“En Ecuador se silencia cualquier voz crítica”

“El silencio asfixiante” se llama el informe del 2013 de la ONG Fundamedios sobre la libertar de expresión en Ecuador. César Ricaurte, su director y quien ha sido una víctima constante de los arrebatos verbales del presidente Rafael Correa, conversó con El Comercio sobre este tema y las perspectivas para este año.

¿Cuál es la principal conclusión del informe de Fundamedios sobre la libertad de expresión en Ecuador en el 2013?

Las condiciones para el ejercicio del periodismo y para el derecho a la libertad de expresión de los ciudadanos se han deteriorado gravemente en el 2013. No solo es el hecho de que las agresiones se hayan multiplicado, hemos alcanzado el récord de 174 agresiones contra periodistas y medios de comunicación, sino que en el 2013 se perfeccionó un cerco legal, con leyes como la de comunicación, o el llamado Decreto 16 (que limita seriamente el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil) y la vigencia del código de la democracia, que censura a los medios durante el período electoral. Entonces, todos esos elementos hacen que en el informe quede demostrado que en Ecuador el ejercicio de la libertad de expresión se ha visto severamente restringido el año pasado.

¿Qué tipo de agresiones han sido las más recurrentes?

La mayoría de agresiones son protagonizadas por funcionarios del Estado y por acciones abusivas del poder estatal. Recordemos que incluso en esta categoría de agresores el principal es el mismo presidente Rafael Correa. El 13% de todas las agresiones las protagonizó él. El presidente mantiene un constante y sistemático discurso estigmatizante contra periodistas y medios de comunicación. Ha calificado con los más duros epítetos a los periodistas. Incluso en su programa sabatino los identifica con sus nombres y apellidos y exhibe sus fotografías. Eso lo hace cuando no le ha gustado alguna crítica o alguna columna de opinión, e incluso alguna caricatura. Ha llegado a amenazar a los caricaturistas con acciones legales.

¿Qué interpretación le dan al hecho de que el presidente muestre la fotografía de los periodistas: se dirige a sus partidarios, busca que se tomen represalias contra estos periodistas, apunta al Poder Judicial?  

El presidente se dirige a sus partidarios, pero también se dirige al aparato estatal. Ha pasado muchas veces que el presidente en sus enlaces sabatinos, o en una rueda de prensa, ordena una sentencia, ordena a los jueces a que inicien acciones, ordena a funcionarios públicos que actúen contra un medio o periodista, y 48 horas después se inician esas acciones o se emite una sentencia en contra de algún medio de comunicación o periodista. En cuanto a los partidarios, no es poco frecuente que estos terminen agrediendo físicamente a los periodistas.

¿Algún periodista ha denunciado que su seguridad se ha visto amenazada luego de que su foto ha sido expuesta por el presidente?

En el informe hablamos de casos paradigmáticos como el del periodista Martín Pallares, de “El Comercio” de Quito, y que era constantemente insultado por el presidente. Luego de cada enlace en el que se le insultaba con los más duros epítetos, él recibía amenazas incluso de muerte y también ha sido agredido físicamente en la calle. Otro caso es el de la periodista Janeth Hinostroza, de Teleamazonas, después de que se le insultaba en los enlaces sabatinos del presidente recibía amenazas de todo tipo.

¿En cuanto a la censura previa, cuál es el caso paradigmático en el 2013?

El caso paradigmático fue la orden por parte del Consejo Nacional Electoral para que los medios de comunicación no publiquen fotografías o imágenes de los cierres de campaña de los candidatos presidenciales en febrero pasado. Entonces, tuvimos las ediciones de los diarios de los cierres de campaña sin imágenes. Solo se publicaron espacios en blanco.

¿Cuál era el argumento de las autoridades electorales?

Era que si los diarios publicaban las imágenes de los cierres de campaña se podía incidir a favor o en contra de algún candidato frente al electorado.

¿Tampoco se publicaron imágenes del cierre de campaña del presidente?

La prohibición fue generalizada. Sin embargo, los medios gubernamentales no se limitaron en el momento de promocionar la candidatura oficialista.

Esta decisión es independientemente de lo que suceda a futuro cuando se reglamente la Ley de Comunicación, que prevé la regulación de contenidos…

Con la Ley de Comunicación, que ya se está aplicando sin que tenga reglamento, se regularán los contenidos. Por ejemplo, a finales de diciembre se obligó a Ecuavisa a emitir un reportaje en la forma en la que el Gobierno quería. El Ejecutivo puso una queja ante la superintendencia de información y esta le ordenó al canal que emitiera un reportaje con todas las condiciones que el Gobierno ponía, y esto fue a consecuencia de una orden emitida por el propio presidente en un enlace sabatino.

¿Se puede estar peor en Ecuador en el tema de la libertad de expresión. Cuál es la perspectiva para el 2014?

Las perspectivas son bastante pesimistas en la medida en que vemos que la aplicación de la Ley de Comunicación será cada vez más frecuente. Se usará para imponer contenidos o limitarlos. En estos momentos se están designando intendentes de comunicación en nueve zonas del país y estos van a actuar como verdaderos comisarios de medios, por eso hemos llamado a nuestro informe “El silencio asfixiante”, porque lo que estamos viviendo en Ecuador es ese paulatino silenciamiento de cualquier voz crítica ya no solo al gobierno nacional, sino incluso a los gobierno locales.

¿Qué pasará con las ONG como Fundamedios?

La perspectiva también es bastante sombría para organizaciones de la sociedad civil como Fundamedios, debido a la vigencia del Decreto 16, que se emitió casi simultáneamente con la Ley de Comunicación y que le da amplios poderes al presidente para disolver organizaciones de la sociedad civil. Además, obliga a un nuevo registro de las organizaciones y si no se pasa ese registro, se declara la ilegalidad de esa organización. Organizaciones de defensa de la libertad de expresión y de los derechos humanos estamos sometidas a los deseos del presidente, y él decidirá qué pasa con nosotros.

¿Ustedes ya están haciendo ese trámite de acreditación?  

Aunque tenemos hasta junio para hacerlo, el Gobierno aún no dice qué es lo que debemos hacer para iniciar el trámite.