuerte escalada del coronavirus (Covid-19), la declaratoria de “calamidad pública”, un gobierno que se mantuvo en los últimos días prácticamente por teletrabajo y una tensión social en alza a consecuencia de la crisis sanitaria, económica y política, Bolivia se alista para realizar el 18 de octubre sus elecciones presidenciales y parlamentarias en condiciones bastante complicadas. Los comicios son los que quedaron pendientes desde la renuncia de Evo Morales en noviembre del 2019 —tras casi 14 años en el poder— y la asunción interina de Jeanine Áñez en medio de una convulsión política y social que aún sigue latente.
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Precisamente, la pandemia ha configurado también el escenario electoral y el proceso rumbo al día del sufragio. Una experiencia similar reciente se dio en República Dominicana, donde aún se espera medir el impacto de las aglomeraciones por las elecciones generales del 5 de julio. Mientras tanto, en Perú, vecino de Bolivia, ya se han convocado a los comicios presidenciales y legislativos para el 11 de abril del 2021.
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El Tribunal Supremo Electoral (TSE) es la máxima autoridad para el proceso electoral boliviano y organiza el mismo tras su renovación en noviembre. Está conformado por siete vocales, uno de los cuales es designado por el Ejecutivo. Áñez nombró al politólogo e investigador Salvador Romero, quien actualmente preside la entidad. El también catedrático explica a El Comercio que el organismo electoral trabaja bajo tres premisas: solvencia técnica, imparcialidad política y seguridad desde el punto de vista de la salud pública.
“Los dos primeros elementos marcaron muy fuertemente el inicio de la gestión. Y luego de la llegada de la pandemia del coronavirus a Bolivia se ha encarado el proceso electoral también con esta dimensión de seguridad de salud pública”, agrega.
Previsiones y nuevo protocolo
Es así que en estos tiempos de pandemia, el TSE ha elaborado un protocolo junto a especialistas de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) que está pendiente de ser oficializado e implementado. Ya hay, sin embargo, algunos lineamientos.
Romero detalla que uno de ellos busca el distanciamiento social a partir del aumento de locales de votación para evitar aglomeraciones, pues en febrero, antes de la pandemia, se habían oficializado 5.134 recintos en los 9 departamentos.
Se ha ampliado también en una hora la jornada de sufragio, por lo que más de 7 millones de electores (de una población de 11 millones) acudirán a las urnas desde las 8 a.m. hasta las 5 p.m., bajo la recomendación de hacerlo en horarios segmentados en base al último número de su documento de identidad a fin de disminuir los picos. Para ello se hará una fuerte campaña informativa.
Asimismo, se recomendará a los electores asistir sin niños ni mascotas, permanecer solo el tiempo estrictamente necesario en el local de sufragio y luego retornar a sus casas.
Las mesas de votación se ubicarán en lugares abiertos, pero dentro de instituciones educativas, como colegios y universidades. “No está prevista la votación en lugares como calles, porque existen limitaciones por un lado jurídicas, pero también se complicaría de manera muy significativa el tener una votación en un lugar donde no se disponga de las facilidades mínimas necesarias para llevar adelante no solamente el proceso de votación, sino luego también, de manera muy importante, el cómputo de los resultados de esa mesa”, apunta Romero.
Para los miembros de mesa, sorteados entre toda la ciudadanía, se entregará materiales de protección y para los electores se enfatizará la obligatoriedad de acudir con mascarillas. En tanto, las personas que no puedan acudir a sufragar por una causal justificada —el voto es obligatorio hasta los 70 años— podrán tramitar sus dispensas.
“Son todas estas medidas las que hemos adoptado para permitir que la jornada de votación se desarrolle con las mayores medidas de protección posibles. Porque partimos de principio que es posible combinar la protección de la salud con el ejercicio de los derechos políticos”, sentencia el titular del TSE, que además busca sortear las dificultades técnicas y logísticas ante las restricciones de horarios y limitaciones de desplazamientos como parte de las medidas para enfrentar al coronavirus.
Mientras tanto, en el día a día boliviano aún no se conoce a detalle el protocolo de bioseguridad, comenta Priscilla Quiroga, periodista y presentadora de noticias. Ella advierte que por más buena voluntad que se tenga, es difícil tener medidas que garanticen cero contagios, sobre todo porque millones de bolivianos saldrán de sus casas para votar tanto en el país, como en el extranjero.
“Mucha gente no va a querer ser jurado electoral [miembros de mesa]. Tienen que cumplir ocho horas en mesa y son los que más contacto tienen con la gente. Muchos se van a excusar o no irán y preferirán pagar la multa para evitar el contagio. ¿Entonces cómo hacemos para que la gente pueda cumplir con esta obligación? ¿Se va a tener que obligar a las personas? ¿Lo lograrán, se podrá? Muchas mesas se habilitarán tarde o no se habilitarán, y mucha gente no podrá votar”, vislumbra.
Convulsionado antecedente
El 20 de octubre del 2019, Bolivia tuvo unas elecciones generales que derivaron en acusaciones de fraude en el conteo rápido oficial del anterior TSE, el cual finalmente dio la victoria a Evo Morales (46,86%) en primera vuelta tras una diferencia de diez puntos porcentuales con el candidato Carlos Mesa (36,73%). El informe preliminar de una auditoría realizada por la Organización de Estados Americanos (OEA) halló irregularidades y manipulaciones al sistema informático electoral, por lo que recomendó nuevos comicios. Asimismo, el documento final habla de una “manipulación dolosa” de los comicios.
Todo ello desató una ola de protestas y enfrentamientos entre simpatizantes y opositores del hoy exmandatario, quien terminó renunciando el 10 de noviembre y se refugió en Argentina. Debido a que el vicepresidente, el titular del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados también renunciaron, en la línea de sucesión quedaba Jeanine Áñez, vicepresidenta del Senado que asumió la presidencia interina.
Los nuevos comicios se convocaron para el 3 de mayo, pero la pandemia obligó a suspenderlos inicialmente para el 6 de setiembre. Sin embargo, en un anuncio realizado la semana pasada, el TSE resolvió aplazar el sufragio al 18 de octubre considerando —en base a consideraciones de orden científico, legal y sociopolítico— que el pico de la pandemia en Bolivia se situará entre fines de julio y los primeros días de setiembre, por lo que los comicios se desarrollarán en una fase descendente de la enfermedad en dicho país.
“La fecha definitiva de la elección genera mayores condiciones para la protección de la salud, facilidades de votación en el exterior, llegada de misiones de observación internacional, además de favorecer el despliegue logístico de todas las operaciones en el territorio por parte de los Tribunales Departamentales”, dice el pronunciamiento con el que el TSE anunció la postergación de las elecciones.
Tensión e incertidumbre que continúan
Actualmente la campaña no arranca del todo y permanece en segundo plano. Además, de los 8 candidatos que se han presentado, varios ya habían planteado la suspensión de las elecciones por el riesgo de contagio, entre ellos la propia Áñez, de la alianza Juntos, quien inicialmente dijo que no iba a postular.
La mandataria que estuvo unos 20 días en confinamiento tras dar positivo a Covid-19 —8 ministros también se contagiaron— sugirió en un acto oficial hace unas semanas suspender uno o dos meses el sufragio. Su partido Movimiento Demócrata Social (MDS) integró el frente Bolivia Dice No en el proceso de octubre, donde obtuvo el cuarto lugar con poco más de 4%. Esos pedidos de prórroga sumieron al país en una incertidumbre electoral que, finalmente, derivó en un nuevo aplazamiento del día del sufragio.
Quien se ha opuesto a la suspensión de los comicios es Luis Arce (Movimiento al Socialismo-MAS), exministro de Economía de Evo Morales. Vía redes sociales, él ha calificado la medida del TSE de ilegal y considera que el gobierno busca “quedarse en el poder”. Por su parte, Carlos Mesa (Comunidad Ciudadana), inicialmente se había opuesto a que se concrete la postergación, pero la ha terminado respaldando porque, según dijo en un pronunciamiento virtual, “es momento de preocuparnos hoy por la salud, por la lucha contra el coronavirus”. Ambos postulantes lideran las encuestas en ese orden.
De otro lado, hay voces que incluso plantean no pensar aún en elecciones. “La fecha debe fijarse según criterios técnicos sanitarios. Los bolivianos iremos a las urnas cuando votar no sea sinónimo de contagio y muerte”, ha dicho vía Twitter Luis Fernando Camacho, candidato presidencial de Creemos.
Además, el último martes se desarrolló una jornada de protestas en las ciudades de El Alto y La Paz, convocada por la Central Obrera Boliviana (COB) y sus afiliadas, un sindicato afín al MAS que incluso dio un plazo de 72 horas al TSE para retroceder en su decisión y bajo la amenaza de promover una huelga indefinida. Es decir, se eleva la tensión. “Estamos jalando esa crisis política que se mezcla con la crisis sanitaria por el tema de la pandemia y la necesidad de tener un gobierno elegido por el voto popular. Pero en medio de una pandemia, esto se pone mucho más complejo cuando el tema de la salud es lo primero”, opina Quiroga.
Para el politólogo Carlos Cordero, la postergación de las elecciones beneficia a Áñez en su gestión gubernamental y le da más tiempo para su campaña. A su vez, agrega, el MAS toma la prórroga del proceso electoral como parte de su plataforma política contra sus contrincantes.
“Y por otro lado, el MAS quisiera realizar elecciones lo antes posible. Esas dos visiones han tensionado a la ciudadanía. Hay en este momento un mayor descrédito del gobierno de Áñez, el MAS se siente directamente afectado, se ha movilizado y está haciendo una espiral de violencia […] La candidatura de Áñez ha introducido un elemento tóxico a la transición. Como la presidenta es candidata, las protestas tratan de desacreditar al gobierno y mejorar su desempeño electoral”, explica el catedrático de la Universidad Mayor de San Andrés.
Discursos y estrategias
La salud es el tema preponderante en el aún tímido debate electoral. “El primer tema es evidentemente la pandemia. Y están buscando responsables de por qué Bolivia tiene un precario sistema de salud. Al cuestionarlo, el responsable son los 14 años de gobierno de Evo Morales”, dice Cordero respecto a posturas de los opositores del MAS.
A juicio del también politólogo Fernando Mayorga, lo que hay por ahora son declaraciones, críticas a los adversarios y no propuestas programáticas. “Todos hablan de la necesidad de que el Estado intervenga para apagar los efectos de la salud, los efectos económicos y de seguridad alimentaria. Hubo un desplazamiento de un enfoque estricto en aspectos sanitarios al impacto económico de la pandemia”, detalla el doctor en Ciencia Política y docente de la Universidad Mayor de San Simón.
“Sin su mirada no está establecida en lo que es salud, educación y economía no creo que se pueda llegar a nada próspero en las elecciones”, expresó Quiroga.
En cuanto a la estrategia de campaña política, los especialistas consultados coinciden en la importancia que tendrán las redes sociales en un contexto en el que no se pueden realizar actividades masivas o aglomeraciones.
El rol de Evo Morales
Mientras tanto, el expresidente Evo Morales se mantiene refugiado en Argentina, aunque como jefe de campaña del MAS. “Sigue siendo una voz decisiva. Es un liderazgo que está limitado por las propias decisiones de los sindicados o asambleas”, señala Mayorga.
Cordero cree que lo que más le interesa a Morales es contar con una bancada que le sea fiel. “No creo que Evo Morales realmente quiera que Arce Catacora gane las elecciones. Porque si las llegara a ganar, se rompe el mito de que Evo Morales es el imprescindible”, sentencia.
DATO
— El TSE estima en 215 millones de bolivianos (más de US$31 millones) el presupuesto para realizar las elecciones.
— El Ejecutivo publicó la Ley N° 1314, que a iniciativa del TSE dispone reasignar más de US$5 millones —inicialmente destinados al financiamiento de los partidos— preferentemente para la seguridad sanitaria de todas las personas involucradas en todas las etapas de proceso electoral.
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