Petro y Lasso, dos presidentes en problemas a causa de sus familias

Gustavo Petro llegó en agosto pasado a la presidencia de Colombia enarbolando las banderas del cambio y la esperanza. Los cuatro años de Iván Duque terminaban y el primer mandatario de izquierda en el país no tardó en iniciar una batería de reformas, que fueron el corazón de su campaña electoral.

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Siete meses después, el presidente Petro atraviesa por uno de sus momentos más complicados, con reformas cuestionadas por su propio gabinete, una crisis de seguridad, advertencias de injerencias de la Corte Constitucional y el fiscal general de la Nación, protestas ciudadanas y, como cereza en la torta, las denuncias contra su hermano y el mayor de sus hijos, que han disparado el escándalo pues desbarata el discurso anticorrupción del gobierno y sus promesas de cambio.

“Son denuncias complicadas para cualquier mandatario que está expuesto al escrutinio público, pero por la historia del presidente Petro y su discurso anticorrupción contra los políticos, es particularmente delicado. La semana anterior fue muy fuerte para el gobierno y esto ha pasado en el peor momento, pues se está jugando muchos frentes al mismo tiempo”, señala a El Comercio Sandra Botero, profesora de Ciencia Política de la Universidad del Rosario en Bogotá.

Nicolás Petro tiene 36 años, es el hijo mayor del mandatario y el único que ha seguido sus pasos en la política. Diputado por el departamento del Atlántico, ha acompañado a su padre desde que fue alcalde de Bogotá y fue un entusiasta integrante de su equipo de campaña en el proceso electoral que lo llevó a la Presidencia.

Pero, al parecer, sus ambiciones no se quedaron solo en la política. Su exesposa, Day Vásquez, reveló a la revista “Semana” que Nicolás recibió millonarias donaciones de narcotraficantes, contrabandistas y exparamilitares, dinero que supuestamente era para la campaña de su papá y a quien no informó, pero que terminó utilizando en joyas, ropa de marca, tratamientos cosméticos, hoteles y restaurantes de lujo.

Y no solo eso. Nicolás Petro tendrá que demostrar de dónde sacó el dinero para la compra de un penthouse en Barranquilla valorizado en 522 mil dólares y de una casa de campo de 330 mil dólares.

Los chats que la propia Vásquez le envió a la prensa detallan movimientos de millones de pesos “en maletas”, así como supuestas reuniones con el ministro del Interior, Alfonso Prada, quien le habría dado “10 cupos” para que trabajasen en el despacho amigos y familiares.

El asunto no acaba con su hijo. El hermano del presidente, Juan Fernando Petro, se habría reunido en algunas cárceles con miembros de bandas criminales para ofrecerles, a cambio de dinero, formar parte del plan Paz Total, otra de las banderas del gobierno con el que busca reducir la criminalidad.

Aunque el presidente ya pidió a la fiscalía que investigue a ambos, el daño ya está hecho y el escándalo de su familia solo fue el corolario de una de las etapas más turbulentas de su gestión.

A inicios de mes reemplazó a tres ministros: de Educación, Cultura y Deporte. El primero, Alejandro Gaviria, había sido muy crítico con la reforma de salud que está impulsando el mandatario, y que busca que el Estado administre los recursos para garantizar una salud pública y universal, que actualmente está en manos de empresas privadas.

"Confío en que mi hermano y mi hijo puedan demostrar su inocencia pero respetaré las conclusiones a las que llegue la justicia".

Gustavo Petro, presidente de Colombia

La reforma, que deberá ser analizada por el Congreso, es una de las grandes apuestas de Petro, pero se está topando con muchos reparos e incluso los partidos que forman la coalición oficialista podrían darle la espalda.

Luego, una protesta de campesinos en un campo petrolero en el Caquetá dejó dos muertos, mientras que 84 policías y trabajadores fueron retenidos durante dos días por los manifestantes.

“El presidente y el gobierno tienen un ritmo frenético de reformas. Están tratando de hacer muchas cosas al mismo tiempo y no sé si podrán hacerlas todas: está la reforma de la salud, de las pensiones, del trabajo y la propuesta de paz”, añade Botero. Sin embargo, Petro sabe que para ejecutar su ambicioso programa necesita cohesión en su gobierno, pero está ya está mostrando signos de desgarrarse con desacuerdos dentro del propio gabinete.

“Recién han pasado siete meses de gestión y está entrando a lo más complicado, pues este es el año realmente difícil, porque se le acaba la luna de miel con el Congreso. La pregunta es si Petro va a volver a torpedearse como lo hizo en la alcaldía de Bogotá, o si va a intentar mantener el espíritu y la dirección de algunas de las reformas, pero entendiendo que muy probablemente no las va a sacar como él se las imaginó o como su base las querría. Él no tiene un gobierno de mayoría, no puede pasar los proyectos como él quiere, y necesita el apoyo de otros partidos”, comenta la experta.

La reciente encuesta de Invamer Poll señala que Gustavo Petro tiene un 40% de aprobación y un rechazo del 51%. Es la primera vez en sus siete meses de gobierno, que su gestión tiene más desaprobación que apoyo.

El presidente de Ecuador lleva casi dos años en el cargo y ya enfrentó un juicio político y está ad portas de otro. A la mitad de su gestión ya es un presidente debilitado, con un reciente referéndum perdido y el correísmo soplándole en el cuello.

Sus índices de popularidad, que apenas superan el 13%, no están ayudando a la gobernabilidad y menos aún recientes denuncias de corrupción que salpican a su familia, directamente a su cuñado, Danilo Carrera.

Las revelaciones del medio digital “La Posta” señalan una trama de corrupción en empresas públicas en el que uno de sus protagonistas sería Carrera, alias ‘Gran Padrino’.

Otro personaje cercano al oficialismo, el empresario Rubén Cherres, hoy prófugo y amigo de Carrera, formaría parte de una red de narcotráfico según una investigación policial.

El Parlamento, de mayoría opositora, ya anunció su intención de abrir la próxima semana el proceso de juicio político, que tendrá que ser validado por la Corte Constitucional.

Si finalmente Lasso termina destituido, su vicepresidente tendrá que completar el mandato. Sin embargo, se especula que para evitar esto podría activar la llamada ‘muerte cruzada’, que significa discolver la Asamblea Nacional y convocar a elecciones en seis meses, tiempo en el que gobernaría por decreto.

“Los quince minutos de fama de estos mercenarios del entretenimiento noticioso terminaron. Vamos a dar batalla a aquellos que quieren violar la libertad de expresión”

Guillermo Lasso, presidente de Ecuador

“En cualquiera de estos dos escenarios, se abre un período de inestabilidad en el país. Si no se da el juicio político, Lasso seguirá siendo un presidente muy débil, y ya se anuncian más protestas sociales”, explica el periodista ecuatoriano César Ricaurte, director de Fundamedios, quien no duda en señalar al expresidente Rafael Correa como el factor que está propiciando este escenario.

“En las últimas elecciones regionales, su partido tuvo victorias importantes y él se plantea su retorno al poder. Pero no solo quiere ganar las próximas elecciones sino establecer un plan para convocar a una Asamblea Constituyente y modificar todos los poderes del Estado para volver a llenarlos con gente afín a él”, agrega.

Sin embargo, Lasso también ha puesto de su parte para que su gestión no sea aprobada por los ecuatorianos. “Los números macroeconómicos no son malos, hay una cierta estabilidad fiscal y presupuestaria, pero el gobierno ha fallado en su poca inversión social, y la reactivación del sector productivo privado no se ha dado. Si a esto se suma la crisis de seguridad y la presencia violenta del crimen organizado y el narcotráfico, genera en la población una sensación de que la presidencia de Lasso ha fracasado”.