“Nos temen y por eso nos castigan”: el sombrío panorama a seis meses de las históricas protestas en Cuba

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Al grito de “Libertad” y “Tenemos hambre”, las protestas espontáneas estallaron el 11 y 12 de julio en cerca de 50 ciudades cubanas y rápidamente se convirtieron en las mayores manifestaciones en décadas en el país.

Desde la ciudad de Sancti Spiritus, el psicólogo cubano Dennis Valdés ha sido testigo de los esfuerzos del gobierno de Miguel Días-Canel de socavar las protestas que, afirma, fueron la prueba del hartazgo de la población.

“Los sucesos del 11J ayudaron a despertar a una buena parte de la población dormida y desesperanzada. Fue el momento más esperado por la mayoría en Cuba, fue una catarsis, prácticamente en todas las capitales provinciales y municipios se sumaron a las protestas pacíficas. Aunque la manifestación también le sirvió al gobierno cubano para escarmentar a millones de cubanos y cubanas por salir a las calles a defender sus derechos”, dice a El Comercio.

Al menos 158 manifestantes han sido acusados por el delito de sedición en Cuba, según la ONG de derechos humanos Cubalex. Esta semana 57 de ellos han sido juzgados en las provincias de La Habana, Holguín y Santa Clara, y el régimen les está dando sentencias de 20 o 30 años.

De acuerdo a la misma ONG, las manifestaciones terminaron con decenas de heridos y 1.355 detenidos, de los cuales 719 siguen en prisión.

“Nos temen y por eso nos castigan”

La periodista cubana Camila Acosta, que escribe para Cubanet y es corresponsal del diario español “ABC” en La Habana, afirma que seis meses después de las protestas en Cuba “el régimen ha logrado implantar el terror en la población”.

“El régimen de terror se ha visto en la realización de juicios a más de 200 manifestantes. Las autoridades hasta ahora se niegan a informar la cifra real de detenidos por las protestas del 11 de julio y de las personas que están siendo procesadas. No permiten las protestas y están haciendo juicios incluso a menores de edad. Hay niños de 12, 13 y 14 años están presos en la provincia de Matanzas. En la provincia de Holguín se están enjuiciando a cuatro jóvenes de menos de 18 años para quienes se está pidiendo 15 años de privación de libertad por el delito de sedición”, cuenta a este Diario.

El delito más grave por el que se está acusando a los manifestantes es el de sedición, que puede llevar incluso a una condena de muerte, pero la máxima pena que se está pidiendo ahora es 30 años de privación de libertad.

La ONG Human Rights Watch (HRW) afirma en su informe mundial del 2022 que el Gobierno cubano sigue “reprimiendo y castigando prácticamente todo tipo de disidencia y crítica pública” en la isla y destaca la “brutal represión” llevada a cabo tras las masivas protestas antigubernamentales de julio.

La ONG recoge más de mil detenciones de manifestantes, en su mayoría pacíficos; arrestos “sistemáticos” y “arbitrarios” de activistas, artistas y periodistas con motivación intimidatoria; así como sitios de disidentes en sus domicilios.

Valdés afirma que las sanciones del régimen se impusieron primero a los más jóvenes. “Somos la generación del cambio, nos temen y nos condenan a 20 y 30 años de cárcel para que sirva como castigo ejemplarizante y no vuelva a repetirse”, señala.

“El gobierno de Cuba gobierna a través del miedo, lo ha hecho por décadas y décadas, y lo hace muy bien. Acosan y atormentan a las familias de los presos políticos, incluyendo a muchos jóvenes adolescentes que están siendo juzgados ahora mismo. Censuran a medios de prensa internacional para que no visibilicen los juicios ejemplarizantes, Cuba tiene un Estado del terror”, agrega.

Acosta añade que el exilio obligado ha aumentado. La semana pasada tres reporteros cubanos optaron por el destierro, uno de ellos es el periodista de CubaNet, Orelvys Cabrera, que estuvo más de un mes preso por reportar las protestas del 11 de julio en Matanzas. Uno de los casos más famosos fue el de Esteban Rodríguez, que estuvo ocho meses encarcelado por participar en una manifestación pacífica dos meses antes del 11 de julio. El gobierno cubano le dio a elegir entre el destierro o la prisión prolongada.

“Así ha sucedido con muchísimos opositores”, dice Acosta. “El régimen ha logrado infundir el terror porque es la única forma que tiene de controlar a la población. Por otro lado, tenemos una aguda crisis económica que se ha ido agravando con la pandemia, y una inflación nunca antes vista. Lo más preocupante ahora es la situación de los presos políticos, son cifras alarmantes. Se reportan al menos 800 presos políticos, pero se cree que son muchos más. Hay una persecución a la prensa independiente y muchas familias que tienen miedo de denunciar. Son muchas las personas que están en prisión, sobre todo a raíz de las protestas de julio pasado en todo el país”, apunta.

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