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Policías de Ecuador fueron atacados a bala este sábado por presos de la misma cárcel del puerto de Guayaquil en la que el martes hubo un motín que dejó al menos 118 muertos, incluidos seis decapitados, informó la institución policial sin precisar si hubo nuevas víctimas.
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Los agentes neutralizaron la acción y se “mantiene el control” de la penitenciaría, expresó.
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“Durante la intervención de @PoliciaEcuador, en el #CPLGuayas No. 1, fueron recibidos con disparos por las PPL (personas privadas de la libertad)”, reportó a través de su cuenta en Twitter.
Añadió que “de inmediato NEUTRALIZAMOS esta acción” y que “AL MOMENTO se mantiene el control y el orden en el centro carcelario”.
Policías de grupos de élite ingresaron a la instalación apoyados por soldados y una tanqueta militar, de acuerdo con un video divulgado por la institución.
“En relación a los disparos”, la Policía indicó que se decomisaron dos fusiles, tres pistolas, municiones y teléfonos celulares en la cárcel, que tiene espacio para 5.300 reos pero alberga a 8.500, lo que representa un hacinamiento de 60%.
De acuerdo con la Policía, los tiros se produjeron en la misma penitenciaría en la que el martes se desataron enfrentamientos a bala entre bandas rivales con nexos con el narcotráfico de Colombia y México, que se disputan el poder, con saldo de al menos 118 muertos y 86 heridos, en lo que constituye una de las peores masacres carcelarias en la historia de América Latina.
“Queremos paz”
El jueves, la comandante policial, Tannya Varela, dijo que las autoridades habían asumido el control del reclusorio, parte de un gran complejo penitenciario de Guayaquil (suroeste ecuatoriano).
En otra cárcel vecina, reclusos escalaron hasta los techos el sábado para ondear ropa de color blanco y mostrar carteles llamando a la paz, constató la AFP.
“Queremos paz” y “La ley nos está matando. Queremos paz”, apareció en las pancartas de los presos, que piden no ser trasladados a otros reclusorios porque donde están “no hay problemas”.
Las autoridades prevén reubicar a parte de los presidiarios tras el amotinamiento que causó angustia entre los familiares de los encarcelados, que todavía ruegan por información sobre sus allegados afuera del complejo localizado en una zona industrial de Guayaquil, núcleo comercial del país.
La gente también se agolpaba en la morgue policial, ubicada en otra zona de la ciudad. Hasta el momento, se identificaron 101 cuerpos, 44 de los cuales ya fueron entregados a sus familias, según Criminalística.
“La identificación de cuerpos restantes continúa en estudios antropológicos y toma de muestras de ADN a familiares”, señaló la Policía.
El diario digital Primicias indicó que al ingresar al pabellón de la cárcel que fue atacado por grupos rivales, los policías “vieron heridos que suplicaban por ayuda y una pila de cuerpos incinerados”.
Tras el motín -el tercero más grave del año en Ecuador, que sufre una crisis carcelaria- militares y policías intervienen en todas las prisiones del país para mantener el orden y realizar requisas, decomisar armas, municiones y explosivos.
En lo que va de 2021, las revueltas carcelarias en la nación ya dejan 237 muertos y 166 heridos, según cifras oficiales. En febrero murieron 79 reclusos en amotinamientos simultáneos en cuatro prisiones de tres ciudades.
Crisis carcelaria
La ministra de Gobierno (Interior), Alexandra Vela, anunció el viernes que en el marco de un estado de excepción para el sistema penitenciario en vigencia hasta noviembre, el Ejecutivo desplegó unos 3.600 militares y policías para “garantizar la seguridad” en las prisiones.
Ecuador cuenta con 65 cárceles con capacidad para 30.000 pero albergan 39.000, un hacinamiento de 30% en promedio a nivel nacional.
Además, el sistema carcelario sufre falta de guardias (hay 1.500 y faltan otros 3.000), reducción de presupuesto (de 150 millones a 99 millones de dólares en los últimos seis años) y corrupción, a lo que se suma la guerra entre bandas con vínculos con cárteles como los mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.
La ONU pidió el viernes a Quito una “investigación pronta e imparcial de los actos de violencia” carcelaria y ofreció asistencia para impulsar una reforma penitenciaria integral.
Para reducir el hacinamiento, el gobierno acaba de anunciar planes para construir más infraestructura penitenciaria, otorgar indulto para unos 2.000 reclusos de más de 65 años y con enfermedades o discapacidades y repatriar a extranjeros con condena para que terminen de cumplirla en su nación.
Un 10% del total de la población carcelaria es extranjera, en su mayoría colombianos y venezolanos.
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