El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó el primer estado de excepción de su gestión luego de una serie de disturbios en al menos seis cárceles del país y del escape de prisión de un peligroso capo del narcotráfico. La reacción a la medida, sin embargo, demostró que la crisis de la delincuencia y la violencia ha alcanzado un nivel superlativo en el país. El caos es total.
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Desde el lunes, cuando se dictó el estado de excepción, al menos siete agentes de policía fueron secuestrados por delincuentes y se produjeron explosiones de artefactos en varios puntos del país. Este martes, la crisis escaló con la fuga de prisión de otro peso pesado del crimen y con delincuentes encapuchados asaltando un canal de televisión y una universidad.
El Comercio conversó al respecto con Julio Echeverría, sociólogo y politólogo ecuatoriano, quien destaca que es urgente que el Estado cambie de estrategia.
—¿Es suficiente el estado de excepción en Ecuador?
El estado de excepción es una medida adecuada en determinadas ciscunstancias. No es lo más eficiente que se utilice de manera generalizada, como está siendo implementada en este momento. Tenemos un estado de excepción en todo el país, con una duración de tiempo aplicada a nivel general, lo que pone en evidencia que no se está identificando cuáles son los puntos más calientes. Por lo tanto, no hay la selectividad suficiente como para utilizar de manera más eficiente a las fuerzas del orden.
—¿Qué revela el caos que se está viendo de la crisis de la delincuencia y el narcotráfico en el país y de cómo se ha enfrentado este problema?
Por un lado, revela que el Estado no logra todavía definir un plan de acción consistente y multidireccional para enfrentar un problema que es extremadamente grave y que tiene distintas aristas. Todavía no se ve una estrategia integral y coherente que incluya la investigación, la prevención, la intervención, lo que puede conducir a acciones reactivas frente al fenómeno y no a acciones de iniciativa ante el problema. El gobierno deberá privilegiar esos niveles de investigación para definir con más claridad sus estrategias. Por otro lado, el país necesita una convocatoria amplia de distintos sectores, de la academia, de la sociedad civil, de fuerzas sociales para involucrarlos en una estrategia colectiva de enfrentamiento al fenómeno.
—La fuga de Fabricio Colón Pico se dio en pleno estado de excepción, con toque de queda nocturno. ¿Qué tan fuerte es el narcotráfico en este momento?
El narcotráfico sigue controlando el sistema penitenciario. La fuga de Pico es una evidencia más de la colusión del narcotráfico con el sistema penitenciario y con el sistema judicial. Funcionan coordinadamente. Es evidente esta capacidad que tiene el narcotráfico de comprar o condicionar a los administradores de justicia para proteger a los delincuentes y usar el sistema penitenciario como una pieza perfectamente coordinada. Estamos viendo una estrategia de los actores delincuenciales extremadamente articulada mientras el Estado tiene una postura puramente reactiva.
—El estado de excepción es una herramienta que fue usada por el gobierno anterior con poco éxito. ¿Se había visto una respuesta como la de ahora a esa medida?
El escenario ahora es mucho más grave porque, primero, nos presenta esta imagen de que el Estado no está en capacidad de controlar el fenómeno. Dos grandes cabezas de estas redes delincuenciales, como son Fito y Pico, se escapan de las cárceles con mucha facilidad y sin que exista por parte de las fuerzas del orden la capacidad si quiera de identificar dónde estaban y qué estaban haciendo. En el caso de Fito las autoridades no identificaron cuándo se produjo la fuga.
—¿Cómo ha reaccionado la ciudadanía?
Esto genera una mayor sensación de indefensión en la ciudadanía. Si las fuerzas del orden no están en capacidad de establecer el control mínimo de las cárceles ni del sistema penitenciario, el Estado se está mostrando incapaz de intervenir y controlar el problema y eso es extremadamente grave porque genera sensación de impunidad que retroalimenta la violencia generalizada.
—Noboa ha dicho que no va a negociar con los criminales. ¿Se espera más violencia para los próximos días?
Es probable que sí. El Caso Metástasis ha destapado las relaciones entre las fuerzas del narcotráfico y delincuencias y los administradores de justicia y el sistema penitenciario. Son varias instancias afectadas y hay una reacción agresiva y fuerte por parte de los grupos irregulares. Es probable que este nivel de violencia se incremente en espera de que el gobierno pueda presentar una estrategia planificada de intervención mucho más coherente y que pueda ponerla en práctica. Los sistemas de inteligencia están retrasados frente a la capacidad de movilidad de las fuerzas irregulares y eso no puede seguir.
—¿Cuál es el mayor reto de Noboa para lograr eso y poder controlar la situación?
El definir e implementar una estretegia integral y clara que movilice a la ciudadanía, que le de suficiente seguridad a la gente. El Estado tiene que demostrar que está en capacidad de controlar las cárceles y de garantizar que los presos permanezcan en prisión. Es el desafío que tiene el gobierno actual ante las fuerzas del narcotráfico y de la narcopolítica.