Migrantes de diversas nacionalidades permanecen varados cerca de Tacna, Perú, el 25 de abril de 2023. (Foto de Javier Rumiche / AFP)
Migrantes de diversas nacionalidades permanecen varados cerca de Tacna, Perú, el 25 de abril de 2023. (Foto de Javier Rumiche / AFP)
/ JAVIER RUMICHE
Agencia EFE

La Cancillería chilena dijo este miércoles en una escueta comunicación que mantiene “un canal de diálogo abierto y permanente con ”, luego de que el Gobierno del país vecino declarara el estado de emergencia en sus fronteras con , , y para incrementar el “control de los ciudadanos extranjeros” en el país.

Cada Estado es soberano del resguardo de sus fronteras y, sobre eso, como Gobierno [chileno] no nos corresponde opinar”, agregó la nota del Ministerio de Relaciones Exteriores.

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La presidenta peruana decretó el estado de emergencia esta tarde después de que desde hace varias semanas cientos de venezolanos, colombianos y haitianos se encuentran varados en Tacna, en la frontera chilena y peruana.

El pasado jueves, la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Perú advirtieron sobre el peligro y la “grave situación” de abandono que corre la población migrante en la zona.

Reacciones en el Congreso

La decisión de la presidenta peruana, Dina Boluarte, desencadenó varias reacciones entre los parlamentarios chilenos: mientras la oposición respaldó el decreto de Estado de emergencia, el oficialismo tomó distancia.

Perú nos ha dado una clase magistral de seguridad de sus fronteras. Cuando se les llenaron de migrantes las plazas, los parques, las esquinas, actúan de inmediato”, señaló el senador de derecha José Durana.

El senador del Partido Socialista, José Miguel Insulza, por su parte, precisó que “esto no es un conflicto militar”, y que “las fuerzas armadas chilenas están cumpliendo una tarea seguridad pública más que una tarea de defensa”.

A fines de febrero pasado, Chile inició un despliegue militar en los puntos críticos de la frontera con Perú y Bolivia durante 90 días con miras a aumentar el control del ingreso irregular de personas migrantes que afecta la zona.

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Boluarte afirmó que esta medida “permitirá la ejecución de operaciones policiales relacionadas al control de las fronteras con la finalidad de prevenir el orden interno y los derechos constitucionales de la población”.

Durante el estado de emergencia quedan restringidos o suspendidos los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales.

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