La vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, presentó una denuncia contra el presidente Daniel Noboa ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) acusándolo de ejercer sobre ella violencia política de género, lo cual demuestra la fractura definitiva en la relación del binomio gobernante que había comenzado a evidenciar desencuentros desde la campaña para llegar al Palacio de Carondelet el año pasado.
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La denuncia de Abad fue presentada a inicios de esta semana y en ella también se incluye a la ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld; al viceministro de Gobierno, Esteban Torres; y a la asesora presidencial Diana Jácome.
“En Ecuador históricamente se ha dicho que los vicepresidentes son conspiradores a sueldo. No obstante, una crisis como la actual no tiene precedentes en por lo menos los últimos 45 años desde que se recuperó la democracia”, comenta a El Comercio el abogado ecuatoriano y director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, Mauricio Alarcón-Salvador.
Pese a ello, el experto asegura que esta denuncia no es una sorpresa pues Abad “permanentemente en sus participaciones en medios de comunicación afirmaba ser víctima de violencia política, e incluso muchos analistas pensábamos que una denuncia así se presentaría mucho antes”.
Esta acusación, enmarcada en el artículo 280 de la Ley Orgánica Electoral y Código de la Democracia de Ecuador, se refiere a “actos que desde una instancia de poder se ejercen a manera de violencia psicológica contra una dignataria electa para causarle daño o provocar reacciones”, explica Alarcón-Salvador.
- Una alianza efímera -
Noboa y Abad inscribieron su candidatura el 5 de junio del 2023, con el fin de ganar las elecciones de ese año y culminar así el mandato iniciado por Guillermo Lasso en mayo del 2021 e interrumpido abruptamente luego de que decretase la muerte cruzada, una figura mediante la cual llamó a elecciones extraordinarias y disolvió el Parlamento a la vez.
El diario ecuatoriano “El Mercurio” asegura que las primeras grietas en la relación de ambos políticos se produjeron apenas a los 15 días de la inscripción, cuando se hicieron públicos unos videos en los que Abad opinaba en contra de la privatización de servicios públicos.
Durante la campaña Noboa y Abad no coincidieron en actos políticos y la distancia se acentuó aún más para la segunda vuelta electoral de octubre. “Hasta hoy no se han rendido cuentas sobre las causas detrás de esta ruptura, solo hay especulaciones. Se ha dicho que tiene que ver con malos manejos económicos en campaña, con los aportes, ahora Abad dice que esto tiene relación con un Noboa que cambió sus principios e ideología. Las verdaderas razones son simplemente desconocidas por los ecuatorianos”, explica Alarcón-Salvador.
Lo cierto es que cuando el binomio venció al correísmo y llegó a la presidencia, Abad y Noboa lo celebraron por separado. Al momento de la toma de posesión, incluso Abad no asistió al almuerzo oficial organizado por el palacio presidencial y, mas bien, se la vio en un mercado de Quito.
Poco después de haber asumido el cargo, Noboa envió a Abad como embajadora de paz a Israel, una misión que le fue asignada luego de habérsele retirado el equipo de seguridad que le corresponde por ley.
“Me han retirado la seguridad que merezco y merece mi familia por el cargo que ocupo, poniendo así en riesgo mi vida, mi integridad y la de mi familia (…) no contentos con esto, desde el Gobierno y sus funcionarios se inicia una feroz campaña de desprestigio”, asegura la vicepresidenta en el recurso presentado ante el TCE.
En su denuncia de 19 páginas, Abad asegura que la Cancillería de su país le negó cinco días de permiso para tratar asuntos familiares y de salud. Dicho permiso habría sido solicitado en torno al 21 de marzo, cuando el hijo de la vicepresidenta, Francisco Barreiro, fue detenido acusado de tráfico de influencias y pasó 20 días de prisión preventiva en una cárcel de máxima seguridad antes de pagar su fianza.
En este último punto Abad señala directamente a la asesora presidencial Diana Jácome, quien en junio criticó la actitud de la vicemandataria frente al caso. “Si tu hijo está preso…¿tú te regresas o prefieres mantenerte porque quieres el poder?”, dijo Jácome en una entrevista.
- "Se va a salir solita" -
Abad afirma que los actos que denuncia se enmarcan en una estrategia elaborada entre el presidente Noboa y el miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Juan Esteban Guarderas, por sacarla del cargo.
Guarderas ha presentado una denuncia en contra de la vicepresidenta ante el TCE por una presunta irregularidad en las elecciones locales del 2023, cuando se presentaba como candidata a la alcaldía de Cuenca.
Si Abad fuese encontrada culpable en dicho proceso, implicaría que pierda sus derechos políticos y se le impida ejercer cargos públicos.
A las sospechas de la vicepresidenta se suman las declaraciones realizadas por el propio Noboa a inicios de julio, cuando respondió que “ella se va a salir solita, yo creo” al ser cuestionado sobre sus intenciones de removerla del cargo.
“No hay argumento ni sustento para que la señora Abad salga de la vicepresidencia, se ha intentado todo tipo de denuncias y actos tanto de control político como judicial, pero sin éxito”, explica Alarcón-Salvador.
Como para agregar aún mayor condimento a este enrevesado asunto, el mismo día que Abad presentó su denuncia ante el TCE, fue removido de su cargo como presidente Fernando Muñoz y reemplazado por Ivonne Coloma.
Muñoz alertó entonces que “de cara a las futuras elecciones, hay intereses para tomarse el tribunal”, antes de denunciar ante la Fiscalía su remoción que calificó de “nula e ilegal”.
Y esta precisamente sería la razón detrás de todo el embrollo. Noboa, quien ha sido electo por su partido para presentarse como candidato a los comicios de febrero del 2025, deberá dejar el poder durante la campaña. “Noboa tiene que pedir licencia si quiere salir a hacer campaña y mientras Abad sea la vicepresidenta le corresponderá suplirlo durante su ausencia”, apunta Alarcón-Salvador.
Por el momento, Ecuador se mantiene expectante a cómo se desarrollará esta inédita pelea entre el presidente y su vicepresidenta que, dependiendo del fallo del TCE ante las denuncias existentes, podrían terminar con una Abad inhabilitada para seguir en la política o con un Noboa removido del cargo antes de lo que esperaba.