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Sin ellos saberlo les inocularon sífilis, gonorrea y otras enfermedades de transmisión sexual como parte de unos experimentos patrocinados por el gobierno de Estados Unidos.
Pero los guatemaltecos utilizados como "conejillos de indias" hace 60 años ahora buscan una reparación en los tribunales estadounidenses.
"Fue algo aberrante, algo que nunca me podría haber esperado", cuenta Héctor Bardales, de 88 años, quien fue inoculado con sífilis mientras prestaba servicio militar en su país cuando tenía 19 años.
"Una vez fui al cuartel general y allí me abordaron. Un hombre vestido de blanco, que me iba a poner una inyección y me decía en inglés 'this is good for you' (esto es bueno para usted)", recuerda.
En aquel momento no sabía que acababa de entrar a formar parte de los más de 1.500 guatemaltecos con los que el Gobierno Estadounidense experimentó entre 1946 y 1948 para estudiar en humanos el desarrollo de las infecciones de transmisión sexual y evaluar la capacidad de prevención de la penicilina.
Al menos 83 murieron en los experimentos. Cientos quedaron marcadas de por vida.
Para lograrlo recurrieron a prostitutas infectadas a las que se permitía pasar la noche con reclusos para transmitirle el virus, a niños de orfanatos a los que se les inyectaba, a enfermos mentales y militares de baja graduación que no cuestionaban órdenes.
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UNA VIDA "MALA"
Sin ser consciente de que estaba enfermo, con el tiempo Bardales empezó a sentir dolores de cabeza y cambios de humor.
"Llegó un momento que perdí la memoria, no sabía en lo que andaba y toda mi vida ha sido aberrante, ha sido mala, mala, mala", le cuenta a BBC Mundo en entrevista telefónica desde Guatemala.
La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual causada por una bacteria que, si se detecta a tiempo, se puede curar fácilmente con antibióticos.
Sin embargo, de no ser tratada puede degenerar en otros problemas, incluidos daños cerebrales que afecten al estado de ánimo, problemas de vista, dolores "relámpago" y alucinaciones.
"Yo soy un hombre de 88 años, le serví a mi patria y no es justo que me hayan hecho esta barbaridad" dice Bardales con la voz entrecortada antes de romper a llorar.
Una de las cosas que lamenta es que al no saber que estaba enfermo contagió a su mujer, madre de sus tres hijos, quienes también sufren las consecuencias de los experimentos.
La sífilis se puede pasar de la madre al bebé durante el embarazo y causar defectos congénitos o abortos.
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BUSCANDO RESPONSABLES
El caso de Héctor Bardales es uno de los que contiene la demanda colectiva que acaba de presentar un grupo de 773 personas contra la Universidad Johns Hopkins y la fundación Rockefeller.
Según la demanda, médicos y científicos vinculados a estas instituciones "participaron, aprobaron, fomentaron, ayudaron y fueron cómplices" de los experimentos llevados a cabo en Guatemala, y su posterior análisis, hasta bien entrados los años 50.
La demanda señala que en la década de los años 30 y 40 hubo un aumento de los estudios en ese ámbito financiados con fondos federales, pero que el gobierno de EE.UU. no ejercía control sobre la investigación o los médicos que la conducían.
"Este sistema resultó en el control del sector privado de la investigación y experimentación de enfermedades de transmisión sexual con financiamiento federal", indica el documento.
Ambas instituciones condenaron los experimentos que calificaron como "antiéticos", pero rechazaron su responsabilidad.
Héctor Bardales tenía 19 años cuando fue inoculado de sífilis. "Fue algo aberrante, que nunca me podía haber esperado", dijo a BBC.
"Éste no fue un estudio de la Johns Hopkins. Johns Hopkins no lo inició, no financió, dirigió o condujo el estudio en Guatemala", defendió la institución académica que cuenta con el que es considerado como uno de los mejores hospitales del país en Baltimore (Maryland).
La fundación Rockefeller, por su parte, señaló que la demanda busca asignar "culpabilidad por asociación" relacionando a la organización "erróneamente" con algunos individuos vinculados con los experimentos.
El grupo farmacéutico Bristol-Myers Squibb, la compañía que suministró la penicilina para los experimentos, también fue incluido en la querella porque según dijo a BBC Mundo el abogado Juan Pablo Rodríguez, miembro del equipo defensor de las víctimas, "ellos sabían" de los experimentos.
"La penicilina era bastante reciente, sobre todo para el uso de la sífilis, y ellos querían saber cómo realmente su medicamento iba a funcionar con pacientes vivos y cómo evolucionaba la enfermedad", afirmó.
La compañía no ha hecho comentarios públicos al respecto. En una declaración remitida a CNN señaló que están revisando las alegaciones.
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UN SECRETO POR 65 AÑOS
El caso salió a la luz en el 2010 cuando la investigadora estadounidense Susan Rever, del Wellesley College, se topó con los archivos del doctor John Cutter, uno de los médicos que llevó a cabo los experimentos para el servicio de salud pública de Estados Unidos.
Los documentos encontrados revelaron que los guatemaltecos no fueron informados sobre la naturaleza de los experimentos, ni sobre las consecuencias de contraer la enfermedad.
Los experimentos trataban de establecer si la penicilina podía prevenir una infección temprana de sífilis, y no sólo curarla.
En algunos casos no recibieron ningún tratamiento o se les suministró un tratamiento parcial para continuar viendo la evolución de la enfermedad.
Al menos 83 de los guatemaltecos que participaron en los experimentos murieron antes de 1953.
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MÁS QUE DISCULPAS
El presidente de EE.UU., Barack Obama, se disculpó con su homólogo de Guatemala en el 2010 y ordenó la creación de la comisión presidencial de bioética que concluyó que esas prácticas "entrañaron inconcebibles violaciones básicas de la ética" médica.
El entonces presidente de Guatemala Álvaro Colom calificó la investigación como "espeluznante", se comprometió a abrir una investigación independiente y a compensar a las víctimas.
Pero esa ayuda tampoco ha llegado.
Y éste será el segundo intento de los guatemaltecos de buscar una reparación: en el 2012 un juez federal estadounidense desestimó otra querella contra el gobierno de Estados Unidos al considerar que no se puede responsabilizar al gobierno federal por hechos que ocurrieron fuera del territorio.
La nueva demanda –de la que no forman parte los demandantes anteriores– pide una reparación de 1.000 millones de dólares en concepto de daños por la "crueldad y desprecio" con los derechos de los afectados, indica la querella.
"Queremos que el mundo sepa lo que ha pasado", dice además el abogado Juan Pablo Rodríguez, quien sabe que el proceso será largo pero asegura estar dispuesto a llegar hasta el final para dignificar y resarcir a las víctimas.
"Es una compensación lógica, son vidas destruidas", dijo.
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LA ÚLTIMA ESPERANZA
Después de años de dolor, de invalidez para trabajar y de facturas médicas, Bardales tiene esperanza de que esta demanda salga adelante "para decir, por lo menos, tengo algo para morir tranquilo".
"Espero que se pongan la mano en la conciencia y que me digan 'aquí está esto'. Pero no quiero un mendrugo, no quiero una limosna, quiero lo justo".
Pese a su larga vida y a sus episodios de pérdida de memoria, hay una imagen nítida en su cabeza.
"Lo que nunca se me olvidará es ese hombre vestido de blanco que me volvía a repetir 'this is good for you', 'this is good for you'".
