El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), Leonidas Iza (izq.), junto a los representantes del Gobierno ecuatoriano durante una reunión dónde elaboraron una hoja de ruta para el diálogo, en Quito (Ecuador).
El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), Leonidas Iza (izq.), junto a los representantes del Gobierno ecuatoriano durante una reunión dónde elaboraron una hoja de ruta para el diálogo, en Quito (Ecuador).
/ EFE/ Ministerio De Gobierno
Agencia EFE

La Confederación de Nacionalidades Indígenas () tildó este sábado de “absurdas” las acusaciones del jefe de Estado, Guillermo Lasso, en el sentido de que la reciente protesta contra la carestía de la vida -que duró 18 días- tuvo, presuntamente, financiación proveniente del narcotráfico.

La Conaie rechaza “las recientes declaraciones y vinculaciones del presidente Guillermo Lasso sobre el supuesto financiamiento de ‘15 millones (de dólares) del narcotráfico’ al paro nacional, esto atenta y estigmatiza a la legítima protesta social”, señaló en un comunicado.

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A la vez, esa acusación “denota la limitada visión del presidente para entender la realidad y las formas organizativas de los pueblos indígenas y el concepto de solidaridad tan arraigado a la lucha social”, señaló la confederación al tildar de “absurdas las acusaciones” emitidas a un medio internacional.

En opinión de la Conaie, “acorralado por las cifras de rechazo a su gestión y la incapacidad de gobernar, emite acusaciones falsas e irresponsables agravando la convulsión social y política provocada por el mismo Gobierno”.

Y añade que “el ideal neoliberal del ‘Gobierno del Encuentro’ le hace imposible comprender que se haga algo sin la mediación del capital, sea este legal o ilegal”.

La Conaie mencionó que las “actitudes maliciosas” de Lasso “ponen en duda el acta firmada pues demuestra abiertamente el ‘quemeimportismo’ del Ejecutivo y acentúa la política de confrontación”.

Advirtió, además, en el escrito que la narrativa oficial del “narcotráfico y terrorismo” se erige “a criminalizar la protesta, pone en riesgo y sabotea desde el mismo Ejecutivo el proceso oficializado el 7 de julio” para los próximos 90 días.

De acuerdo con la Conaie, las movilizaciones se sostuvieron por aportes comunitarios colectivos y por solidaridad de distintos sectores.

PROCESO DE DIÁLOGO

El pasado 7 de julio quedó definida la hoja de ruta para el diálogo ampliado entre representantes del Gobierno y del movimiento indígena para atender las demandas que motivaron la ola de protestas, que dejaron seis fallecidos y unos 500 heridos, entre manifestantes y miembros de las fuerzas del orden.

En esas protestas, que se caracterizaron por el cierre de carreteras y el bloqueo de vías, hubo daños a la propiedad pública y privada, así como ataques a un convoy del Ejército que intentaba despejar las vías para facilitar el abastecimiento a Quito, y a otro que llevaba combustible a una zona de la Amazonía.

En el encuentro del pasado jueves, que tuvo lugar en la sede de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, se definieron las diez mesas temáticas que abordarán el pliego de peticiones planteado por los indígenas desde el inicio de las protestas, que se extendieron por 18 días.

Asimismo, se definió la mesa de coordinación, que se encargará de monitorear los avances en el diálogo específico, que se prevé que comience el 13 de julio, cuando se empezarán a contar los 90 días para encontrar soluciones establecidas en el acuerdo que puso fin a las movilizaciones.

En el comunicado de este sábado, la Conaie pidió respeto a la “memoria de los caídos”, así como al diálogo iniciado, e invitó al jefe de Estado “a sentarse a dialogar de frente” con los representantes de las comunidades indígenas.

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