La vivienda de Cristina Kirchner en el barrio porteño de Recoleta ha quedado en el centro de un fuerte enfrentamiento entre la justicia y las autoridades de Buenos Aires.
La crispación arrancó el lunes pasado luego de que un fiscal solicitara una pena de doce años de prisión contra la vicepresidenta argentina y su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en medio de un juicio en el que se le acusa de presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas cuando era presidenta. Diversas manifestaciones y vigilias de apoyo a Kirchner se han sucedido desde entonces, avivando las tensiones y las preocupaciones por la seguridad.
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La tensión subió de nivel el fin de semana luego de que el alcalde de la ciudad de Buenos Aires, el opositor Horacio Rodríguez Larreta, ordenara instalar un vallado policial en los alrededores de la residencia de Kirchner. En respuesta, cientos de simpatizantes de la expresidenta kirchnerista marcharon el sábado fuera del lugar y se produjeron disturbios con la Policía cuando un pequeño grupo de seguidores de Fernández tiraron las vallas y avanzaron hacia el edificio donde reside.
Aunque las autoridades de Buenos Aires terminaron sacando las vallas, se niegan a retirar a la policía de las inmediaciones de la vivienda, tal como lo ordenó el juez Roberto Gallardo.
En una escalada de la disputa, Rodríguez Larreta afirmó este martes que su gobierno apelará el fallo que dispuso que la Policía de Buenos Aires no esté presente en las inmediaciones del edificio y anunció que recusará a Gallardo, a quien describió como “un juez que está públicamente alineado con el kirchnerismo”.
¿Quién cuida a quién?
En la práctica, el choque entre la justicia y las autoridades de la ciudad capitalina tiene como eje la seguridad. De un lado, Larreta afirma que el juez le ha ordenado a Buenos Aires no ocuparse de la seguridad en la ciudad. Del otro, el magistrado ha remarcado que la custodia de la vicepresidenta se encuentra a cargo de las autoridades de seguridad federales.
Si bien la normativa dice que de la seguridad de la vicepresidenta se encarga la nación, el analista político argentino Santiago Rodríguez Rey, considera que el juez pide algo un poco incumplible en el sentido de que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires siempre va a tener un argumento para ingresar en esa área porque es su jurisdicción.
“Puntualmente lo que el juez pide es que no pueden hacerlo en nombre de proteger a la vicepresidenta. Si en algún momento el argumento para acercarse al área era la protección de la vicepresidenta es argumento desde la ciudad de Buenos Aires no puede estar, pero cualquier otro argumento, como cuidar a los locales que están en frente, sí podría funcionar”, explica.
Para el experto, la ciudad de Buenos Aires quedó encerrada en un escenario en el que no tiene cómo ganar. “Es un callejón sin salida. La ciudad de Buenos Aires tenía distintas opciones: o hacía una excepción y se retiraba de la escena y dejaba que se produjera una situación de desgaste o actuaba. Y decidió actuar, lo que yo considero que fue pisar el palito. Al actuar dio la excusa para que la movilización funcione como tal”, dice a El Comercio.
Y recuerda que la mayor crítica que se le ha hecho a Rodríguez Larreta es haber colocado las vallas, haber cerrado el lugar. “Con ello dio la excusa para que las movilizaciones que estaban programadas en otros lados de la ciudad se trasladen a ese punto”, enfatiza.
Pugna política
El mismo sábado, además de arroparse de sus seguidores, Cristina Kirchner denunció que “ha habido demasiada sangre en Argentina para que sigan amenazando con tiro, bala, gas lacrimógeno, gas pimienta a los que piensan diferente”.
Afirmó que sus rivales quieren “exterminar al peronismo” y pidió a la oposición “que deje de competir entre sí a ver quien odia más y quién les pega más a los peronistas”.
Ha sido un largo día. Quiero decirles que aunque viviera mil años, nunca me va a alcanzar para agradecerles el amor, la solidaridad y la lealtad de todos ustedes. pic.twitter.com/Vz2FI2uVYh
— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) August 28, 2022
En tanto, el ministro de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, Marcelo D´Alessandro afirmó que el kirchnerismo y sus aliados están “generando un escenario de violencia para que pase cualquier cosa, incluso hechos de sangre”.
Rodríguez Larreta siguió este martes con esa retórica y acuso al kirchnerismo de incitar a la violencia con sus declaraciones y afirmó que su gobierno no va “a entrar en las provocaciones y en la escalada del conflicto”.
En este contexto, el analista Rodríguez Rey afirma que es claro que la disputa entre la justicia y las autoridades de la ciudad de Buenos Aires es parte de una pugna política más que una batalla sostenible.
“Alimenta las diferencias, posiciona personajes políticos, pero no hay consecuencias puntuales para la justicia y la ciudad de Buenos Aires. Este enfrentamiento queda en lo discursivo”, afirma.
“El juez puede decir, porque además así está establecido, que la seguridad de la vicepresidenta depende del ministerio de Seguridad de la nación. El gobierno de la ciudad también pude aducir que el área circundante a la casa donde se reúnen los manifestantes corresponde ser vigilado por la ciudad. Es un tura y afloja que no tiene final, lo hacen para ver quién tira más fuerte y quién hace más ruido en los medios. No hay una solución real”, agrega.
No obstante, destaca que, más allá de lo político, en algún momento hubo temor de que la violencia escalase, especialmente si algún vecino hubiera tenido alguna reacción violenta o inadecuada hacia las manifestaciones. “El miedo radicaba en que eso se descontrolara y que entrara en acción el gobierno de la ciudad. Por suerte no pasó a mayores”.
“Todo indica que lo que pasó el fin de semana fue una llamarada del momento. Ahora, la defensa de la vicepresidenta es en unos días y ahí podemos ver alguna situación similar”, añade.
Por su parte, el diario “La Nación” destacó en su editorial del lunes que Kirchner se está construyendo “un escudo de poder para resistir la eventual condena”. “De ocurrir será a fin de año. Necesita dosificar la movilización en un crescendo de al menos tres meses y evitar en el camino cualquier deserción en las filas propias”. Añade que el caos del sábado “es una muestra de lo que podría venir”.