¿Por qué el presidente Nayib Bukele llevó militares al Congreso de El Salvador y qué le exige? | FOTOS Y VIDEO

Militares con uniforme camuflado y armas largas en el Parlamento. Esa imagen dio la vuelta al mundo el domingo luego de que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, llevara al límite su enfrentamiento con el Poder Legislativo.

“Les pido paciencia, si estos sinvergüenzas (los diputados) no aprueban esta semana el Plan Control Territorial los volvemos a convocar el domingo (que viene)”, dijo Bukele sobre una tarima ante miles de sus simpatizantes, que también habían sido convocados para presionar a la Asamblea Legislativa, donde el presidente no tiene mayoría.

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En un hecho insólito, Bukele había ingresado momentos antes hasta el estrado que normalmente ocupa la directiva del Congreso, donde rezó: “La decisión que vamos a tomar ahora la vamos a poner en manos de Dios. Vamos hacer una oración”, dijo.

Luego, Bukele salió del recinto y se dirigió a sus seguidores, a quienes aseguró que durante su oración Dios le dijo que tuviera “paciencia” con los legisladores.

¿Cuál es el fondo del problema?

Bukele presionó el domingo a los diputados para que aprueben la negociación de un préstamo por US$109 millones para poner en marcha la III Fase del Plan Control Territorial, cuyo objetivo es modernizar el equipamiento de la Policía Nacional Civil (PNC) y de las Fuerzas Armadas para que estén mejor preparadas para combatir a las pandillas.

El préstamo fue otorgado en octubre del 2019 por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), y este debe ser avalado con los votos de 56 diputados, mayoría calificada, en el Congreso.

Pero los diputados de oposición del Frente Farabundo Martí para La Liberación Nacional (FMLN) y Alianza Republicana Nacionalista (Arena), que suman 60 votos de un total de 84 escaños, aseguran que el Ejecutivo no ha especificado en qué concretamente será usado el dinero.

El Ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, dijo en noviembre que con el dinero se compraría equipo tecnológico para combatir la delincuencia y serviría para renovar las instalaciones del Hospital Militar y fortalecer las clínicas para la atención a policías y soldados.

El domingo, desde el mediodía, el Congreso empezó a ser rodeado por policías y militares, provistos de chalecos antibalas y fusiles de asalto M-16.

La confrontación había surgido el viernes, cuando el presidente, apoyado en una resolución del consejo de ministros, llamó a la Asamblea Legislativa a sesionar de manera extraordinaria el domingo para aprobar el préstamo.

La orden de Bukele se mantuvo pese a que el presidente del Congreso, Mario Ponce, había convocado el sábado a los parlamentarios a sesionar sobre el polémico préstamo el lunes.

Bukele se amparó en el artículo 167 de la Constitución para hacer el llamado urgente al Congreso, pues aseguró que establece que entre las potestades del Consejo de Ministros está el “convocar extraordinariamente a la Asamblea Legislativa, cuando los intereses de la República lo demanden”. Pero la Asamblea Legislativa le respondió que la convocatoria era “improcedente” porque el mencionado artículo solo prevé llamar a sesión extraordinaria en casos de emergencia nacional.

La prensa salvadoreña sostiene que esa disposición constitucional nunca antes había sido invocada.

Bukele entonces llamó a sus seguidores a apelar al derecho constitucional a la insurrección para reclamar a los parlamentarios por desatender la orden del consejo de ministros.

“Están obligados constitucionalmente a asistir a la sesión extraordinaria. Si alguien rompe el orden constitucional, el pueblo tiene el artículo 87”, escribió el viernes el presidente en su cuenta de Twitter.

El artículo 87 de la Constitución de El Salvador reconoce “el derecho del pueblo a la insurrección, para el solo objeto de restablecer el orden constitucional alterado por la transgresión de las normas relativas a la forma de gobierno o al sistema político establecidos, o por graves violaciones a los derechos consagrados en esta Constitución”.

- Reacción local e internacional-

La confrontación entre Ejecutivo y Legislativo provocó la preocupación tanto dentro como fuera del país.

El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, escribió en su cuenta de Twitter que “En El Salvador, @nayibbukele decidió intimidar al Congreso, rodeándolo e invadiéndolo con militares. Eso atenta contra la democracia y debe ser condenado sin ambigüedad”.

Agregó que “Esta exhibición de fuerza bruta justifica reunión urgente de la OEA, @Almagro_OEA2015 en función de la Carta Democrática. @nayibbukele ordenó ingreso de militares con armas largas a la sesión del Congreso para “persuadir” a los congresistas de las virtudes de su gobierno?”.

Por su parte, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, también usó su cuenta de Twitter par asegurar que conversó con el canciller de El Salvador, quien “expresó respeto del Gobierno de su país por Constitución e institucionalidad y reafirmó compromiso de Gobierno del Presidente @nayibbukele con políticas de seguridad que han arrojado positivos resultados”.

Amnistía Internacional escribió en Twitter que “el ostentoso despliegue policial y militar en la Asamblea Legislativa nos recuerda las épocas más sombrías de la historia de El Salvador y emite una alerta internacional sobre el futuro de los derechos humanos”.

La Unión Europea también expresó en un comunicado la “gran preocupación” que ha causado el “enfrentamiento” entre las instituciones salvadoreñas.

En El Salvador, El cardenal Gregorio Rosa Chávez advirtió que el país está ante un conflicto evidente con “dos posturas bastante radicales”, por lo que instó a las partes a “bajar los niveles de confrontación y volver a los niveles de la racionalidad”.

Mientras que el analista y exministro de Justicia Francisco Bertrand, calificó la postura de Bukele como fuera de lugar y dijo que el país ha vivido la situación “más grave” de las últimas décadas y similar a las que sucedían en los años 1950 y 1960 durante los regímenes militares.

Bukele ha alcanzado altos índices de popularidad en gran parte por su política de seguridad, que ha propiciado una reducción en la percepción de la criminalidad.

Las pandillas son responsables de gran parte de la violencia en El Salvador, uno de los países sin guerra más violentos del mundo, con un promedio anual de 35,6 homicidios por cada 100.000 habitantes en el 2019.