El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, denunció este miércoles una persecución tras el allanamiento de la Fiscalía a las oficinas de la cadena de estaciones de servicio de la que es propietario, después de que su empresa esté incluida junto a otras en una denuncia presentada por el Gobierno de Ecuador por presunto contrabando de combustibles.
“Para mí está clara la persecución”, señaló Alvarez en declaraciones a periodistas antes del inicio de la ceremonia conmemorativa por la fundación de Guayaquil, la ciudad ecuatoriana más poblada actualmente.
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“No nos olvidemos de que ya estamos (casi) en campaña electoral. En un mes y algunos días se tienen que inscribir los candidatos”, señaló el alcalde en referencia a las elecciones generales extraordinarias de 2025, en las que el actual presidente, Daniel Noboa, apunta a presentarse para la reelección.
Alvarez recordó que fue elegido alcalde de Guayaquil bajo el auspicio de la Revolución Ciudadana (RC), la organización política que lidera el expresidente Rafael Correa (2007-2017).
“¿Qué cuadro o partido le va a hacer frente con fuerza al Gobierno para la reelección? La RC. Entonces, obviamente van a buscar desprestigiar”, advirtió.
Seguidamente lamentó que la Fiscalía halla usado la bandera de Guayaquil para el logotipo del caso donde está investigado, al que ha bautizado como ‘Triple A’, con una llama idéntica a la usada por Revolución Ciudadana en su logotipo.
Alvarez calificó de “denigrante” el uso de la bandera de la ciudad para representar un logotipo sobre un caso de presunta corrupción, y afirmó que no es normal que pongan además uno de los elementos del logotipo del correísmo.
Este miércoles Revolución Ciudadana eliminó de su logotipo la llama que lo coronaba.
A inicios de julio, en una entrevista con Radio Sucre, el presidente Daniel Noboa aseguró que “hay compañías que se han metido centenares de millones de dólares contrabandeando combustible”.
Con ello, puso como ejemplo que un solo vehículo llenó al año 128.000 galones (unos 484.500 litros), de los cuales 123.000 galones (unos 460.000 litros) eran de gasolina Extra, 2.000 galones (unos 7.500 litros) de Eco País y de gasolina Súper y “el mismo, con el motor a gasolina”, cargó 3.000 galones (unos 11.300 litros) de diésel (que sigue subsidiado).
Esto representa que se llenó por completo el tanque de combustible de ese vehículo 28 veces al día, calculó. “Y así, una sola empresa que tiene como ese carrito, 8.000 carros. Solo ahí se han robado decenas de millones del país porque el Estado subsidia (el combustible)”, explicó.
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La denuncia formulada por la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables (Arcernnr), fue presentada pocos días después de que el Gobierno de Noboa subiera los precios de las gasolinas de mayor consumo al reducir los subsidios.
A finales de julio, las gasolinas Extra y Eco País, ambas de 85 octanos, dejaron de tener un precio congelado de 2,47 dólares por galón (3,78 litros) y experimentaron una subida de 25 centavos hasta los 2,72, mientras que posteriormente volvió a subir en julio hasta los 2,75 dólares por galón.
El precio congelado favorecía el contrabando de combustible internacional para ser después revendido en Colombia o en Perú, donde los precios de estos hidrocarburos están liberalizados y en línea con las fluctuaciones de los precios del petróleo.
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