La imagen muestra a un partidario del ex presidente boliviano Evo Morales, luego de ser herido durante los duros enfrentamientos con la policía antidisturbios, que se vivió en las afueras de Sacaba. (Foto: AFP).
La imagen muestra a un partidario del ex presidente boliviano Evo Morales, luego de ser herido durante los duros enfrentamientos con la policía antidisturbios, que se vivió en las afueras de Sacaba. (Foto: AFP).

La Paz. Un investigación internacional debe esclarecer la violencia en , que dejó 35 fallecidos tras las fallidas elecciones de octubre, incluidas las “masacres” de civiles, según la

Un extenso informe difundido este miércoles por esta comisión de la califica de “masacres” las muertes de civiles en dos ciudades bolivianas, entre otras posibles violaciones de derechos humanos.

La CIDH manifestó su “condena a las masacres de Sacaba y Senkata, en las que se habrían cometido graves violaciones de los derechos humanos”.

En ambas localidades murieron 18 seguidores del expresidente Evo Morales, la mayoría por disparos de armas de fuego durante una incursión de las fuerzas del orden para contrarrestar las protestas. Cuando ocurrieron los hechos el ministro de Defensa, Fernando López, dijo que los proyectiles usados no correspondían a las fuerzas armadas.

El Instituto de Investigaciones Forenses estableció que 27 de las víctimas fallecieron por disparos de armas de fuego pero el Ministro de Gobierno, Arturo Murillo, sugirió que las muertes pudieron ser provocadas por infiltrados con la supuesta intención de culpar al gobierno.

La CIDH también recomendó al gobierno “adoptar medidas para investigar, juzgar y sancionar a los responsables de todos los actos de violencia y desmantelar los grupos armados particulares que han ejercido violencia contra la población civil, del bando que sean”.

Asimismo, el organismo dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA) pidió “entregar los salvoconductos a las personas asiladas en las embajadas de México y de Argentina”, para que puedan ejercer su derecho al asilo y refugio.

Según el gobierno, 25 personas están en la embajada de México en La Paz a la espera de ese documento, entre ellos el exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, contra quien el gobierno inició una demanda penal por sedición y terrorismo.

Una auditoria internacional de la OEA estableció que en los comicios hubo “manipulación dolosa” de los resultados. Las autoridades electorales afrontan un juicio penal por esa causa.

Fuente: EFE / AP